México
¿De dónde salen las armas pesadas del narco en México?
El poder de fuego del narco vuelve a sacudir a México.
Un ataque con armamento de guerra contra un helicóptero militar en el estado de Jalisco la semana pasada a manos del cartel Jalisco Nueva Generación encendió las alarmas.
Los seis militares que viajaban en el helicóptero murieron.
Guadalajara, la segunda ciudad del país, y otros puntos del estado sufrieron la virulencia de esta organización delictiva, considerada por las autoridades de México y Estados Unidos como una de las más peligrosas del país.
Quince muertos (seis militares, un policía y ocho presuntos delincuentes), decenas de «narcobloqueos» y gasolineras atacadas tras los enfrentamientos entre fuerzas de seguridad y hombres armados en el marco de la «Operación Jalisco» destinada a debilitar al cartel.
Ese fue el saldo de la caótica jornada del 1º de mayo.
La violencia no es nueva en el estado. A comienzos del mes pasado, 15 policías murieron en una emboscada del cartel con armas de grueso calibre y lanzagranadas.
Pero el ataque directo a una aeronave militar tuvo, reconoció el gobierno, «una connotación especial».
Ante esto, las autoridades buscan mostrarse en control de la situación.
El secretario de gobernación (ministro del Interior), Miguel Angel Osorio Chong, encabezó este martes una reunión del gabinete de seguridad en Jalisco y prometió que se actuará con «firmeza, decisión y oportunidad».
El mismo día el propio presidente Enrique Peña Nieto aprovechó un acto con militares para recordar: «Nuestros soldados y marinos han contribuido decisivamente a neutralizar a 93 de los 122 objetivos relevantes de la delincuencia».
Son los miembros de los carteles más buscados por las autoridades, los llamados «objetivos prioritarios». Uno de los que sigue suelto es «El Mencho», Nemesio Oseguera Cervantes, líder del cartel Jalisco Nueva Generación.
Después de los enfrentamientos, la Secretaría de Defensa de México infomó que decomisó al cartel cuatro lanzagrandas y diez cohetes.
«Un reto frontal al Estado»
Aunque la del viernes no es un tipo de ofensiva sin precedente en el país, evidenció la capacidad de fuego de los carteles que han sumido a ciertas zonas del país en ocasionales escenarios de guerra.
El analista en seguridad Alejandro Hope no busca quitarle trascendencia a lo ocurrido, pero intenta ponerlo en contexto.
En conversación con BBC Mundo, recuerda artículos y cifras de años previos en los que se habla de al menos 55 ataques del crimen organizado contra aeronaves del ejército.
«La novedad es que le dieron al rotor y sí lo tumbaron, pero balaceras contra helicóptero ha habido. Fue muy grave lo sucedido, fue un reto frontal al Estado, pero no es un hecho sin precedentes», explica.
El propio gobierno, a través del Comisionado Nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido, reconoció la gravedad del ataque.
«El hecho de que hayan atacado al helicóptero Cougar con unos cohetes que se lanzan a través de una granada, se llaman RPG, demuestra la capacidad de fuego de este grupo», señaló a la cadena Televisa.
El origen de las armas
Las denuncias de armamento de guerra en manos de los carteles no son nuevas y, opina Hope, no representan un incremento en la capacidad de ataque ni el equipamiento de estas organizaciones.
Lanzacohetes, AK-47, ametralladoras Uzi, fusiles Galil, granadas de fragmentación, fusiles Barret, fusiles AR-15: algunas de las armas que se han denunciado están en manos del narco.
De hecho, de acuerdo a datos oficiales, entre 2006 y 2012 fueron decomisados a organizaciones delictivas 81 lanzacohetes de tipo RPG.
El gobierno informó este martes que en el operativo de la semana pasada se incautaron de dos lanzacohetes RPG, dos lanzacohetes LAW, armas largas y cortas, granadas y casi 4.000 cartuchos de diferentes calibres.
Surge la evidente pregunta del flujo de armamento hacia los carteles.
Los RPG (del inglés rocket-propelled grenade), también conocidos como granada propulsada por cohete o lanzacohetes, «pueden ser muy mortíferos pero lo usa cualquier milicia de tercera en cualquier guerra civil de quinta, no estás hablando de un arma de alto grado de sofisticación», señala Hope.
«Si una milicia en Somalia lo usaba, por qué no acá. Se encuentran en todos los conflictos internos del mundo. Aquí la sorpresa fue que le pegaron (al helicóptero), el tirador debe haber sido el primer sorprendido de que le pegó», añade.
El analista considera que aunque no puede asegurarlo con precisión no le sorprendería que «vinieran de Centroamérica».
«En algún momento se rastrearon cargamentos de granadas de fragmentación, que venían del Ejército de El Salvador, misiles LAW, arsenales militares de Honduras que habían sido regalados por Estados Unidos por los ’80», sostiene.
Pero esto es el material vistoso, un porcentaje menor en los arsenales del narco.
La mayoría es el rifle de asalto u otro tipo de armas que se adquieren legalmente. El mercado negro tiene su relevancia, y también el gris: donde se compra legalmente en un país determinado, pero se importa ilegalmente a México.
