A aquellos diputados y diputadas, comodines y comodinas que gustaban de conectarse a las sesiones para hacer como que estaban trabajando, se les está por terminar el corrido.
Esto luego de que la presidencia del Congreso que encabeza la morenista Adriana Terrazas presentara una iniciativa para limitar el abuso de conectarse a la sesión, únicamente y exclusivamente con previo acuerdo con la presidencia y cuando por alguna emergencia o contingencia impida acudir al Pleno.
Terrazas Porras lanzó sendas pedradas al recordar que «algunes» se conectan desde la comodidad de su hogar, en algún restaurante o ya de plano en el carro, y ya no hablemos de los que dejan prendido el micrófono sin querer y hacen uso del lenguaje florido, que muchos tenemos, pero que solo puede usarse en ciertos lugares.
De esta forma se prevé que se normalice la asistencia de los legisladores a su centro de trabajo y que dejen la ‘concha’ para sus días de vacaciones.
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Vaya relajo el que se armó en el Congreso del Estado con una iniciativa que a primera impresión no tendría ningún problema, sino que en la forma, para la comunidad LGBT no fue del todo la correcta.
Resulta que el diputado Carlos Olson presentó una iniciativa para tipificar a la zoofilia como un delito, pero además, haciendo gala de su ignorancia, afirmó que la comunidad antes citada avala y hasta celebra a los zoofílicos y los arropa como propios.
Esta situación se tomó como discurso de odio, oooobviamente, y de inmediato se le plantaron al panista con banderas multicolores, pancartas y hasta denuncias.
¿Cómo la ve? De entrada el diputado desconoce que para ejercer como tal no solo hacen falta votos y salir bien en las fotos, sino estudiar y no meter la pata cada que abre la boca.
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Al exgobernador César Duarte se le acabaron sus vacaciones en un exclusivo hospital de la ciudad de Chihuahua por sus latosas cervicales y debió ser trasladado a un nosocomio público, con la raza pues.
La Fiscalía dio a conocer a través de un comunicado que lo anterior es en respuesta a un mandato judicial y pues ahora el ballezano pasará su convalecencia en un hospital público «tipo 2», lo que sea que eso signifique.
Ahora bien, ¿será que con ello terminan las críticas de los haters del Gobierno que aseguran que es una libertad provisional patrocinada por el Estado, o arreciarán diciendo que ahora sí lo mantienen con cargo al erario?
Lo cierto es que como todo recluso tiene derecho a una atención médica oportuna, no como al exgobernador que se le terminó muriendo uno de sus presos políticos cuando la covid presentaba sus picos más altos en la pandemia.
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