Política

CBP consulta a FACH sobre orden de aprehensión contra Antonio Pinedo

Agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) se pusieron en contacto con la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua (FACH) para indagar sobre la existencia de una orden de aprehensión vigente en contra de Antonio Pinedo Cornejo. Esta información fue proporcionada por el titular de la FACH, Abelardo Valenzuela Holguín.

Valenzuela detalló que la comunicación se realizó a las 6:17 de la tarde, y la respuesta de la Fiscalía fue que no existe actualmente una orden de aprehensión contra Pinedo. “Nosotros recibimos una llamada de USA de agentes del CBP a las 6:17 pm para preguntar si había una orden de aprehensión y nosotros no tenemos ninguna orden de aprehensión”, explicó el fiscal anticorrupción.

El funcionario indicó que Antonio Pinedo está involucrado en dos carpetas de investigación de la FACH, en las cuales se acogió a un criterio de oportunidad debido a su colaboración con la institución en otras indagatorias. “En las dos carpetas de investigación que tiene se adhirió a un criterio de oportunidad porque ha colaborado con la FACH en algunas otras carpetas de investigación”, señaló Valenzuela.

Respecto a la razón por la cual las autoridades estadounidenses habrían detectado una alerta relacionada con Pinedo, el fiscal consideró que podría estar vinculada a una orden de aprehensión emitida en 2020. “Seguramente tenía alertas migratorias por la orden de aprehensión del 2020”, manifestó.

A pesar de esto, Valenzuela aclaró que las investigaciones que mantiene la Fiscalía Anticorrupción en relación con Pinedo no están extinguidas, lo que significa que los procedimientos continúan jurídicamente vigentes. Además, destacó que podría imponerse nuevamente una medida cautelar de prisión preventiva, dependiendo del desarrollo de los procesos correspondientes. “Sí debo decir que las dos investigaciones en esta Fiscalía Anticorrupción no se encuentran extintas y su medida cautelar de prisión preventiva puede llegar eventualmente a imponerse nuevamente”, puntualizó.

Política

Iniciativa para proteger derechos de jubilados en México

El diputado federal Alejandro Domínguez Domínguez ha presentado una iniciativa de reforma al artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el objetivo de salvaguardar los derechos adquiridos de las personas jubiladas y pensionadas. Esta propuesta busca frenar la reducción retroactiva de las pensiones ya otorgadas, asegurando que los topes a las percepciones se apliquen únicamente hacia el futuro.

La reforma también pretende modificar el régimen transitorio del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de abril de 2026, para garantizar que las pensiones otorgadas anteriormente mantengan los términos, montos y condiciones bajo los cuales fueron reconocidas. Domínguez argumenta que la aplicación retroactiva de límites a las retribuciones sobre derechos consolidados vulnera el principio de irretroactividad de la ley, establecido en el artículo 14 constitucional, así como los principios de seguridad jurídica y protección reforzada a los adultos mayores.

El legislador del Partido Revolucionario Institucional (PRI) subrayó que las jubilaciones no deben considerarse privilegios otorgados de manera discrecional por el Estado, sino el resultado de años de trabajo y aportaciones de los ciudadanos al servicio público. “Modificar unilateralmente esas condiciones invalida la certeza jurídica sobre la cual miles de familias organizaron su retiro”, enfatizó.

Domínguez también destacó que la reforma de abril de 2026 presenta contradicciones internas y genera exclusiones desproporcionadas al proteger regímenes especiales o aportaciones voluntarias y sindicales, mientras deja desprotegidos a quienes ya habían obtenido legítimamente su derecho al retiro.

La iniciativa no solo establece que la ley debe aplicarse hacia el futuro, sino que también incluye un artículo transitorio que obliga a los entes públicos a restituir, en un plazo no mayor a 90 días naturales, las cantidades que hayan sido descontadas o ajustadas de manera indebida a los pensionados tras la reforma anterior. Con esta propuesta, se busca garantizar la protección de los derechos de los jubilados y pensionados en México.