«Es más difícil comprar un coche»
«El 90% de las armas del narco vienen de Estados Unidos. Es una cifra lógica», señala Hope al recordar un estudio sobre la materia publicado en 2010 por el Centro Internacional para Académicos Woodrow Wilson, con sede en Estados Unidos.
Otras investigaciones de oficinas públicas del gobierno de EE.UU. han asegurado que el porcentaje es del 70%.
«Hay como 8.000 armerías del lado americano en estados fronterizos, hay gun shows (feria de venta de armas)», añade, «mercados secundarios de armas donde ahí no piden identificación de nada, no te hacen ninguna pregunta, es más difícil comprar un coche que un arma».
El informe del Centro Wilson asegura que las principales armas recuperadas en México que habían sido compradas en Estados Unidos eran los rifles semiautomáticos AK-47 y AR-15.
En una investigación de Eugenio Weigend Vargas y Silvia Villareal González publicada el año pasado en la Mexican Law Review, y reproducida por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, se estima que anualmente se trafican a través de la frontera entre ambos países 253.000 armas de fuego.
De acuerdo con cifras del primer informe de gobierno de Peña Nieto, presentado en 2013, durante 2011 se incautaron alrededor de 40.000 armas, siendo este año el de mayor número de incautaciones en los últimos diez años, recordó Weigend en un artículo en la publicación Nexos el año pasado.
«En el mejor de los casos», sentenció, «se está incautando el 16% de las armas entrantes».
Weigend, doctor en Política Pública del Instituto Tecnológico de Monterrey, afirmó en su investigación que uno de los retos para atacar el flujo de armas desde el otro lado de la frontera es «la autonomía que posee cada estado en Estados Unidos para decidir sus propias regulaciones en materia de armas».
«Estas diferencias», explicó, «crean mercados grises que benefician las utilidades de la venta de armas en un lado de la frontera, mientras que fortalece a los grupos del crimen organizado en el otro».
Capacidad económica
Martín Barrón, investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), plantea interrogantes sobre el uso del armamento mencionado en Jalisco pero va más allá.
«El principal tema es la capacidad financiera que tienen las organizaciones delictivas para la adquisición de material y equipo de guerra», le dice a BBC Mundo.
Sobre el origen del armamento, coincide en que el gran mercado del tráfico de armas es Estados Unidos, señala también el flujo proveniente de América Central e incorpora Asia.
«El segundo gran mercado de donde se dice que provienen muchos de los rifles AK-47, es el mercado asiático», explica.
Y en cuanto al acceso a este tipo de mercados, y al entrenamiento para usar armamento de variado calibre, recuerda la presencia en ciertos carteles en el país de exintegrantes del ejército mexicano y de fuerzas de seguridad de países sudamericanos.
En el marco de una guerra contra el narco que lleva más de ocho años y más de 100.000 muertes, Barrón teme por una escalada si el gobierno se ve obligado a utilizar equipos más sofisticados en respuesta al desafío del narco.
«La autoridad debe tomar otras medidas, porque es a la que le compete la protección de los ciudadanos», opinó, «y no usar ese armamento sino hacer más labor de inteligencia donde se privilegie el conocimiento y el análisis de las organizaciones».
Tomado de BBC Mundo
México
Detesta Sheinbaum el regreso de Rocha a Sinaloa
El regreso de Rubén Rocha Moya como gobernador de Sinaloa, tras 112 días de licencia, ha calado en las entrañas del partido en el poder. El Gobierno de Claudia Sheinbaum, así como Morena y una veintena de gobernadores emanados de la autonombrada Cuarta Transformación, han querido desmarcarse de la decisión de quien hoy está acusado por Estados Unidos de supuestos nexos con una de las facciones del Cártel de Sinaloa. Rocha Moya, argumentan en el oficialismo, ha vuelto a su cargo de forma unilateral, en una decisión no consultada.
La agrupación guinda encabezada por Ariadna Montiel ha asegurado, en un escueto mensaje, que no fue informada previamente, que “se deslinda de esta decisión” y, coincidiendo con la Secretaría de Gobernación de Rosa Icela Rodríguez, aclara que la reincorporación de Rocha Moya responde a una determinación personal del mandatario sinaloense.
La reacción de los otros gobiernos estatales ha ido más lejos. Han recordado al gobernador que “ninguna decisión personal está por encima del mandato ciudadano ni del proyecto colectivo”. No han necesitado pedirle expresamente que solicite una nueva licencia. Después de cerrar filas con Sheinbaum, el mensaje ha sido inequívoco: “Hacemos un llamado a Rubén Rocha Moya a la madurez y a la responsabilidad”. El pronunciamiento confirma que el regreso de Rocha no cuenta con el respaldo político de la estructura territorial de Morena.
Con todo, la reacción del oficialismo ha llegado con retraso: cinco horas después de que Rocha Moya anunciara su regreso e incluso acudiera a la sede gubernamental. El mensaje de la dirigencia morenista ha sido replicado textualmente por algunas figuras de la agrupación guinda, como Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones, mientras los senadores del bloque han dicho que serán respetuosos de los tiempos y de las indagatorias de las autoridades.
