El Gobierno de Estados Unidos presentó hoy a una corte federal de Miami su solicitud formal para autorizar la extradición a México de César Duarte Jáquez, exgobernador de Chihuahua, acusado en esa entidad de asociación delictuosa y peculado por 96.6 millones de pesos.

El Departamento de Justicia presentó su memorando de extradición a la Corte para el Distrito Sur de Florida, detallando las razones por las que es procedente otorgar la certificación judicial de la entrega del exfuncionario a México.

En el sistema estadounidense, el Poder Judicial certifica que la petición de extradición cumple los requisitos legales, mientras que el Ejecutivo, por medio del Departamento de Estado, es el que toma la decisión final sobre la entrega del acusado.

Duarte fue detenido el 8 de julio en Miami, y permanece bajo custodia del Servicio de Alguaciles Federales, pues la jueza Lauren Fleischer no ha resuelto su petición de libertad bajo fianza, pese a que las partes terminaron de presentar sus argumentos sobre el tema el 11 de agosto.

«Esta Corte debería certificar la solicitud de México para la extradición de Duarte», afirmó el grupo de fiscales, que incluye a especialistas asignados desde Washington por el Departamento de Justicia.

«Los cargos por los que México busca a Duarte, peculado y asociación delictuosa, están cubiertos por el Tratado de Extradición entre ambos países, y existe causa probable para creer que Duarte cometió esos delitos».

El memorando va acompañado de un documento con gráficas que detallan once transferencias realizadas entre junio de 20011 y noviembre de 2014, desde el gobierno de Chihuahua hacia las empresas Unión Ganadera Regional División del Norte de Chihuahua y Financiera de la División del Norte SOFOM, de las cuales Duarte era accionista mayoritario.

Se detalla cómo esos recursos terminaron en cuentas de allegados a Duarte, incluidos 20 millones de pesos que fueron a dar a un fideicomiso que abrió con su esposa, Bertha Gómez Fong, y 3.1 millones usados para pagar los impuestos personales del entonces gobernador al SAT en 2015.

El caso está soportado por más de 10 testimonios, entre ellos los de los ex Secretarios de Finanzas y de Desarrollo Rural del estado, que son testigos de la Fiscalía General de Chihuahua contra su exjefe.

La Corte deberá fijar fecha para una audiencia en la que escuchará argumentos sobre el memorándum, pero la defensa del ex Gobernador cuenta con múltiples recursos e instancias legales para oponerse y prolongar el litigio en Estados Unidos.

Por ejemplo, Rogelio Montemayor, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) acusado de peculado en el sexenio de Vicente Fox, cargo del que fue absuelto, pasó dos años en Houston libre bajo fianza litigando contra su extradición a México, concedida en junio de 2004.

Si la jueza Fleishcer niega a Duarte la libertad durante el proceso de extradición, el exgobernador priista podría optar por regresar antes a México, donde solo podría ser juzgado por los delitos de esta orden de aprehensión, que contemplan pena máxima de 12 años de cárcel.

El caso podría complicarse si México pretendiera introducir órdenes de aprehensión adicionales a la solicitud de extradición, lo que hasta ahora no ha sucedido.

El exgobernador de Chihuahua César Duarte contrató en 2017, por medio de sus abogados en Estados Unidos, a una «firma privada de investigaciones» para indagar «las motivaciones» de su sucesor Javier Corral para la intensa persecución penal en su contra.

El despacho que representa a Duarte es Quinn Emmanuel Urquhart & Sullivan, el cual también en 2017 contrató a la firma de inteligencia israelí-británica Black Cube, para espiar a funcionarios de Pemex, como parte de la defensa del dueño de la empresa de servicios petroleros Oro Negro, Gonzalo Gil White.

Abogados de Duarte presentaron ayer a una jueza federal de Miami transcripciones de conversaciones que un «investigador» sostuvo en septiembre y octubre de 2017 con un «funcionario corrupto del Gabinete» de Corral.

Los documentos públicos no revelan la identidad del funcionario, ni detallan cuál fue la firma de inteligencia que recabó las conversaciones, pero el modus operandi es idéntico al que utilizó Black Cube en el caso de Oro Negro.

«Para probar su inocencia, el señor Duarte -por medio de sus abogados- contrató a una firma de investigaciones para intentar descubrir las motivaciones detrás de la persecución emprendida por Corral», informó la defensa en su moción para que el ex Gobernador evite la cárcel mientras se tramita su extradición a México.

«Esta investigación resultó en grabaciones de video y audio obtenidas legalmente, involucrando a uno de los consejeros políticos de más alto nivel de Corral y miembro de su Gabinete, admitiendo que los esfuerzos de Corral para encarcelar a Duarte tienen motivaciones políticas, que la vida de Duarte estaría en peligro inminente de ser enviado a Chihuahua, y que el Gobierno de Corral aceptó dar salvoconducto a cárteles del narcotráfico hacia Estados Unidos», agregó.

El 9 de febrero y 12 de marzo de 2018, Duarte entregó todas las grabaciones al Gobierno de Estados Unidos, mediante cartas a una persona identificada como A. Liskamm, que podría ser Amanda Liskamm, en esa época subjefa de Litigio de la Sección de Narcóticos del Departamento de Justicia en Washington.

Las grabaciones fueron hechas en Nueva York el 2 de septiembre y 13 de octubre de 2017, la misma época en la que Black Cube estaba trabajando para Gil White y Oro Negro, en un esfuerzo por revelar corrupción de funcionarios de Pemex.

Quinn Emmanuel contrató a Black Cube para el caso Oro Negro el 30 de agosto de 2017, y le pagó 300 mil libras esterlinas para desplegar durante tres meses un equipo operativo en México, Estados Unidos y Noruega.

Agentes de Black Cube grabaron a José Carlos Pacheco, e subdirector de Perforación de Pemex, afirmando que el ex director Emilio Lozoya cobraba 50 a 100 mil dólares «simplemente por reunirse», y señalando a otros ex funcionarios por supuestos sobornos.

Las grabaciones fueron aportadas en octubre de 2019 como prueba en un arbitraje comercial, en el que inversionistas de Oro Negro reclaman 700 millones de dólares al Estado mexicano.

En el juicio de César Duarte, su defensa buscó destacar que no es un fugitivo ni que se estaba escondiendo, en una moción que él estaba «cooperando» con el Gobierno estadounidense desde hacía más de tres años.

Durante la audiencia, los abogados del mexicano, sin embargo, matizaron que más que cooperación el «punto» es que Duarte no representa peligro de fuga porque ha estado «en contacto» con las autoridades de Estados Unidos.

Juan Morillo, uno de sus abogados, enfatizó que Duarte nunca se escondió ni cambió de nombre y que estaba incluso dispuesto a entregarse.

Señaló además que era muy conocido su paradero en Miami, y puso como ejemplo que el exgobernador tenía por estos días una cita con las autoridades migratorias de esa ciudad de Florida, como parte de su solicitud de asilo en el país.

En ese sentido Morillo señaló además que Duarte no tiene interés de huir del país porque, entre otras, tiene tres hijos ciudadanos estadounidenses y que todos sus bienes están en esta nación, porque aquellos en México «están congelados».

Duarte, preso en Miami desde el pasado 8 de julio, enfrenta la extradición a México por los delitos de «malversación agravada y conspiración agravada».

Información: Expansión