Política
Corral defiende la corrupción a cambio de reflectores: Pérez Cuéllar
“Defender los fideicomisos como lo hace el gobernador Javier Corral es defender la entrega irregular de 1 mil 500 mdp a su correligionaria Josefina Vázquez Mota; es aplaudir la construcción a medias y con sobrecosto de 46 enormes edificios inservibles, es apostarle a una miseria de presupuesto para ciencias y tecnologías; es entregar miles de millones a empresarios y amigos de los gobernantes en turno; es amparar la corrupción”, expresó el senador de Morena, Cruz Pérez Cuéllar.
Lo anterior, luego de que el gobernador anunciara que apoyará la impugnación de la reforma para eliminar los fideicomisos mediante una controversia constitucional, cuando está a la vista que de ahí se servían los gobernadores y los gobiernos federales anteriores para beneficiar a sus “favoritos” y dejar a los ciudadanos con la idea de una gran obra, o de un gran proyecto que nunca llegaba, que nunca se concretó tal cual se prometió.
“Ahora que ha probado las mieles del poder, Javier Corral se quita la careta y deja salir su verdadero ‘yo’, aquél que no le importa los demás sino sus propios intereses, en este caso, no le importa defender a los corruptos, con tal de seguir ganando reflectores para sus fines políticos”, subrayó Pérez Cuéllar.
Uno de los casos emblemáticos del manejo discrecional que se hacía en los fideicomisos es el programa “Juntos Podemos” de la panista Josefina Vázquez Mota, una organización privada establecida en Estados Unidos que recibió cerca de 1 mil 500 millones de pesos provenientes del Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME), fideicomiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores, en donde la ASF determinó que los documentos presentados eran insuficientes para asegurar un ejercicio transparente y advirtió sobre la posibilidad de su uso en perjuicio de la banca pública.
De la misma manera, detalló el legislador morenista que en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología el 44 por ciento de los recursos etiquetados para “investigación científica y tecnológica” fueron transferidos al sector privado. A través de los fideicomisos, Conacyt transfirió 15 mil 483 millones de pesos y, por medio del Programa de Estímulos a la Innovación, pagó 26 mil 140 millones a empresas. Estos recursos no han podido justificarse, pues están ligados a un uso discrecional y opaco en beneficio del sector privado, lo que contrasta con el objetivo del organismo de contribuir al avance del desarrollo científico y tecnológico desde México.
Recordó Pérez Cuéllar el caso que fuera expuesto por el presidente López Obrador, del Instituto Mexicano del Petróleo, donde se informó que en 35 proyectos entre 2009 y 2020, se recibieron 9 mil 493 millones de pesos de los Fondos Secretaría de Energía-Conacyt para investigación en hidrocarburos y sustentabilidad y ejemplificó algunos casos de inversión deficiente u opaca, sobre todo en construcción de infraestructura.
Otro ejemplo de corrupción es el caso del Programa para bebederos escolares, del Fondo de escuelas de excelencia para combatir el rezago educativo, en el que se invirtieron 2 mil 031 millones de pesos en la instalación de 20 mil 543 bebederos, 10 mil 500 menos de los presupuestados. De estos, 9 mil 600 quedaron inservibles.
De la misma manera, se acreditó corrupción en el asunto del Fideicomiso para los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Veracruz 2014. En este caso, el Gobierno Federal aportó 1 mil 877 millones de pesos, correspondientes al 96 por ciento del total, mientras que Veracruz aportó 80 millones, es decir, el 4 por ciento de los casi 2 mil millones totales y en donde, de acuerdo con el análisis realizado, 868 millones de pesos fueron extraviados sin documentación para identificarlos y al final, la mayor parte de las obras de infraestructura para los juegos quedaron inconclusas o desocupadas.
Cabe mencionar que los fideicomisos del Conacyt en el periodo 2017-2018 no asignaron un solo pesos a ciencia básica y que del 2013 al 2018 el gasto para “innovación” de México ganó 7 lugares pero perdió 16 en “eficiencia”, lo cual refleja claramente porqué la oposición a ellos.
Política
Senado aprueba reforma de nacionalidad única para candidatos a presidencias
El 7 de octubre de 2026, el pleno del Senado de la República aprobó la reforma constitucional que establece la nacionalidad única para los aspirantes a las gubernaturas y a la Presidencia de la República, tras recibir el respaldo de 22 congresos estatales. Esta reforma fue enviada al Diario Oficial de la Federación para su formal entrada en vigor, aunque su aplicación como criterio para las candidaturas se implementará por primera vez en el año 2028, y será obligatoria para las elecciones presidenciales de 2030.
Los congresos estatales que votaron a favor de esta reforma incluyen a Baja California, Campeche, Chiapas, Colima, Guerrero, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Zacatecas y la Ciudad de México. Sin embargo, el Congreso del estado de Hidalgo no ha enviado su voto aprobatorio, a pesar de que la reforma fue aprobada desde el jueves de la semana pasada.
La nueva disposición constitucional establece que para ser Presidente de la República o gobernar una entidad federativa en México, es necesario ser ciudadano o ciudadana mexicana por nacimiento, estar en pleno goce de los derechos, ser hijo o hija de padre o madre mexicanos, no tener ni adquirir otra nacionalidad, y en caso de poseerla, renunciar a ella antes de solicitar el registro como candidato. Además, se requiere haber residido en el país durante al menos veinte años.
La reforma también prohíbe a quienes ejerzan el cargo adquirir o solicitar otra nacionalidad, así como invocar ante autoridades extranjeras una nacionalidad distinta de la mexicana. Esta prohibición incluye el uso de pasaportes o documentos de identidad expedidos por otros estados, el ejercicio de derechos políticos ante estas autoridades y el acogerse a la protección diplomática de otro país.
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