El gobierno de Morelos, bajo la dirección de Margarita González Saravia, ha destacado el fortalecimiento de los mecanismos de protección para las infancias en la entidad. Sin embargo, no ha proporcionado una explicación clara sobre el notable incremento en los reportes por omisión de cuidados, ni sobre el seguimiento que se ha dado a cada uno de estos casos.

Durante el año 2026, el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF) de Morelos recibió un total de 4 mil 555 denuncias relacionadas con posibles descuidos hacia niñas, niños y adolescentes. De estas, únicamente 250 casos fueron canalizados a la Fiscalía General del Estado, lo que indica que apenas poco más del cinco por ciento de los reportes resultaron en una denuncia formal ante el Ministerio Público.

El resto de los casos se mantuvo en un proceso de valoraciones, visitas domiciliarias o verificaciones, cuyos resultados no han sido suficientemente explicados por las autoridades. La omisión de cuidados es un tema serio que puede manifestarse de diversas maneras, desde un niño que llega a la escuela sin desayunar o sin útiles, hasta situaciones más graves como el abandono, la violencia familiar, la explotación, la desnutrición o la falta de supervisión por parte de un adulto responsable.

Tratar estas alertas como simples registros telefónicos permite que el problema se diluya entre formularios, visitas y discursos institucionales, sin abordar la raíz de la situación.

La información proporcionada por el gobierno también presenta inconsistencias. En abril, se informó que se habían atendido 72 reportes relacionados con posibles agresiones contra menores, de los cuales 34 permanecían en investigación. Algunos de estos casos resultaron en ingresos temporales a centros de asistencia, mientras que otros se dirigieron hacia procesos de reintegración familiar. Sin embargo, dos meses después, el mismo gobierno reportó que entre enero y el 2 de junio se habían recibido 259 denuncias ciudadanas, de las cuales solo 53 fueron formalizadas ante la Fiscalía.

Este panorama evidencia la necesidad de una respuesta más efectiva y transparente por parte de las autoridades para garantizar la protección de las infancias en Morelos.