Chihuahua
Buscan garantizar transporte digno y seguro para jornaleros agrícolas
Funcionarios de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y de la Dirección de Transporte de Gobierno del Estado, sostuvieron una reunión para analizar y plantear soluciones, respecto a la forma en que los jornaleros son transportados a sus centros de trabajo durante la temporada agrícola.
Lo anterior, en seguimiento al Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas Migrantes (ProJAM), que encabeza y coordina la STyPS con todas las dependencias de la administración estatal, para atender de forma integral a los trabajadores del campo y sus familias.
En dicha reunión, se expuso la problemática que representa la forma en cómo son transportados los jornaleros hasta los ranchos en donde van a trabajar, pues se ha detectado que en algunas regiones del estado, las condiciones en las que se les traslada son inseguras e indignas, lo que los pone en riesgo en cada trayecto que recorren, situación que se busca inhibir con acciones coordinadas.
La Ley Federal del Trabajo establece como obligación del patrón (o dueño del rancho), el proporcionar a los trabajadores, en forma gratuita, transporte cómodo y seguro desde las zonas habitacionales, hasta los lugares de trabajo y viceversa. Por esta razón, se acordaron algunas acciones en conjunto con la Dirección de Transporte, que serán implementadas a corto y mediano plazo, para garantizar este derecho a los jornaleros.
Entre esas acciones, destaca un operativo en carreteras estatales, para detectar a las unidades que transportan de forma irregular a los jornaleros, y aplicar las sanciones correspondientes al transportista, como pueden ser el retiro del vehículo y multa de hasta 100 salarios mínimos, en caso de que no acredite el permiso para brindar este servicio, además de revisar que el vehículo cuente con la póliza de seguro y la tarjeta de circulación vigentes.
También se revisará el marco regulatorio, analizando tanto los casos en donde los patrones ya están atendiendo el tema del transporte para sus trabajadores, como el de aquellos que aún no lo hacen, para definir cómo debe prestarse este servicio a los jornaleros, contemplando para ello, que existen tramos federales en donde la Dirección de Transporte no tiene facultades para realizar ningún tipo de revisión..
A esta reunión acudieron por parte de la STyPS la secretaria, Ana Luisa Herrera; el director de Justicia Laboral, Sergio Madero y el jefe de la Inspectoría local, José Domínguez; asimismo, por parte de la Dirección de Transporte, estuvieron presentes el jefe de departamento Alberto Martínez; Somola Lozano del departamento de Inspección y Héctor Sánchez, comandante de inspección foránea.
Chihuahua
Rafael Loera se contradice ante versiones de posible detención; enemistad con Maru Campos
El polémico exsecretario de Desarrollo Humano y Bien Común, Rafael Loera Talamantes, ofreció declaraciones que han generado dudas sobre su situación jurídica, luego de negar que haya promovido un amparo ante una posible orden de aprehensión, pero dejar abierta la posibilidad de recurrir a ese mecanismo legal.
Las versiones sobre una eventual investigación de la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua colocaron al exfuncionario en el centro de la atención pública, particularmente después de la detención del exfiscal general César Jáuregui Moreno.
Al ser cuestionado sobre la supuesta solicitud de protección judicial, Loera respondió que “aún no” ha presentado un amparo, una expresión que llamó la atención porque, aunque desmiente haber iniciado el trámite, tampoco descarta hacerlo posteriormente.
El exsecretario defendió su desempeño al frente de la dependencia estatal y aseguró que durante su administración se realizó un trabajo importante. Sin embargo, advirtió que, si enfrenta acusaciones que considere infundadas, utilizará todas las herramientas jurídicas disponibles, incluido el juicio de amparo.
De esta manera, Loera pasó de rechazar las versiones sobre una supuesta protección judicial a reconocer que podría recurrir precisamente a ese instrumento si las circunstancias lo requieren.
La diferencia entre ambas declaraciones no constituye necesariamente una contradicción jurídica, pero sí refleja un cambio de enfoque en su respuesta pública: primero niega haberse amparado y después contempla esa posibilidad frente a eventuales señalamientos.
Hasta el momento, ninguna autoridad ha confirmado públicamente la existencia de una orden de aprehensión contra Rafael Loera ni se ha acreditado que haya promovido un juicio de amparo.
El asunto adquiere relevancia política porque el exfuncionario busca la candidatura del PAN a la presidencia municipal de Chihuahua, mientras su gestión en la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común permanece sujeta a revisiones administrativas.
Loera también lamentó la situación jurídica que enfrenta César Jáuregui, a la que calificó como un duro golpe para Acción Nacional, y expresó su deseo de que el exfiscal consiga superar el proceso.
Por ahora, el exsecretario insiste en que no ha solicitado protección judicial. No obstante, su respuesta deja abierta una posibilidad que inicialmente buscó desmentir: el amparo todavía no existe, según sus propias palabras, pero tampoco está descartado.
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