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Delegados exigen poder promoverse; reclaman ‘derechos propagandísticos’

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Alegando respeto a sus derechos propagandísticos, superdelegados de programas federales en los estados buscan que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) les retire sanciones por promoción personalizada y les permita el libre ejercicio de recursos públicos y la divulgación de logros gubernamentales.

Mediante 39 impugnaciones presentadas ante la Sala Superior del máximo tribunal en materia electoral, los funcionarios buscan echar atrás el fallo de la Sala Regional Especializada del propio TEPJF, que determinó que los superdelegados y los funcionarios de la Secretaría de Bienestar incurrieron en propaganda gubernamental, con elementos de promoción personalizada y uso indebido de recursos públicos y de la imagen del jefe del Ejecutivo.

Las impugnaciones provienen de funcionarios federales de 24 estados. Entre los superdelegados que las promovieron destacan Reyes Flores Hurtado, de Coahuila; Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, de Guerrero; Roberto Pantoja Arzola, de Michoacán; Hugo Eric Flores Cervantes, de Morelos; Rodrigo Abdalá Dartigues, de Puebla; Lorena Cuéllar Cisneros, de Tlaxcala; Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, de Veracruz, y Joaquín Jesús Díaz, de Yucatán, quienes suenan como posibles aspirantes a las gubernaturas de sus estados.

Superdelegados de programas federales en los estados reclaman ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) sus derechos propagandísticos de cara a los próximos comicios locales y los intermedios de 2021.

En la Sala Superior del máximo tribunal en materia electoral se registraron 39 recursos de impugnación en contra de la resolución que emitió la Sala Regional Especializada del propio Tribunal Electoral, que determinó que los superdelegados y los funcionarios de la Secretaría de Bienestar incurrieron en propaganda gubernamental, con elementos de promoción personalizada y uso indebido de recursos públicos, así como el uso indebido de la imagen del presidente Andrés Manuel López Obrador y la mención de logros cumplidos en diversas frases.

En la ponencia del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón están concentrados los recursos de revisión del procedimiento especial sancionador de los funcionarios federales sancionados por incurrir en violaciones al artículo 134 constitucional, que establece el uso imparcial de los recursos públicos y prohíbe la promoción personalizada de los servidores públicos.

Ahora, los superdelegados del gobierno federal en los estados, así como los subdelegados, los asignados como funcionarios regionales y los servidores de la nación tienen registradas sus impugnaciones para que desde la Sala Superior se resuelva no sólo que no sean sancionados, sino que puedan ejercer libremente la distribución de los recursos y la promoción de logros gubernamentales, principalmente en el contexto de los próximos procesos electorales.

Las impugnaciones provienen de funcionarios federales de Aguascalientes, Campeche, Ciudad de México, Coahuila, Colima, Chiapas, Durango, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.

Dentro de los 24 superdelegados que defienden sus derechos propagandísticos ante la Sala Superior del TEPJF, sobre todo porque son de los que se mencionan entre los posibles aspirantes a las respectivas gubernaturas de sus estados, están Reyes Flores Hurtado, de Coahuila; Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, de Guerrero; Roberto Pantoja Arzola, de Michoacán; Hugo Eric Flores Cervantes, de Morelos; Rodrigo Abdalá Dartigues, de Puebla; Lorena Cuéllar Cisneros, de Tlaxcala; Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, de Veracruz, y Joaquín Jesús Díaz, de Yucatán.

Además, están otros superdelegados estatales: Aldo Emmanuel Ruiz Sánchez, de Aguascalientes; Katia Meave Ferniza, de Campeche; María Cristina Cruz, de la Ciudad de México; Indira Vizcaíno, de Colima; José Antonio Aguilar, de Chiapas; Edgar Morales, de Durango; Mauricio Hernández, de Guanajuato; Armando Zazueta, de Jalisco; Blanca Judith Díaz, de Nuevo León; Nancy Cecilia Ortiz, de Oaxaca; Gabino Morales, de San Luis Potosí; José Jaime Montes, de Sinaloa; Jorge Luis Taddei, de Sonora; Carlos Manuel Merino Campos, de Tabasco; José Ramón Gómez Leal, de Tamaulipas, y Verónica del Carmen Díaz Robles, de Zacatecas.

El senador por Michoacán, Cristóbal Arias, advirtió que el próximo gobierno del estado no debe ser para satisfacer los egos de una persona ni en el que se privilegie el autoritarismo.

De cara a los comicios para renovar la gubernatura michoacana en 2021 y ante la mención de que podría ser candidato, al igual que el delegado federal en el estado, Roberto Pantoja Arzola, Arias puntualizó que para Michoacán no se debe considerar un gobierno de pensamiento uniforme ni que busque satisfacer los intereses de grupo, sino beneficiar a toda la población.

Fuente: Excelsior

Chihuahua

Maru Campos encabeza reunión semanal de la Mesa de Seguridad

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La gobernadora Maru Campos encabezó la reunión de la Mesa Estatal de Construcción de Paz en Palacio de Gobierno, en la que autoridades revisaron los avances en materia de atención integral a víctimas, protección a mujeres y estrategias de prevención del delito.

Durante la sesión, la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia presentó un reporte sobre la incidencia de delitos, y los avances que tiene en las acciones de prevención e investigación.

Informó que al momento hay 250 generadores de violencia que cumplen con una condena, se ha atendido a 3 mil 679 mujeres con 30 mil servicios en materia psicológica y jurídica. Por su parte, el Instituto Chihuahuense de las Mujeres brindó 8 mil 630 servicios.

Por otra parte, la Fiscalía General del Estado (FGE) dio a conocer resultados de las intervenciones realizadas en la comunidad de Yoquivo, municipio de Ocampo, donde diversas dependencias estatales llevaron a cabo acciones de atención comunitaria, prevención del delito y búsqueda de personas.

También se brindaron servicios médicos, orientación jurídica, atención a víctimas, entrega de apoyos y actividades de sensibilización para promover la denuncia y el ejercicio de los derechos de la población.

Se efectuaron recorridos preventivos en caminos y comunidades de la región, para fortalecer la presencia institucional y mantener el monitoreo en zonas que registraron hechos relacionados con el delito de trata de personas.

La intervención fue realizada por la Agencia Estatal de Investigación, Fiscalía Especializada en Violación a Derechos Humanos, Comisión de Búsqueda y Desaparición Forzada, Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado y Secretaría de Salud.

De acuerdo con el informe, la comunidad expresó estabilidad en el tema de seguridad y manifestó su deseo de que haya más intervenciones conjuntas.

En la asamblea estuvieron presentes el secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña; el secretario de Seguridad Pública del Estado, Gilberto Loya; el encargado del despacho de la Fiscalía General del Estado, Francisco Sáenz y en representación de la Fiscalía General de la Republica, Andrea Guzmán.

También asistió el comandante de la 5/a Zona Militar, Felipe González; el coordinador estatal de la Guardia Nacional, Israel Caro; el representante de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Fernando Ávila y la delegada de Programas para el Bienestar, Mayra Chávez.

Participó además, Ana Murga, encargada de despacho de la FEM; Raquel Bravo, directora del Instituto Chihuahuense de las Mujeres y Norma Ledezma, comisionada ejecutiva de atención a víctimas.

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