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Conade enfrenta sus peores batallas lejos del deporte

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En los últimos años, el organismo ha perdido varios litigios por quitarles los apoyos económicos a los atletas; las resoluciones en contra más recientes fueron la de las raquetbolistas Samantha Salas y Paola Longoria

En los últimos años, la Conade ha sufrido sus peores reveses en un campo ajeno al deportivo: el legal. De 2021 a la fecha, el organismo federal ha tenido al menos cinco resoluciones en contra por parte de las autoridades judiciales en litigios promovidos por diferentes atletas, quienes han reclamado a través de esta vía que la entidad les regrese sus apoyos o premios económicos.

Por ejemplo, hace unos días Samantha Salas se convirtió en la más reciente deportista que le gana una demanda a la Conade. Desde el año pasado la raquetbolista –ranqueada número dos del mundo– había dejado de recibir su beca ordinaria, luego de que el organismo federal argumentara que tenía una deuda por la comprobación de sus gastos de 2015; incluso, no tuvo el apoyo de la dependencia para ir al Campeonato Mundial de 2022 en San Luis Potosí, evento donde quedó campeona mundial en dobles.

Fue entonces que Samantha Salas decidió interponer una demanda para recuperar su beca deportiva y recibir el monto de 15 mil 500 pesos que le corresponden mensualmente, según tabuladores de la Conade publicados en el Diario Oficial de la Federación. “Yo traigo el asunto de Samantha y no me sorprende que se estén ganando las demandas en contra de Conade, eso estaba pronosticado desde un principio; lo increíble es la posición del organismo respecto de todos los atletas que por sus méritos deportivos las merecen, faltando a sus obligaciones de ley. Las demandas de los clavadistas y nadadores ya están en proceso”, declaró al abogado de Samantha Salas, Luis Jiménez.

Las batallas perdidas

Antes de perder la demanda con Samantha Salas, en agosto pasado el organismo recibió el revés con Paola Longoria, quien fue demandada por la Conade por un supuesto adeudo de un millón 500 mil pesos en las comprobaciones del 2014, al grado que le quitó además su derecho de beca por tres años; sin embargo, la raquetbolista se defendió y terminó ganando el pleito, por lo que ahora la Conade debe restablecerle la beca que le corresponde, la cual es de 21 mil 500 pesos por ser campeona mundial.

Otro caso es el de la clavadista Adriana Jiménez, quien demandó a Conade por haberle quitado en el 2019 su beca de 20 mil pesos con el argumento de que participó en el reality deportivo Exatlón; la ahora ex deportista metió en su defensa que nunca le llegó la carta compromiso con esa clausula, y finalmente en 2022 le favoreció la resolución y la Conade tuvo que desembolsar el retroactivo de tres años.

También fue muy sonado el caso de la esgrimista Paola Pliego, quien ganó una indemnización de 15 millones de pesos por parte de la Conade, después de que el juez confirmara la sentencia definitiva, tras ser víctima de un falso positivo (en doping) que evitó compitiera en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016.

Y uno de las recientes resoluciones a favor de los atletas, la cual hizo mucho ruido en las redes sociales, fue cuando las nadadoras artísticas ganaron el amparo para que les devolvieran sus becas que les fueron suspendidas desde enero de este año; el organismo trató de impugnar, pero el fallo fue en su contra por lo que tuvo que desembolsar un millón 140 mil pesos por el retroactivo de enero a mayo, y de paso continuar pagando la beca mensual correspondiente.

Siguen obstáculos de Conade hacia las nadadoras artísticas; prohíben ingreso a coreógrafa
Siguen obstáculos de Conade hacia las nadadoras artísticas; prohíben ingreso a coreógrafa

También la halterista Luz Acosta demandó en 2021 al organismo para que le otorgara el premio económico que le correspondía por la medalla de bronce que ganó en Londres 2012, la cual se le asignó hasta 2018 luego de la descalificación de dos competidoras. Medio año después Conade tuvo que pagarle 125 mil pesos. Estos fueron los casos más recientes y aún vienen más para la dependencia.

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EE.UU. impone arancel de 10% a México por política sobre trabajo forzoso

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Estados Unidos anunció una nueva ronda de aranceles para 60 economías, entre ellas México, al que aplicará un gravamen de 10 por ciento por considerar que no prohíbe o no hace cumplir de manera efectiva la importación de bienes elaborados con trabajo forzoso.

La medida fue dada a conocer por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), que explicó que la decisión deriva de una investigación realizada bajo la Sección 301, iniciada el 12 de marzo de 2026 por instrucción del presidente Donald Trump. El proceso incluyó dos rondas de audiencias públicas, consultas con más de 45 gobiernos y el análisis de más de 2 mil 100 comentarios.

México forma parte del grupo de países sujetos a un arancel de 10 por ciento, junto con Argentina, Bangladesh, Camboya, Canadá, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, India, Indonesia, Jordania, Malasia, Pakistán, Sri Lanka, Trinidad y Tobago y el Reino Unido.

De acuerdo con la USTR, esta categoría corresponde a economías que ya cuentan con una prohibición para importar productos elaborados con trabajo forzoso, que asumieron el compromiso de establecerla mediante un Acuerdo sobre Comercio Recíproco o que aplican mecanismos parciales para impedir la entrada de este tipo de mercancías.

La resolución también establece un esquema de tres niveles de sanciones. Para el resto de las economías investigadas se fijó un arancel de 12.5 por ciento, mientras que determinados productos procedentes de la Unión Europea, Taiwán, Japón, Corea del Sur y Suiza enfrentarán tasas de 10 o 12.5 por ciento, descontando la tarifa de Nación Más Favorecida cuando corresponda.

El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, señaló que la decisión responde a la conclusión emitida el pasado 2 de junio, en la que la USTR determinó que las políticas de las 60 economías investigadas obstaculizan o restringen el comercio estadounidense. Agregó que la administración de Donald Trump considera necesario reforzar las medidas contra el trabajo forzoso en las cadenas globales de suministro.

Por su parte, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, afirmó que la resolución no modifica el arancel efectivo que actualmente paga México, ya que más del 80 por ciento de las exportaciones nacionales permanece exento al cumplir con las reglas de origen del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

El funcionario explicó que el gravamen de 10 por ciento para las exportaciones que no cumplen con el T-MEC se mantiene, aunque ahora cambia su fundamento legal al pasar de la Sección 122 a la Sección 301. Añadió que el Gobierno de México continúa las conversaciones con el representante comercial estadounidense para acercar posiciones en materia comercial.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que este jueves sostuvo una reunión con Jamieson Greer en Palacio Nacional, donde ambas partes avanzaron en la revisión del T-MEC y en otros acuerdos bilaterales.

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