La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha decidido suspender las revisiones e inspecciones en los penales de Sinaloa debido a la grave crisis de inseguridad que afecta a la región. Según el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria (DNSP) 2025, esta medida responde al alto riesgo que representa la violencia del crimen organizado, lo que ha llevado a los centros penitenciarios a un estado insostenible de desgobierno e impunidad.

La suspensión de las inspecciones deja a cerca de 5 mil personas privadas de la libertad en una situación crítica, expuestas a un entorno reprobado y altamente peligroso. El informe de la CNDH indica que el personal visitador no pudo llevar a cabo la aplicación de las guías de supervisión en instalaciones clave como el Centro Penitenciario Aguaruto, en Culiacán, y el Centro Penitenciario Región del Évora, en Angostura.

Las razones para esta decisión están directamente relacionadas con el clima de hostilidad armada y el control criminal que prevalece en la región. La proliferación de bloqueos carreteros, enfrentamientos armados en las cercanías de los penales y el recrudecimiento de las pugnas entre grupos delictivos han obligado a la CNDH a retirar a su personal de supervisión para garantizar su seguridad.

Además, la violencia que se presenta al interior de los penales refleja la ingobernabilidad de estos centros, lo que ha impedido la recolección de datos de manera presencial. A pesar de las dificultades para concluir las inspecciones, la evaluación estatal reveló un promedio de calificación de 5.02, lo que coloca a Sinaloa en el “rango rojo” de la escala nacional. Este resultado confirma la existencia de deficiencias críticas y graves omisiones en el sistema penitenciario local, evidenciando la necesidad urgente de atención y reforma en los centros de reclusión.