El Congreso del Estado de Chihuahua aprobó reformas a la Ley de Seguridad Escolar y a la Ley Estatal de Educación con el objetivo de fortalecer la atención de casos de violencia familiar detectados en los planteles y promover valores en la comunidad escolar. Las modificaciones incluyen la prohibición del uso de música, audiovisuales y otros contenidos que hagan apología del delito en espacios educativos.

Al presentar el dictamen, la diputada Nancy Frías Frías subrayó que la violencia familiar es un problema alarmante en la entidad. Según datos de la Fiscalía General del Estado, en 2021 se iniciaron 12 mil 968 carpetas de investigación por este delito, mientras que de enero a octubre de 2022 se registraron 10 mil 645 casos. Además, la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2021 reveló que el 11.6% de las mujeres de 15 años y más en Chihuahua sufrió violencia familiar en los últimos 12 meses.

Frías explicó que las y los docentes cumplen un papel fundamental en la detección temprana de casos que afectan a niñas, niños y adolescentes. Por ello, la Secretaría de Educación y Deporte del Estado (SEYD) implementó un Protocolo Único que fija lineamientos para que el personal educativo identifique y actúe ante situaciones de abuso y maltrato, capacitando de manera constante a directivos, docentes y personal administrativo.

Las reformas a la Ley de Seguridad Escolar incluyen la capacitación obligatoria del personal escolar en dicho protocolo, así como la obligación de darlo a conocer a todas las instituciones educativas para que desarrollen mecanismos de prevención y atención. También se establece la prohibición explícita de reproducir música o contenidos que promuevan la violencia, glorifiquen actividades delictivas —como el narcotráfico— o contravengan valores de respeto e igualdad, definiendo en el reglamento los criterios para su identificación.

En cuanto a la Ley Estatal de Educación, se añade la fracción XXVII al artículo 8 y un segundo párrafo al artículo 9 para obligar a las autoridades educativas a garantizar entornos libres de contenidos que normalicen la violencia o perpetúen estereotipos contrarios a la convivencia pacífica, fomentando en su lugar materiales que promuevan la educación en valores.

La iniciativa fue impulsada por diputadas y diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (GPPAN) y busca que las escuelas sean espacios seguros de formación y prevención del delito.