Javier Corral ya nombró a la Comisión de Transición que será la encargada de presionar al equipo de César Duarte para que cuanto antes inicien los trabajos de entrega-recepción de la gubernatura de Chihuahua, todo esto sustentado bajo el artículo 165 de la Constitución Política del Estado de Chihuahua.

Dentro de ella se hace énfasis al artículo 23 de la Ley de Entrega-Recepción, que establece que es obligatorio que los servidores públicos preparen su entrega al menos 30 días antes de terminar su periodo correspondiente.

Dicha Comisión será integrada por Francisco Barrio, exgobernador de Chihuahua (1992-1998); el expresidente nacional de PAN, Gustavo Madero; la empresaria juarense, Alejandra de la Vega; la maestra Alma Gómez del equipo de Unión Ciudadana, y el panista Arturo Fuentes Vélez.

También se incluyó al empresario Pablo Cuarón Galindo; a la diputada federal Rocío Reza; al exalcalde de Juárez, Ramón Galindo; a la empresaria Patricia Terrazas, y a Norma Ramírez, exsecretaria de Obras Públicas en el gobierno de Francisco Barrio.

Esta es la primer designación de muchas otras para conformar el gabinete del gobernador electo; muchos están moviendo cielo y tierra para ser parte de la repartidera, y a muchos no les importa tener que cambiarse de color con tal del “moche”. Pero mucho ojo, la pintura se puede cambiar pero no el historial.

Lo importante va a ser cómo se va a impedir que el aún gobernador César Duarte se salga con la suya. El Congreso del Estado con la mayoría del PRI, Pvem, Panal y PT, aprobaron quitarle las obligaciones al actual mandatario de pagar la deuda que tiene en tres meses. Desvergüenza total.

Pero eso no es todo, también quitaron el impedimento de solicitar otra deuda, es decir que Duarte podría tener el camino libre para pedir un nuevo préstamo que terminaría pagando la administración de Javier Corral.

El Grupo Parlamentario del PAN acusa a los minipartidos de “paleros” al votar una iniciativa injustificada que protege a la actual administración, con el pretexto de que hay un desfasamiento temporal entre las normas locales y federales. ¿Los panistas podrán impedirlo?

Esta situación no sólo está pasando en Chihuahua, también los gobernadores que van pa’ fuera de Veracruz y Quintana Roo tratan de hacer el mayor cochinero posible para salir librados de la cárcel, al hacer cambios de última hora en los rubros de combate a la corrupción y administración de justicia.

En estos tres estados los gobernadores son del PRI con transición a gobierno panista, por lo que desde el Congreso buscan blindarse para no ser acusados de desvío de recursos, entre otros delitos; movimientos que si bien pueden ser legales, no son legítimos políticamente, según la opinión del investigador Ernesto Villanueva, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de UNAM.

Mientras tanto, donde ya están poniendo el ojo es en la Rectoría de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Ayer se destapó el ex director de la Facultad de Contaduría, Alfredo De la Torre, quien ha tenido fuertes enfrentamientos con el actual rector, Enrique Seáñez Sáenz, quien se dice fue el encargado de mandar a estudiantes a manifestarse en su contra para que renunciara.

En su cuenta de Facebook, De la Torre recalcó la vida académica, docente y directiva que ha llevado dentro del Alma Mater, y prometió que de ser elegido el próximo rector, la Universidad restablecerá el orden que se perdió con la actual administración que se ha caracterizado por ser represora, intolerante y con un alto rezago educativo.

Otro de los apuntados es Jesús Benavides, director de la Facultad de Medicina, quien estará combatiendo con los ya sonados Eloy Díaz, director de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales; Ricardo Torres de la Facultad de Ingeniería; Francisco Flores de la Facultad de Ciencia de la Cultura Física y Luis Fierro de la Facultad de Filosofía.

En el Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua ya se hicieron cambios. El sobrino de César Duarte, Jesús Alonso Duarte, quien había estado de interino al frente, será reemplazado por Rodolfo Torres Medina, quien estuvo a cargo de la Subsecretaría de Educación en la Secyd. Este fue nombrado ayer por Ricardo Yáñez, secretario de Educación, Cultura y Deporte.

Pobre Chihuahua. El proyecto que inició como una esperanza de movilidad urbana, ahora es la desgracia de todos los chihuahuenses. Todo el dinero, tiempo y esfuerzo que se invirtió desde el principio ahora se tiró a la basura por culpa de un mal manejo de recursos, personal y sobre todo por la mafia de camioneros que no pudo erradicarse.

Hace unas semanas la forma con que Duarte manejaba la situación era distinta. Daba pataditas
aparentando y prometiendo que los ciudadanos tendrían un mejor transporte, y ahora que perdió pareciera que está castigando a los votantes con lo que más les dolía: el ViveBús. Si bien este “nuevo sistema” tenía muchísimas carencias, regresar al sistema anterior es peor.

Ahora los usuarios tendrán que pagar hasta un 200 por ciento más que la tarifa anterior que era de 7 pesos, 2 pesos y 0 pesos, pues regresarán los 7 pesos parejos a pesar de que sea trasbordo. Ni dónde meter la cabeza para llorar. Las tarjetas que se utilizaban ya no servirán de nada, se recibirán puros pagos en efectivo y quienes se quedaron con crédito de las tarjetas, adiós.

¿Será que en verdad el pueblo de Chihuahua está condenado a tener siempre un mal transporte? Así lo dijo el alcalde Javier Garfio, quien lamentó el retroceso: “estos proyectos se vuelven un estigma y la ciudadanía no vuelve a confiar en ellos, por lo que esta decisión quiere decir que Chihuahua no está destinado a jamás tener un sistema de transporte digno”. ¿Será? Suena crudo y de lo más cruel, pero ¿podrán reestructurar este sistema en los próximos cinco años?

Por lo pronto, Uber ya está haciendo de las suyas. Ya comenzó a prestar sus servicios en Ciudad Juárez y sigue reclutando choferes para operar los autos. Si bien, este sistema de transporte privado le da una paliza a los taxis tradiciones, en ciudades como Tijuana, Puebla, Querétaro, Monterrey, Guadalajara y la Ciudad de México, ha brindado beneficios en el desplazo.
Un taxi normal puede cobrarte hasta 80 pesos en un traslado de aproximadamente 10 minutos o 4 kilómetros, mientras que un Uber está cobrando la mitad, cuenta con choferes que realizaron exámenes psicológicos y toxicológicos, y que además para estos calores: tienen aire acondicionado.

Pero cuidado, porque así como en otros estados, podría levantarse un movimiento violento de parte del gremio taxista. A esto le sumamos que aún no cuenta con el permiso estatal correspondiente, lo que podría terminar en el retiro o multa de los automóviles.