Aunque el Congreso y el gobierno federal impulsaron la reforma para que la Clave Única de Registro de Población (CURP) incorpore datos biométricos y se convierta en el nuevo documento nacional de identificación, el presupuesto 2026 no contempla recursos específicos para ponerla en marcha.

En el Proyecto de Presupuesto de Egresos, la Secretaría de Gobernación (Segob) incluyó como prioridad la implementación de registros biométricos e identidad. La Dirección General del Registro Nacional de Población (Renapo) fijó como meta alcanzar un avance de 93.08% en ese rubro el próximo año. Para ello, prevé contratar operadores especializados en biometría, personal con formación registral y trabajadores capacitados en gestión de identidad.

El presupuesto destinado al Renapo asciende a 290 millones 221 mil pesos: 68.5 millones irán a salarios, 171.1 millones a gastos de operación y 50 millones a subsidios y ayudas. Sin embargo, no se asignó un rubro específico para la captura de datos biométricos. La Agencia de Transformación Digital, pieza clave en este proyecto, tampoco recibió recursos para ese fin.

La reforma aprobada en 2023 modificó la Ley General de Población y estableció que la CURP deberá incluir huellas dactilares y fotografía, con carácter universal y obligatorio. Morena defendió la medida como un paso hacia la modernización del sistema de identificación; la oposición, en cambio, la calificó como la “ley espía”, advirtiendo sobre riesgos en la creación de una nueva base de datos ciudadana sin reglas claras de protección.

La ley también dio origen a la Plataforma Única de Identidad, pensada como la herramienta central para validar y gestionar la CURP y los registros biométricos generados en trámites y servicios.

No obstante, el futuro de la CURP biométrica aún es incierto. En julio, la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, sostuvo una reunión con la titular de la Segob, Rosa Icela Rodríguez, en la que no se abordó la fecha de arranque de la nueva cédula de identidad.