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México

Colectivo busca que en México no se cobre impuestos a toallas ni tampones

Diversas organizaciones civiles y congresistas de distintos partidos lanzaron la iniciativa #MenstruaciónDignaMéxico para comenzar la discusión en torno a este tema y que empiecen a considerarse las políticas públicas necesarias para que la menstruación deje de ser un asunto privado, se garantice el acceso a la salud para las mujeres y se aplique la tasa cero a productos como toallas femeninas y tampones.

Lo que se busca es posicionar la gestión menstrual en un tema de agenda política y disminuir las desigualdades estructurales que impiden a niñas, adolescentes y mujeres vivir una menstruación digna.

En el primer foro realizado en México, diversas especialistas hablaron sobre lo que significa menstruar en el país, un tema considerado tabú durante años y que está rodeado de prejuicios y machismo. Anahí Rodríguez, investigadora del Instituto de Estudios sobre Desigualdad, explicó en su ponencia que aunque las mujeres están condicionadas a no hablar de menstruación, para realizar cambios en la ley debe haber una transformación de la opinión pública y de mentalidad, ya que la gestión menstrual “no es ni lujo ni privilegio, es derecho”.

“El IVA para 64 millones de mujeres en productos para la menstruación es injusto e inequitativo, no se puede pagar un impuesto por menstruar. Existe la tasa cero y eso garantiza el acceso a esos productos, por ejemplo, hasta antes de 2013 la goma de mascar tenía casa cero, podemos vivir sin goma pero no sin productos para menstruar”, comentó.

Una investigación realizada por SinEmbargo arrojó que una mujer gastará hasta 36 mil pesos en productos para su menstruación durante su vida reproductiva.

Ese es un gasto básico, ya que no es decisión de la mujer comprarlos o no. Así se profundizan problemas como la brecha salarial de género y prácticas como el “impuesto rosa”, que es el sobreprecio de un producto que se ofrece con características “para mujer”.

También es un tema de acceso a derechos y economía del hogar, ya que la suma se incrementa por las características de los hogares, por ejemplo, si una familia está conformada por cuatro o cinco integrantes y hay al menos tres mujeres que menstrúan, el gasto anual puede llegar a los 8 mil pesos en promedio por año.

Anahí Rodríguez agregó que además de la economía hay otros factores que provocan una pobreza menstrual. Por ejemplo, la falta de infraestructura “en la Ciudad de México, el 36 por ciento de la población no tiene abastecimiento de agua, eso dificulta, por ejemplo, el uso de copa menstrual”.

La situación se va complicando; las mujeres en situación de calle, continuó, tienen que decidir si comen o compran toallas y tampones, ya que la menstruación ocurre tengas o no casa.

La Diputada Lorena Villavicencio de la bancada del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), que también participó en el foro y fue cuestionada sobre cómo sería la aprobación de dar tasa cero a los productos menstruales en el Congreso.

“Les voy a decir, el machismo se refuerza en los ámbitos de poder. Tenemos un dato alentador: 241 diputadas, lo que puede facilitar cualquier tipo de modificación, pero no todas ellas tienen un compromiso y militancia con las causas de las mujeres, no hay conciencia de género. Si la tuvieran podríamos definir los presupuestos, pero los partidos ejercen una especie de control sobre muchas mujeres que pueden parar iniciativas”, aseveró.

Fuente: SinEmbargo

México

Exmagistrada Mónica Soto podría llegar al gobierno, dice Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum no descartó que la magistrada Mónica Soto pueda incorporarse posteriormente a la administración pública, luego de que anunciara su renuncia a la presidencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), aunque aclaró que actualmente no existe un cargo contemplado para ella.

Cuestionada durante su conferencia matutina sobre los rumores de que Soto podría recibir una posición dentro del gobierno federal, Sheinbaum respondió que “podría ser”, pero precisó que por ahora no está previsto.

Podría ser, pero no lo tenemos contemplado en este momento.

La presidenta evitó pronunciarse sobre las razones de la renuncia de Soto y sostuvo que se trató de una decisión personal que está dentro de sus atribuciones, a pesar de que hubo señalamientos respecto a la falta de claridad de la dimisión.

“No, no voy a opinar, no me corresponde; ella tomó la decisión de retirarse del tribunal.

Sheinbaum calificó a Soto como una mujer “con experiencia” y “muy profesional en su trabajo”, además consideró que tuvo un buen desempeño tanto como magistrada como durante el periodo en que encabezó el Tribunal Electoral.

“Me parece a mí que ella hizo un muy buen papel al frente cuando le tocó ser presidenta y también como magistrada”, dijo.

Ante la pregunta sobre si la salida de Soto y otra vacante en el Tribunal Electoral podrían representar un problema de cara a las elecciones de 2027, Sheinbaum rechazó que exista una afectación en términos constitucionales.

“No, no tiene problema en términos de lo que establece la Constitución”, respondió.

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La presidenta explicó que, en caso de una elección presidencial, tendría que buscarse una solución para cubrir las vacantes, y puso como ejemplo el proceso electoral de 2024.

Así fue en el 24, se lo recuerdo. Una magistrada de un poder regional participó en la calificación de la elección presidencial.

Sheinbaum recordó que la reforma al Poder Judicial establece que las magistraturas deben ser electas por voto popular.

Explicó que algunos de los integrantes actuales del Tribunal Electoral ya fueron electos y que, para cubrir las posiciones que permanezcan vacantes, será necesario esperar al proceso electoral de 2028.

La reforma al Poder Judicial establece que ellos deben ser electos; como algunos de ellos ya lo fueron, entonces pues hay que esperar al 28 para elegir a los otros dos que faltan.

La mandataria aclaró que desconoce en ese momento cuántos magistrados podrían dejar el Tribunal Electoral antes de esa fecha, pero insistió en que las vacantes no representan, por sí mismas, un impedimento para el funcionamiento del órgano de cara a las elecciones intermedias de 2027.

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