Chihuahua
Buscan modificar atribuciones de la Sindicatura
El Ayuntamiento de Chihuahua, en sesión de Cabildo, aprobó enviar al Congreso del Estado una iniciativa que tiene por objetivo modificar las atribuciones de la Sindicatura a fin de que sea esta la que aborde procedimientos administrativos de funcionarios públicos.
Lo anterior, a raíz de la revisión profunda de varias propuestas hechas por el edil priísta, Leonardo González Montes de oca, para reformar al Código Municipal del Estado de Chihuahua, mismas que fueron abordadas minuciosamente al interior de la Comisión de Gobernación, que preside la regidora Patricia Hernández Anchondo.
Se trata de una reformar al a fracción XXX del artículo 28, la derogación de la fracción IX del artículo 29 y la adición de un párrafo a la fracción X del artículo 36 B, de dicho Código, según expresó Montes de Oca.
Cabe señalar que será el Congreso del Estado, con base en las facultades que la ley le confiere, a través de la comisión correspondiente, el que analice la viabilidad de dicha propuesta y determine lo procedente.
Chihuahua
Rafael Loera se contradice ante versiones de posible detención; enemistad con Maru Campos
El polémico exsecretario de Desarrollo Humano y Bien Común, Rafael Loera Talamantes, ofreció declaraciones que han generado dudas sobre su situación jurídica, luego de negar que haya promovido un amparo ante una posible orden de aprehensión, pero dejar abierta la posibilidad de recurrir a ese mecanismo legal.
Las versiones sobre una eventual investigación de la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua colocaron al exfuncionario en el centro de la atención pública, particularmente después de la detención del exfiscal general César Jáuregui Moreno.
Al ser cuestionado sobre la supuesta solicitud de protección judicial, Loera respondió que “aún no” ha presentado un amparo, una expresión que llamó la atención porque, aunque desmiente haber iniciado el trámite, tampoco descarta hacerlo posteriormente.
El exsecretario defendió su desempeño al frente de la dependencia estatal y aseguró que durante su administración se realizó un trabajo importante. Sin embargo, advirtió que, si enfrenta acusaciones que considere infundadas, utilizará todas las herramientas jurídicas disponibles, incluido el juicio de amparo.
De esta manera, Loera pasó de rechazar las versiones sobre una supuesta protección judicial a reconocer que podría recurrir precisamente a ese instrumento si las circunstancias lo requieren.
La diferencia entre ambas declaraciones no constituye necesariamente una contradicción jurídica, pero sí refleja un cambio de enfoque en su respuesta pública: primero niega haberse amparado y después contempla esa posibilidad frente a eventuales señalamientos.
Hasta el momento, ninguna autoridad ha confirmado públicamente la existencia de una orden de aprehensión contra Rafael Loera ni se ha acreditado que haya promovido un juicio de amparo.
El asunto adquiere relevancia política porque el exfuncionario busca la candidatura del PAN a la presidencia municipal de Chihuahua, mientras su gestión en la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común permanece sujeta a revisiones administrativas.
Loera también lamentó la situación jurídica que enfrenta César Jáuregui, a la que calificó como un duro golpe para Acción Nacional, y expresó su deseo de que el exfiscal consiga superar el proceso.
Por ahora, el exsecretario insiste en que no ha solicitado protección judicial. No obstante, su respuesta deja abierta una posibilidad que inicialmente buscó desmentir: el amparo todavía no existe, según sus propias palabras, pero tampoco está descartado.
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