Otras figuras también han elevado el tono. Ricardo Monreal, coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, ha sugerido a Rocha reconsiderar su decisión y retomar la licencia hasta que la Fiscalía General de la República (FGR) concluya las investigaciones, bajo el argumento de que así se evitaría que este episodio sirva a la oposición “para dañar la imagen de la presidenta”.
No ha sido el único. Alfonso Ramírez Cuéllar, vicecoordinador de los diputados de Morena y cercano a la mandataria, también se ha salido del guion y ha recalcado que el regreso de Rocha es una muestra de que el fuero constitucional —que protege al gobernador de ser procesado penalmente— debe desaparecer. “El fuero es una vergüenza nacional. Es una protección injustificada y arbitraria que genera impunidad y degrada la representación popular”, ha lanzado.
La Secretaría de Gobernación también ha aclarado que la Fiscalía a cargo de Ernestina Godoy mantiene abiertas las carpetas de investigación relacionadas con los 10 funcionarios y exfuncionarios en la mira de Estados Unidos, incluido Rocha. Y ha reiterado que la Secretaría de Relaciones Exteriores ha solicitado con insistencia a Washington las pruebas que sustenten los señalamientos. Hasta ahora, no han llegado.
Sin embargo, la mandataria no ha emitido pronunciamiento alguno. El regreso de Rocha ha coincidido con un resfriado que ha impedido a Sheinbaum encabezar su conferencia matutina este viernes. “Les informo que amanecí con gripa muy fuerte, tos y fiebre; no es nada grave, pero los médicos me han recomendado reposo”, publicó la presidenta en su cuenta de X horas antes de que el gobernador anunciara su regreso.
Rocha, entretanto, ha construido su retorno sobre la idea de que, después de la presunta investigación de la Fiscalía mexicana, no existen elementos que acrediten su participación en un delito. En su mensaje, aseguró que es “ajeno e inocente” respecto de las acusaciones y que vuelve para cumplir su encargo hasta octubre de 2027.
El Departamento de Seguridad de Estados Unidos señala a Rocha y a otros nueve funcionarios y exfuncionarios cercanos a él, incluido el senador Enrique Inzunza, por presuntos vínculos con una facción del Cártel de Sinaloa. El gobernador se ha limitado a negar las imputaciones.
Antes de que el oficialismo saliera a plantar cara, las críticas de la oposición cayeron como avalancha. El PAN condenó la decisión de Rocha Moya. Jorge Romero, dirigente del partido albiazul, desconoció al Gobierno de Sinaloa y reiteró su petición de declarar la desaparición de poderes en el estado, una facultad del Senado mexicano, mientras legisladores panistas, del PRI y de Movimiento Ciudadano calificaron el regreso como un símbolo de impunidad. La senadora Lilly Téllez habló de un país sometido por un “narcopartido”.
El PRI endureció todavía más el tono. El dirigente del partido tricolor, Alejandro Moreno, acusó al gobernador de ser un político protegido por Morena y sostuvo que su regreso evidencia la política de impunidad que ha denunciado en reiteradas ocasiones.
Desde Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez calificó el hecho como un día de “vergüenza nacional” y cuestionó el mensaje que el Gobierno envía con este retorno. “No se aclararon las acusaciones del Gobierno de Estados Unidos que emitió una orden de extradición del gobernador de Sinaloa. Sin verdad y sin justicia, solo queda impunidad”, dijo en un video publicado en sus redes.
Guadalupe Acosta Naranjo, dirigente del partido de reciente creación Somos México, atribuyó el regreso a una decisión del Gobierno y aseguró que existe un pacto de impunidad.
El anuncio de Rocha ha llegado, además, a atizar el fuego político en Sinaloa, que se extiende a todo el país. La detención de Fausto Corrales volvió a poner bajo los reflectores el episodio del 25 de julio de 2024, cuando fue asesinado el exdiputado federal Héctor Melesio Cuén y secuestrado Ismael El Mayo Zambada para ser trasladado contra su voluntad a Estados Unidos, según la versión sostenida por la FGR a raíz de una carta atribuida al capo. Corrales es considerado un testigo clave de ese capítulo.
Aun así, Rocha vuelve ahora al Palacio de Gobierno, carente del respaldo de la presidenta, de su partido y de sus correligionarios. Mientras tanto, se reactivan un puñado de preguntas: ¿cuánto ha avanzado la investigación de la Fiscalía mexicana? ¿Qué pruebas tiene Estados Unidos contra Rocha Moya?
Con todo esto en el aire, el gobernador vuelve a la primera línea y retoma su cargo en el ojo del huracán.
-
México2 días agoExmagistrada Mónica Soto podría llegar al gobierno, dice Sheinbaum
-
Dinero2 días agoAnalistas mejoran previsión para el peso y esperan dólar en 17.68 pesos al cierre de 2026
-
México2 días ago
Exmagistrada Mónica Soto podría llegar al gobierno, dice Sheinbaum
-
Chihuahua2 días agoMaru Campos celebra ampliación de operaciones de Pegatron en Ciudad Juárez con inversión de 330 mdd