Chihuahua, Chih. – Marco Bonilla, coordinador político estatal del Partido Acción Nacional (PAN) y alcalde de Chihuahua, defendió las medidas aprobadas en el estado para evitar la intervención del crimen organizado en los procesos electorales. Esto ocurre tras la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que revisa la reforma electoral local.

Bonilla criticó a Morena por impugnar estas disposiciones, que, según su opinión, buscan fortalecer la protección de los comicios en Chihuahua. Destacó que las medidas incluyen la posibilidad de anular una elección si se demuestra la intervención de grupos criminales.

El alcalde enfatizó que la legislación local tiene como objetivo impedir la participación de personas con presuntos vínculos con la delincuencia organizada, formando parte de un esquema de blindaje electoral que, afirmó, cuenta con el respaldo de diversas fuerzas políticas, excepto Morena.

“Esa protección existe para que las y los chihuahuenses vivan en paz, para que ninguna familia tenga que preguntarse si detrás de una candidatura hay estructuras del crimen organizado. Quitar ese blindaje no es un tecnicismo legal”, expresó Bonilla.

Además, el coordinador político del PAN se refirió al proceso interno de Morena de cara a la elección estatal de 2027, cuestionando la designación de Cruz Pérez Cuéllar en ese partido. Aseguró que el debate público debe centrarse en la revisión de resultados, antecedentes administrativos y el cumplimiento de compromisos de quienes aspiran a gobernar Chihuahua.

Bonilla subrayó que el debate electoral hacia 2027 debe enfocarse en contrastar las trayectorias de gobierno y evaluar el desempeño de los aspirantes en los cargos públicos que han ocupado.

El panista reafirmó su compromiso con la defensa de Chihuahua ante los riesgos relacionados con la seguridad pública y la integridad de los procesos electorales. “Como chihuahuense, no voy a permitir que se ponga en riesgo. Y juntos vamos a defender a todo Chihuahua”, concluyó.

La discusión se desarrolla en el contexto de la revisión judicial a reformas electorales de Chihuahua, que abordan causales de nulidad, cancelación de candidaturas y posibles vínculos con la delincuencia organizada, un tema que se perfila como central en el debate político estatal hacia el proceso electoral de 2027.