El Congreso del Estado de Chihuahua reformó la Ley de Seguridad Escolar y la Ley Estatal de Educación con el objetivo de fortalecer la protección de las personas trabajadoras de la educación y garantizar entornos escolares seguros.

Las modificaciones fueron avaladas durante el Segundo Periodo Ordinario de Sesiones y contemplan la creación de bases legales para implementar un Protocolo de Protección al Personal Docente, el cual establecerá reglas claras para prevenir y atender cualquier tipo de violencia dentro de las escuelas.

El diputado Óscar Avitia Arellanes, presidente de la Comisión de Educación, Cultura Física y Deporte, explicó que las adecuaciones buscan respaldar al magisterio con protección legal, acompañamiento institucional y lineamientos definidos en caso de agresiones, conflictos o señalamientos derivados del ejercicio de su labor.

Entre los puntos aprobados se establece que la autoridad educativa deberá actuar de inmediato ante cualquier agresión o situación de riesgo. También se garantiza el respeto al debido proceso y a la presunción de inocencia en caso de denuncias, además de brindar asesoría jurídica y apoyo psicológico cuando sea necesario.

La reforma contempla la creación de mecanismos formales para acompañar a docentes que enfrenten conflictos y la capacitación periódica de autoridades escolares en el manejo de estos casos, actuación ante denuncias, uso de canales institucionales y respeto a las garantías laborales.

Asimismo, la ley reconoce expresamente la obligación de la autoridad educativa de proteger la dignidad, el honor, la seguridad y la estabilidad laboral y emocional del personal docente.

Previo a la aprobación, se realizaron mesas de trabajo con docentes, representantes sindicales y especialistas, quienes aportaron propuestas para fortalecer el proyecto inicial.

En los artículos transitorios se establece que la Secretaría de Educación y Deporte deberá elaborar y publicar el protocolo en un plazo de 90 días hábiles posteriores a la publicación del decreto, con la participación de trabajadores de la educación, sindicatos magisteriales, integrantes de la Comisión de Educación, Cultura Física y Deporte de la Sexagésima Octava Legislatura, organismos de derechos humanos y organizaciones especializadas.