El presidente Enrique Peña Nieto informó que, si bien no se puede estar totalmente satisfechos, el país ha avanzado en materia de seguridad.

Al encabezar la 39 Sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, el primer mandatario aseguró que “aunque no estamos satisfechos y nos falta camino por recorrer”, hay “indicadores sensibles” sobre los logros alcanzados, pues de enero a noviembre del año en curso la incidencia delictiva total se redujo 12% comparado con el mismo periodo de hace tres años, cuando inició la presente administración.

Los homicidios dolosos se redujeron 22% y en las entidades de la frontera norte, el índice disminuyó hasta 45%; el robo con violencia de vehículos y en carreteras es ahora 24% menor, mientras que el secuestro muestra una reducción de 27% y la extorsión de 30%, destacó.

Peña Nieto mencionó que 96 de los 122 objetivos prioritarios de su administración están hoy inhabilitados, lo que quiere decir que 80% de estos delincuentes “ya no representan un peligro para la sociedad”.

“Si bien no estamos plenamente satisfechos, porque sabemos que aún nos falta camino por recorrer, todavía lograr mayores avances en materia de seguridad, no podemos dejar de lado los logros que hoy se tienen a tres años de distancia”.

Informó que el Gabinete de Seguridad se ha reunido 66 veces con los gobernadores y el jefe de Gobierno del Distrito Federal para intercambiar experiencias e información con el objetivo de establecer operaciones conjuntas medibles en las cinco regiones operativas instaladas hace tres años.

Comentó que se han sumado esfuerzos para instrumentar el Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP), que opera parcialmente en 26 entidades y en seis de forma total, aunque admitió retos.

Todos somos responsables

Sólo con el compromiso genuino y auténtico de los Poderes del Estado mexicano y de todos los órdenes de gobierno estaremos en posición de arribar a mejores condiciones de seguridad, porque el desafío es constante y ninguna autoridad “puede evitar o eludir la responsabilidad” en el tema, expresó Peña Nieto.

Acompañado por integrantes de su gabinete de seguridad, gobernadores y representantes de la sociedad civil, subrayó que no puede ser sólo al gobierno federal al que se le atribuyan responsabilidades sobre escenarios de inseguridad en el país.

“Es importante redoblar el paso y asumir cada orden de gobierno su plena responsabilidad frente a éste que sin duda es uno de los mayores retos y desafíos, pero uno de los objetivos irrenunciables del Estado democrático que hoy tenemos en nuestro país”, expresó Peña Nieto.

Por eso urgió a acelerar la profesionalización y dignificación de los integrantes de las corporaciones de seguridad, especialmente en el orden local, para tener policías que sirvan al ciudadano, que estén bien preparados, pero contando con la estima y reconocimiento de la sociedad, así como concretar cuanto antes un sistema de respuesta en casos de urgencia con el servicio del número 911.

Perfila el debate sobre mariguana

Ayer en Palacio Nacional, el Presidente propuso las directrices que deberán ser aplicadas para llevar a cabo el debate nacional sobre el uso de la mariguana, el cual fue anunciado a realizarse en 2016.

El primer mandatario reiteró su punto de vista de estar en contra de la legalización de esta droga; sin embargo, dijo estar dispuesto a participar en una discusión que incorpore a varios sectores de la sociedad.

Ante los gobernadores y representante de la sociedad civil, quienes celebraron la 39 Sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP), Peña Nieto indicó que el debate permitirá encontrar soluciones, pero resolviendo las principales dudas.

“Primero, una definición clara de cuáles son los efectos nocivos de distintas sustancias, de cuáles son realmente los daños que generan a una sociedad, de cuáles son las experiencias que aquellos países permisionistas eventualmente han tenido ante la experiencia de haber establecido un marco legal o jurídico de legalización del consumo de ciertas sustancias nocivas”.

Ante el reclamo de Adelina Lobo, invitada permanente y representante de la sociedad, de que las autoridades se han mostrado pasivas frente a la lucha contra el consumo de sustancias tóxicas, el Presidente respondió que si existen casos donde los jóvenes consumen a temprana edad, no significa que los esfuerzos hechos no estén cumpliendo el objetivo o no estén disminuyendo el consumo entre la niñez y juventud.

Cinco ejes

Dignificación y mejor preparación a los elementos policiacos.
Acelerar la homologación del número de llamadas de auxilio.
Apoyo pleno a la implementación del sistema de justicia penal.
Reforzar las acciones y los controles para garantizar el respeto a los derechos humanos.
– Fortalecer la participación ciudadana en el diseño de la política de estado en materia de seguridad y justicia.

BUSCA PGR UNA AUTÉNTICA POLÍTICA DE ESTADO
“La seguridad y procuración de justicia son ejes prioritarios en esta administración, por lo cual hay un esfuerzo permanente en traducir las demandas de la sociedad de una adecuada aplicación de la justicia, en una auténtica política de Estado”, aseveró la procuradora general de la República, Arely Gómez, al participar durante la 39 sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP).

Recordó que de las sesiones de 2012, 2014 y 2015, se impusieron seis acuerdos a la institución que dirige, aseguró que todos han sido atendidos, y que las certezas están rigurosamente respaldadas por elementos técnicos y científicos.

Entre tales acuerdos, destacó la creación de análisis de la información el pasado 11 de diciembre, así como el protocolo homologado del delito de tortura y búsqueda de personas desaparecidas y la investigación del delito de desaparición forzada.

“Estas herramientas jurídicas forman parte de un esfuerzo nacional en línea con la estrategia del Ejecutivo que presentó recientemente”, sostuvo Gómez González.

Garantizó que para 2016, en el marco de la conferencia, seguirá buscando avances “claros y concretos” mediante el diseño y evaluación de acciones de prioridad nacional para combatir la delincuencia y terminar con la impunidad.

Aseveró que uno de los desafíos, el delito que más ha dañado a los mexicanos, es el robo de hidrocarburos, pues entre 2013 y 2015, la PGR detectó más de seis mil tomas clandestinas y se estima que dicho delito representa un quebranto al país de alrededor de 40 mil millones de pesos al año. Por ello, felicitó a los legisladores que aprobaron la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos.

Fuente Excelsior