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Chihuahua

Crematorio de la indignación: más de 100 cuerpos en análisis y miles de familias buscan respuestas en Ciudad Juárez

El escándalo del crematorio “Plenitud” en Ciudad Juárez sigue escalando, con más de un centenar de cuerpos aún en proceso de identificación y cientos de familias que exigen explicaciones ante el hallazgo de 386 restos humanos almacenados en condiciones cuestionables.

El Fiscal General del Estado, César Jáuregui Moreno, encabezó una visita a la ciudad para supervisar personalmente los avances de la investigación, acompañado por el Fiscal de Distrito en la Zona Norte, Carlos Manuel Salas. Durante su recorrido por las unidades de investigación, recibió actualizaciones detalladas sobre las acciones forenses y legales emprendidas desde el hallazgo ocurrido el pasado 26 de junio.

Hasta ahora, las autoridades han logrado identificar plenamente a 11 personas fallecidas. Nueve de estos cuerpos ya fueron entregados a sus familiares: ocho fueron cremados a petición de sus deudos y uno más fue inhumado. Este avance ha sido posible gracias al análisis de huellas dactilares, apoyado con 71 muestras enviadas al Instituto Nacional Electoral, de las cuales seis han resultado positivas para identificación.

A la par, se informó que más de 110 cuerpos continúan en proceso de hidratación, un procedimiento técnico que permite preservar tejidos para facilitar la toma de huellas dactilares, lo que resulta crucial para identificar a quienes permanecen sin nombre y brindar certezas a sus seres queridos.

La Fiscalía también ha intensificado la atención ciudadana. En total, mil 650 personas han sido recibidas en los módulos de información habilitados, de las cuales más de mil están directamente relacionadas con el caso del crematorio “Plenitud”. Las restantes corresponden a usuarios que reportaron casos vinculados a otros servicios funerarios, lo que sugiere que el problema podría extenderse más allá de un solo establecimiento.

Como parte de las denuncias que ya empiezan a tomar forma legal, se han recibido siete querellas formales contra funerarias por presunto fraude, lo que abre una nueva línea de investigación que apunta a irregularidades sistemáticas en la operación de este tipo de negocios.

La Fiscalía reiteró su compromiso de destinar todos los recursos necesarios para esclarecer este caso y brindar justicia a las familias, muchas de las cuales todavía no saben si sus seres queridos se encuentran entre los restos encontrados. La indignación social se mantiene viva, y la exigencia de respuestas claras y acciones contundentes continúa creciendo.

Chihuahua

Rafael Loera se contradice ante versiones de posible detención; enemistad con Maru Campos

El polémico exsecretario de Desarrollo Humano y Bien Común, Rafael Loera Talamantes, ofreció declaraciones que han generado dudas sobre su situación jurídica, luego de negar que haya promovido un amparo ante una posible orden de aprehensión, pero dejar abierta la posibilidad de recurrir a ese mecanismo legal.

Las versiones sobre una eventual investigación de la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua colocaron al exfuncionario en el centro de la atención pública, particularmente después de la detención del exfiscal general César Jáuregui Moreno.

Al ser cuestionado sobre la supuesta solicitud de protección judicial, Loera respondió que “aún no” ha presentado un amparo, una expresión que llamó la atención porque, aunque desmiente haber iniciado el trámite, tampoco descarta hacerlo posteriormente.

El exsecretario defendió su desempeño al frente de la dependencia estatal y aseguró que durante su administración se realizó un trabajo importante. Sin embargo, advirtió que, si enfrenta acusaciones que considere infundadas, utilizará todas las herramientas jurídicas disponibles, incluido el juicio de amparo.

De esta manera, Loera pasó de rechazar las versiones sobre una supuesta protección judicial a reconocer que podría recurrir precisamente a ese instrumento si las circunstancias lo requieren.

La diferencia entre ambas declaraciones no constituye necesariamente una contradicción jurídica, pero sí refleja un cambio de enfoque en su respuesta pública: primero niega haberse amparado y después contempla esa posibilidad frente a eventuales señalamientos.

Hasta el momento, ninguna autoridad ha confirmado públicamente la existencia de una orden de aprehensión contra Rafael Loera ni se ha acreditado que haya promovido un juicio de amparo.

El asunto adquiere relevancia política porque el exfuncionario busca la candidatura del PAN a la presidencia municipal de Chihuahua, mientras su gestión en la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común permanece sujeta a revisiones administrativas.

Loera también lamentó la situación jurídica que enfrenta César Jáuregui, a la que calificó como un duro golpe para Acción Nacional, y expresó su deseo de que el exfiscal consiga superar el proceso.

Por ahora, el exsecretario insiste en que no ha solicitado protección judicial. No obstante, su respuesta deja abierta una posibilidad que inicialmente buscó desmentir: el amparo todavía no existe, según sus propias palabras, pero tampoco está descartado.

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