Chihuahua

Chihuahua reinstala el Sistema Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Al participar en la reinstalación del Sistema Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, el gobernador Javier Corral hizo un reconocimiento al papel de las mujeres en la construcción de la democracia, y se comprometió a impulsar desde el Gobierno del Estado, la igualdad en distintos aspectos, con preponderancia en el ingreso, donde es más significativa la brecha que separa ambos géneros.

“La verdadera autonomía de las mujeres está en su ingreso”, señaló el gobernador, quien además, firmó junto con la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, Lorena Cruz Sánchez, el Convenio por la Igualdad.

Cruz Sánchez hizo un reconocimiento al mandatario estatal, por su amplia disposición a trabajar y construir un gobierno abierto y cercano a la sociedad, que garantice las libertades y derechos fundamentales todos los ciudadanos chihuahuenses. “En particular, nos congratula su compromiso en posicionar la Agenda de Género en los tres órdenes de Gobierno a nivel estatal y municipal”, expresó.

El gobernador fue quien tomó protesta a los miembros del Sistema Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, que serán los encargados de dirigir los trabajos de incorporación de la perspectiva de género al interior y exterior de todos los entes públicos.

En esta ceremonia, Javier Corral reconoció la labor de Ema Saldaña Lobera al frente del Instituto Chihuahuense de la Mujer, y destacó que su ratificación como titular de esta dependencia, se debe a su constante lucha en la defensa de los derechos de las mujeres, así como por el valor con el que ejerció el cargo “en una época de enorme regresión autoritaria, inhospitalaria para las libertades y la perspectiva de género”, que fue durante la pasada administración.

Explicó que insistirá ante el sector empresarial, en la urgencia de dar un paso más para que la remuneración sea acorde al trabajo realizado, ya que existen estudios que establecen que hay un desfase de hasta el 40 por ciento entre lo que podría otorgarse salarialmente, tanto a hombres como a mujeres, sin que las empresas pierdan sus márgenes de ganancia y competitividad.

“Hemos lanzado una política, con acento en un nuevo acuerdo de productividad, de competitividad y de aumento del salario de los trabajadores. Estamos por construir un acuerdo para aumentar el ingreso”, indicó Corral, pero esto no se logrará por decreto, sino en un convenio debidamente establecido con los empresarios.

Con la firma de este convenio, el Programa Chihuahuense para Igualdad Laboral entre Mujeres y Hombres y el Programa Interinstitucional para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, serán implementados en 8 secretarías y 5 instancias descentralizadas, así como en el Tribunal Superior de Justicia del Estado, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) y el H. Congreso del Estado.

La presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, Lorena Cruz Sánchez, destacó que Chihuahua es uno de los siete estados que ha logrado la paridad entre hombres y mujeres, en puestos legislativos al interior de sus congresos, además enfatizó la importante medida que se tomó por la administración estatal, de construir un gabinete paritario, ejemplo que debe replicarse en otras entidades, dijo.

“Muestra de esta voluntad política, es que a poco más de un mes de su toma de protesta, nos encontremos celebrando la firma del Convenio de Colaboración entre el Gobierno del Estado de Chihuahua y el Inmujeres, el cual tiene un objetivo muy claro: impulsar acciones específicas de cooperación, que permitan avanzar hacia la paridad, institucionalizar la perspectiva de igualdad de género en cada una de las acciones, programas y políticas públicas que implementen los gobiernos estatal y municipales, con la finalidad de garantizar los derechos de las mujeres y niñas chihuahuenses”, indicó la funcionaria.

Finalmente, el gobernador reiteró que el compromiso con la igualdad esencial, empieza con la toma de decisiones, y en ese sentido, destacó que su gobierno lanzó un mensaje claro, al conformar el primer gabinete paritario de la historia, integrado por ocho mujeres y ocho hombres, además de pedir a los secretarios que, en la medida de lo posible, repliquen el esquema en sus dependencias.

También dio un mensaje a quienes aspiraron a ocupar los cargos asignados a las mujeres por sus méritos propios “para que no me las vayan a empezar a grillar” y adelantó que si por alguna razón tuviera que separar a alguna de ellas de su puesto “la remplazaría por otra mujer”.

Dijo también que se buscará colocar en el centro de la administración, el respeto de los derechos humanos, para dejar atrás la vergüenza de ser un estado donde se castiga más el robo de ganado que el abuso sexual.

En su participación, la directora del Instituto Chihuahuense de la Mujer, Emma Saldaña Lobera, destacó la importancia de los convenios y la reinstalación del Sistema Estatal y El Sistema Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, para poder institucionalizar la perspectiva de género de manera transversal en toda la administración.

Este Sistema, dijo, es el conjunto orgánico y articulado de estructuras, relaciones funcionales, métodos y procedimientos que establecen los entes públicos del Estado entre sí, con la Federación, los municipios, la sociedad civil organizada y las instituciones académicas y de investigación. Tiene además la finalidad de garantizar la igualdad entre mujeres y hombres, conforme a la legislación vigente, cuya ejecución y coordinación quedará a cargo del Instituto Chihuahuense de la Mujer encabezado por Saldaña.

Chihuahua

Zuany podría quedar fuera del caso Jáuregui

La diferencia de responsabilidades entre ambos exfuncionarios y las versiones sobre una posible colaboración de Zuany con autoridades estadounidenses abren interrogantes sobre el alcance de las acusaciones en su contra.

