México

Crean grupo de trabajo para prevenir violencia en escuelas

Ante los recientes ataques en escuelas del país, como el ocurrido en una secundaria pública de Torreón, Coahuila, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, ha conformado un grupo de trabajo con el objetivo de fortalecer la prevención de la violencia en entornos escolares. Esta iniciativa incluye la elaboración de un decreto que obligue a las plataformas digitales a eliminar contenidos que fomenten agresiones, abuso y acoso.

Durante una conferencia de prensa, la mandataria enfatizó la necesidad de actuar de manera anticipada para reducir los riesgos asociados a la violencia en las escuelas. Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), destacó que el enfoque del grupo de trabajo será la detección y respuesta a contenidos o conductas que puedan derivar en actos violentos.

Sheinbaum Pardo subrayó que “no se puede ser omiso” ante la situación actual y que es fundamental establecer límites. El objetivo principal es transferir la responsabilidad a las plataformas digitales para que, en caso de detectar comunicación o interacción relacionada con actos violentos, eliminen esos contenidos y reporten a las autoridades correspondientes.

El grupo de trabajo está compuesto por representantes de la SSPC, la Consejería Jurídica, la Agencia de Transformación Digital, la Secretaría de Educación Pública, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y expertos de instituciones académicas. García Harfuch detalló que el CNI aumentará el seguimiento de comunidades y contenidos en línea para identificar patrones, amenazas creíbles y posibles llamados a cometer actos de violencia.

Este esfuerzo surge tras el ataque en la secundaria 13 del ejido La Unión, donde dos exalumnos de 18 años ingresaron con petardos y atacaron a profesores y alumnos con machetes y otras armas blancas, resultando en la muerte de una maestra y cuatro heridos. La creación de este grupo de trabajo refleja la urgencia de abordar la violencia en las escuelas y la importancia de la colaboración entre diversas instituciones para garantizar la seguridad de los estudiantes.

México

Expolicías federales denuncian recortes salariales y hostigamiento laboral

Elementos de la extinta Policía Federal han denunciado un recorte salarial del 70 por ciento en su última quincena, así como la suspensión de sus actividades y la prohibición de firmar asistencia, tras negarse a aceptar tareas de vigilancia en edificios gubernamentales asignadas por el Servicio de Protección Federal. La denuncia fue realizada el 2 de octubre de 2026 por Mayra, exintegrante de la Policía Federal, quien destacó que esta reducción salarial afecta gravemente el bienestar de sus familias, impactando en aspectos esenciales como la alimentación, la educación de sus hijos, el pago de créditos y el transporte.

Mayra exigió que cualquier sanción o suspensión sea notificada por escrito y conforme a la legalidad, para evitar afectaciones en su situación laboral. Los agentes afectados consideran que esta medida es una represalia por haber solicitado su reincorporación a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), de acuerdo con un decreto emitido por el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Los exagentes argumentan que no se oponen a trabajar, sino que poseen estudios de licenciatura, maestría y capacitaciones en el extranjero, lo que les lleva a considerar que las labores propuestas no se ajustan a su perfil profesional.

Por su parte, la SSPC informó que actualmente siete mil 121 elementos están desempeñando funciones operativas y administrativas, mientras que 84 de ellos mantienen su negativa a incorporarse al servicio asignado. Ante esta situación, el Consejo de Honor ha determinado como medida preventiva que los involucrados reciban un mínimo vital, equivalente al 30 por ciento de sus percepciones.

Mariana, otra exintegrante de la Policía Federal, acusó que desde la creación de la Guardia Nacional en 2018 y 2019, han enfrentado un proceso sistemático de hostigamiento para forzarlos a renunciar. Además, denunció violaciones al debido proceso, al señalar que se les ha negado el acceso a los expedientes administrativos y a las notificaciones formales correspondientes.