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Chihuahua

Congreso pide a autoridades federales respeto a la suspensión que frena la detención de conductores de transporte de pasajeros en aeropuertos

El Legislativo Estatal, hizo un llamado a la Guardia Nacional y a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes para que, respeten y acaten la suspensión definitiva emitida por la Jueza Decimotercera de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, que impide la detención de conductores de plataformas de transporte digital que recogen o dejan pasajeros en las zonas federales de los aeropuertos en el país, en particular en los ubicados en ciudad Chihuahua y ciudad Juárez en el Estado.

El diputado Francisco Sánchez Villegas, dijo que, en los últimos años, la presencia de plataformas digitales como Uber y DiDi ha transformado el modelo de transporte urbano y aeroportuario, ofreciendo alternativas modernas y seguras que complementan los servicios tradicionales.

No obstante, mencionó, la falta de una regulación clara y la actuación discrecional de algunas autoridades han generado conflictos y vulneraciones de derechos para conductores y usuarios, particularmente en los aeropuertos del país.

En ese sentido, la Jueza Décimo Tercero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, concedió una suspensión definitiva a la empresa Uber, para que sus conductores puedan dejar y recoger pasajeros en las zonas federales de los aeropuertos del país sin que la Guardia Nacional los detenga, mientras se resuelve el juicio de amparo correspondiente.

De ahí que, el Estado mexicano, a través de sus autoridades responsables del transporte, infraestructura y seguridad pública, tiene la obligación de respetar las resoluciones judiciales vigentes y de garantizar la movilidad, el derecho de los usuarios a contar con opciones de transporte y la seguridad jurídica tanto de los conductores como de los ciudadanos.

Con el presente Punto de Acuerdo, explicó, se pretende garantizar que la resolución judicial emitida tenga efecto práctico en el territorio chihuahuense, evitando detenciones arbitrarias de conductores que podrían generar vulneraciones al derecho de libre tránsito y movilidad establecido en nuestra constitución federal.

Así como el proteger a los usuarios del servicio de transporte que utilizan plataformas digitales, en el Estado, asegurando que cuenten con opciones legales, seguras y eficientes al llegar o salir del aeropuerto.

Cabe mencionar que fue aprobada la moción presentada por el diputado Óscar Daniel Avitia Arellanes, mediante la cual se acordó exhortar al Gobierno del Estado para que exente del del pago de replaqueo y accesorios a los trabajadores de plataformas.

Chihuahua

Rafael Loera se contradice ante versiones de posible detención; enemistad con Maru Campos

El polémico exsecretario de Desarrollo Humano y Bien Común, Rafael Loera Talamantes, ofreció declaraciones que han generado dudas sobre su situación jurídica, luego de negar que haya promovido un amparo ante una posible orden de aprehensión, pero dejar abierta la posibilidad de recurrir a ese mecanismo legal.

Las versiones sobre una eventual investigación de la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua colocaron al exfuncionario en el centro de la atención pública, particularmente después de la detención del exfiscal general César Jáuregui Moreno.

Al ser cuestionado sobre la supuesta solicitud de protección judicial, Loera respondió que “aún no” ha presentado un amparo, una expresión que llamó la atención porque, aunque desmiente haber iniciado el trámite, tampoco descarta hacerlo posteriormente.

El exsecretario defendió su desempeño al frente de la dependencia estatal y aseguró que durante su administración se realizó un trabajo importante. Sin embargo, advirtió que, si enfrenta acusaciones que considere infundadas, utilizará todas las herramientas jurídicas disponibles, incluido el juicio de amparo.

De esta manera, Loera pasó de rechazar las versiones sobre una supuesta protección judicial a reconocer que podría recurrir precisamente a ese instrumento si las circunstancias lo requieren.

La diferencia entre ambas declaraciones no constituye necesariamente una contradicción jurídica, pero sí refleja un cambio de enfoque en su respuesta pública: primero niega haberse amparado y después contempla esa posibilidad frente a eventuales señalamientos.

Hasta el momento, ninguna autoridad ha confirmado públicamente la existencia de una orden de aprehensión contra Rafael Loera ni se ha acreditado que haya promovido un juicio de amparo.

El asunto adquiere relevancia política porque el exfuncionario busca la candidatura del PAN a la presidencia municipal de Chihuahua, mientras su gestión en la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común permanece sujeta a revisiones administrativas.

Loera también lamentó la situación jurídica que enfrenta César Jáuregui, a la que calificó como un duro golpe para Acción Nacional, y expresó su deseo de que el exfiscal consiga superar el proceso.

Por ahora, el exsecretario insiste en que no ha solicitado protección judicial. No obstante, su respuesta deja abierta una posibilidad que inicialmente buscó desmentir: el amparo todavía no existe, según sus propias palabras, pero tampoco está descartado.

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