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Chihuahua

Continúa la investigación penal en contra del magistrado Sepúlveda

La investigación que realiza la Fiscalía General del Estado en contra del magistrado Gabriel Humberto Sepúlveda Reyes por la posible comisión de un delito, no termina con la restitución que ordenó la Justicia Federal, aclaró el magistrado Julio César Jiménez Castro, presidente del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de Chihuahua.

Recordó que el Consejo de la Judicatura interpuso una denuncia penal en contra del magistrado Sepúlveda, a raíz de las irregularidades que encontró la Contraloría del Poder Judicial en la adquisición de una bóveda digital, sobrevaluada en un 40 por ciento.

Esa denuncia penal continúa su curso, la Fiscalía integrará la carpeta de investigación y determinará si es responsable del delito, aunque el magistrado regrese a sus funciones, precisó.

El Consejo de la Judicatura suspendió al magistrado Sepúlveda porque considera que es más conveniente que no ejerza sus funciones mientras la Fiscalía realiza la investigación penal, pero si la Justicia Federal considera lo contrario, el Consejo acata su disposición sin que cambie la sustancia de la denuncia penal, pues la indagatoria continúa mientras el magistrado está en funciones, detalló.
El Consejo de la Judicatura suspendió al magistrado en base a las facultades que le brinda la Constitución estatal y la Ley Orgánica del Poder Judicial, justificó.

Aclaró que el Consejo de la Judicatura no interfirió en lo más absoluto el regreso del magistrado Sepúlveda a sus funciones en el Poder Judicial porque respeta el derecho que tiene de acudir en su defensa a la Justicia Federal y respeta también las resoluciones de dicha autoridad,
El magistrado Sepúlveda Reyes regresó hoy a sus funciones en el Poder Judicial, luego de la suspensión provisional que le otorgó la Justicia Federal vía amparo.

Chihuahua

Así ordenaron la aprehensión de César Jáuregui en Chihuahua

Un oficio atribuido al Poder Judicial de Chihuahua detalla los delitos por los que se habría autorizado la captura de César Gustavo Jáuregui Moreno y Guillermo Arturo Zuany Portillo.

Chihuahua, Chih.— Un documento atribuido al Poder Judicial del Estado de Chihuahua revela los términos de una resolución mediante la cual se habría ordenado la aprehensión de César Gustavo Jáuregui Moreno y Guillermo Arturo Zuany Portillo, por presuntos delitos relacionados con el ejercicio de funciones públicas.

El documento, identificado con el número de oficio 53095/2026, correspondiente a la causa penal 3055/2026, está dirigido a Anabel Amparán Delgado, agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía General del Estado.

En el apartado de resolutivos aparece expresamente la instrucción de librar órdenes de aprehensión contra ambos señalados.

¿De qué se acusa a César Jáuregui?

Según el oficio, la resolución contempla dos señalamientos contra César Gustavo Jáuregui Moreno.

El primero corresponde a los delitos de ejercicio ilegal del servicio público y coalición, previstos en los artículos 253, fracción II, y 260 del Código Penal del Estado de Chihuahua, respectivamente. En este caso, se le señala como presunto coautor junto con Guillermo Arturo Zuany Portillo.

El segundo corresponde a otra hipótesis del delito de ejercicio ilegal del servicio público, prevista en la fracción IV del artículo 253 del mismo ordenamiento, por la cual se le atribuye la calidad de autor material.

Por su parte, Zuany Portillo también aparece señalado por el delito de falsedad ante autoridades con penalidad agravada, contemplado en el artículo 308 del Código Penal estatal.

¿Cómo se autorizó la orden de captura?

El documento establece que la autoridad judicial valoró los antecedentes de investigación expuestos por la Fiscalía en su solicitud de mandamiento de captura.

Tras esa valoración, el tribunal habría autorizado las órdenes de aprehensión y dispuesto la entrega de tres copias certificadas del oficio al Ministerio Público.

La resolución también señala que los imputados deberán recibir una copia al momento de su captura y ser puestos inmediatamente a disposición del tribunal correspondiente.

Lo que todavía falta por esclarecer

Aunque el documento describe los delitos atribuidos y las disposiciones judiciales para ejecutar las capturas, la imagen difundida no contiene los antecedentes completos de la investigación ni permite conocer los hechos específicos que habrían motivado las imputaciones.

Tampoco permite establecer si las órdenes continúan vigentes, si fueron ejecutadas o si existen determinaciones judiciales posteriores.

La autenticidad del oficio y la existencia de las órdenes de aprehensión requieren confirmación independiente ante el Poder Judicial del Estado de Chihuahua.

En cualquier caso, una orden de aprehensión no constituye una sentencia condenatoria y las personas señaladas conservan su presunción de inocencia.

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