Un estudio de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) ha puesto de manifiesto una grave irregularidad en la representación indígena en la LXVI Legislatura de la Cámara de Diputados. A pesar de que las autoridades electorales y las bancadas políticas destacan esta legislatura como la más plural e incluyente en la historia del país, los datos revelan un mecanismo sistemático de simulación y usurpación en la asignación de curules. De los 49 legisladores clasificados como indígenas, solo 10 cuentan con una representación auténtica en sus comunidades, mientras que el resto obtuvo sus candidaturas a través de intercambios de favores, dádivas y promesas de obras públicas.

El informe, titulado “Evaluación de la eficacia de las acciones afirmativas en candidaturas federales (2018-2024)”, expone la discrepancia entre la normativa y la práctica real. Los investigadores concluyen que los partidos políticos han transformado las acciones afirmativas, que deberían servir para reparar deudas históricas con sectores vulnerables, en una herramienta para colocar a cuadros de élite y operadores tradicionales en posiciones de poder.

Uno de los hallazgos más significativos del análisis es la situación de las curules destinadas a los pueblos y comunidades originarias. Aunque la normativa electoral asignó formalmente 49 espacios para la representación indígena en el Congreso federal, los testimonios recabados entre legisladores, autoridades comunitarias y expertos indican que solo alrededor de 10 diputados tienen una verdadera adscripción e identidad comunitaria.

El informe documenta cómo las maquinarias partidistas han convertido el requisito de la “autoadscripción calificada” en un mercado de favores, lo que ha permitido la asignación de los 39 escaños restantes a candidatos ajenos a las comunidades. Para registrar a estos candidatos, las dirigencias de los partidos han recurrido a la obtención de constancias apócrifas o a la tramitación de estas mediante dádivas, promesas de obras públicas o favores políticos a autoridades locales.

Este estudio pone en evidencia la necesidad de revisar y reformar los mecanismos de representación indígena en el Congreso, para garantizar que realmente se cumpla con el objetivo de inclusión y representación de las comunidades originarias en la política mexicana.