El exfiscal de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, fue vinculado a proceso por el delito de traición a la patria y permanecerá recluido en el penal federal de máxima seguridad de El Altiplano. La decisión fue tomada por el juez de control Ricardo Alfonso Santos Dorantes, quien determinó que el Ministerio Público Federal presentó suficientes elementos para presumir la posible responsabilidad del exfuncionario en los hechos investigados por la Fiscalía General de la República (FGR).

Durante la audiencia inicial, que se llevó a cabo de manera privada, el juez, el imputado, representantes del Ministerio Público Federal y la defensa participaron en la diligencia. La defensa de Jáuregui presentó documentos y testimonios para contrarrestar la acusación relacionada con un operativo realizado en abril en la Sierra de El Pinal, Chihuahua, donde se involucraron ciudadanos estadounidenses, lo que, según la imputación federal, no cumplió con los procedimientos requeridos ante las autoridades federales.

La FGR sostiene que la participación de extranjeros en dicho operativo podría constituir el delito de traición a la patria, una acusación que la defensa ha calificado como jurídicamente desproporcionada.

Inicialmente, Jáuregui había sido detenido en Chihuahua por un caso del fuero común relacionado con el ejercicio ilegal del servicio público y coalición. Aunque la autoridad judicial estatal determinó que podía enfrentar ese procedimiento sin prisión preventiva, fue detenido nuevamente por fuerzas federales debido a una orden de aprehensión por la causa federal.

Con la resolución del juez, César Jáuregui enfrenta ahora dos procesos distintos: uno en Chihuahua por ejercicio ilegal del servicio público y otro ante la justicia federal por traición a la patria.

Este caso ha generado una confrontación política entre autoridades federales y estatales, especialmente en relación con la actuación de la Fiscalía de Chihuahua y la participación de extranjeros en el operativo. El dirigente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, expresó su respaldo a la gobernadora Maru Campos, quien había compartido su versión sobre una reunión privada con la presidenta Claudia Sheinbaum el 19 de septiembre en Ciudad Juárez.

La vinculación a proceso no implica una sentencia condenatoria, sino que establece que existen elementos suficientes para continuar con la investigación formal y avanzar a las siguientes etapas del proceso penal.