Chihuahua, Chih., 18 de octubre de 2026.— La situación jurídica de Guillermo Arturo Zuany Portillo, exfiscal especializado en Operaciones Estratégicas de Chihuahua, podría tomar un rumbo distinto al de César Jáuregui Moreno, detenido por las investigaciones relacionadas con la participación de agentes estadounidenses en un operativo contra el narcotráfico.

Aunque ambos aparecen en una misma causa penal, las diferencias entre sus funciones, las acusaciones específicas y las versiones sobre una eventual colaboración de Zuany con autoridades estadounidenses plantean escenarios jurídicos que todavía deberán resolverse.

La existencia de una orden de aprehensión no significa que el exfuncionario necesariamente será vinculado a proceso o declarado culpable. Para ello, la Fiscalía deberá acreditar los elementos correspondientes a cada delito.

No tenía las atribuciones del fiscal general

Guillermo Arturo Zuany fue designado fiscal especializado en Operaciones Estratégicas en septiembre de 2025, durante la administración de César Jáuregui.

Su responsabilidad estaba concentrada en investigaciones de delitos de alto impacto, particularmente secuestro y extorsión. No era el titular de la Fiscalía General del Estado ni tenía las mismas facultades de representación y dirección institucional.

Esta diferencia podría tener relevancia en el proceso judicial, especialmente si las acusaciones están relacionadas con autorizaciones, decisiones administrativas o mecanismos de cooperación con autoridades extranjeras.

Sin embargo, la responsabilidad de Zuany no depende exclusivamente de su posición jerárquica. También será necesario determinar si participó directamente en las decisiones investigadas o si tenía obligaciones legales específicas que hubiera incumplido.

Una acusación que todavía debe demostrarse

La orden de aprehensión emitida el 16 de octubre dentro de la causa penal 3055/2026 señala a Jáuregui y Zuany como presuntos coautores de ejercicio ilegal del servicio público y coalición.

El documento también distingue imputaciones individuales: a Jáuregui le atribuye una conducta adicional relacionada con el ejercicio ilegal del servicio público, mientras que a Zuany le señala presunta falsedad ante autoridades con penalidad agravada.

Esta distinción resulta relevante porque las conductas atribuidas a uno no necesariamente son las mismas que las del otro.

El oficio judicial conocido públicamente contiene los puntos resolutivos, pero no desarrolla las pruebas ni describe detalladamente las acciones que se atribuyen a Zuany.

Por ello, permanece abierta la posibilidad de que su defensa cuestione la suficiencia de los elementos presentados por el Ministerio Público y solicite que no sea vinculado a proceso, dependiendo de lo que se exponga ante el juez.

La posible colaboración con Estados Unidos

Otro elemento que podría resultar importante es la relación que Zuany habría mantenido con agencias de seguridad estadounidenses.

Desde mayo surgieron versiones extraoficiales sobre una posible protección por parte de autoridades de Estados Unidos y una eventual colaboración relacionada con las investigaciones del operativo de El Pinal.

También circularon reportes de que el exfuncionario podría encontrarse en territorio estadounidense, aunque no existe confirmación oficial de su ubicación.

Hasta ahora tampoco se ha acreditado públicamente que Zuany tenga la condición formal de testigo protegido.

De confirmarse algún acuerdo de colaboración, sería necesario conocer su naturaleza, las autoridades participantes y sus posibles efectos legales. La protección estadounidense, por sí misma, no impediría que enfrente un procedimiento judicial en México.

No obstante, la información que pudiera proporcionar sobre la cadena de mando, las autorizaciones y la coordinación del operativo podría resultar relevante para esclarecer los hechos.

El operativo y las decisiones institucionales

La investigación se originó después de un operativo realizado en abril contra un presunto narcolaboratorio en El Pinal, municipio de Morelos, Chihuahua.

Durante el regreso de un convoy, un vehículo sufrió un accidente en el que murieron dos funcionarios estatales y dos ciudadanos estadounidenses identificados posteriormente como agentes de la CIA.

La presencia de personal extranjero provocó investigaciones sobre las autorizaciones necesarias para su participación en actividades de seguridad dentro de territorio mexicano.

En este contexto, la Fiscalía General de la República ha señalado presuntas irregularidades relacionadas con la actuación de autoridades estatales y la participación de agentes extranjeros.

El esclarecimiento de esas circunstancias exige distinguir las decisiones adoptadas por la dirección de la Fiscalía de aquellas que correspondían a sus áreas especializadas.

Un desenlace judicial todavía abierto

La situación de Guillermo Arturo Zuany continúa sin una resolución definitiva.

La orden de aprehensión constituye una medida procesal, no una declaración de culpabilidad. En caso de comparecer ante un juez, tendrá derecho a conocer los hechos que se le atribuyen, controvertir los datos de prueba y ejercer su defensa.

La posibilidad de que no sea vinculado a proceso dependerá de la valoración judicial de los elementos presentados. Asimismo, una eventual colaboración con autoridades estadounidenses tendría que acreditarse antes de considerar sus consecuencias jurídicas.

Por ahora, no existe confirmación pública de que haya sido detenido ni de que se haya reconocido formalmente su condición de testigo protegido.

El caso de Zuany deberá resolverse por su participación individual y no simplemente por haber formado parte de la administración de César Jáuregui. La investigación tiene todavía que demostrar qué hizo, qué sabía y cuáles eran sus obligaciones legales.

Hasta entonces, su responsabilidad penal permanece sin demostrar y la posibilidad de que los cargos no prosperen sigue abierta.