Vaya bombazo que lanzó el secretario de Educación, Javier González Mocken, al afirmar que existen narco alumnos en los Colegios de Bachilleres.

El funcionario indicó que el modus operandi consiste en que las propias bandas del crimen organizado inscriben a alumnos que se dedican, única y exclusivamente, a vender drogas al interior y alrededores de los planteles.

O fue demasiado el atrevimiento, o ya tenía la instrucción de ser el vocero de lo delicada que es la situación en dicha institución pública.

Ahora, la Fiscalía tendrá que, sí o sí, entrarle a la investigación y dar con los delincuentes juveniles.

Tal pareciera que el Bachilleres tiene una especie de maldición, pues no termina de salir de una polémica cuando ya está envuelta en una cada vez más grande.

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Los que se quisieron pasar de listos fueron los de la plataforma de transporte privado DiDi al lanzar, sin la venia del Gobierno del Estado, sus unidades de transporte colectivo.

Casi de manera inmediata, el secretario general de Gobierno, César Jáuregui Moreno, indicó que de ninguna manera se había dado permiso a la aplicación para operar de esta manera por lo que han retirado 4 unidades de 10 posibles que se encontraban trabajando de forma clandestina.

Hay que recordar que actualmente el Estado se encuentra en la negocia con los concesionarios del transporte público para que se mejoren las unidades, estando en el estira y afloja sobre un, muy probable, aumento a la tarifa.

Mientras estas negociaciones están en pie y los acuerdos de renovación de unidades estén sobre la mesa, no se podrá dar cabida a otros pseudo servicios que quieran aprovechar la situación ¡Zaz!

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Empoderada como nunca antes, la presidenta del Congreso del Estado, Adriana Terrazas, hizo un llamado a la Fiscalía Anticorrupción para atraer el caso de (muy) posible corrupción por parte del exgobernador Javier Corral.

Lo anterior al tenor de la rueda de prensa donde el empresario Lalo Almeida puso al descubierto el compadrazgo y conflicto de intereses que tenía con Corral Jurado.

Obsequio de terrenos, patrocinio de campañas políticas, palitos de golf y hasta inseminaciones artificiales, forman parte de la lista de favores que le debía el paseño a Almeida, que con la mano en la cintura hoy reclama un adeudo de aproximadamente 400 millones de pesos.

Si Corral no es culpable, que se ponga a disposición de las autoridades, pues si bien el gobierno de Maru Campos insiste en que no hay persecución, lo que tampoco hay es ni perdón, ni olvido.