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Resto del mundo

Demandan video de mexicano asesinado

La familia del inmigrante mexicano Rubén García Villalpando, asesinado por un agente de policía de Grapevine, en Dallas, interpuso una demanda para obligar al Departamento de Policía de ese suburbio a dar a conocer el video grabado de los hechos.

El agente Robert William Clark disparó y mató a Villalpando el pasado 20 de febrero, cuando éste se bajó de su automóvil tras una persecución y aparentemente se acercaba desarmado a la patrulla del policía.

Hasta ahora, las autoridades han permitido que una media docena de familiares de Villalpando y sus abogados observen el video y según ellos, las imágenes muestran como el agente Clark utilizó fuerza mortal injustificada.

Domingo García, abogado que representa a la familia, dijo que el video muestra que el mexicano estaba desarmado y seguía las órdenes del policía a pesar de que el oficial le gritaba improperios y usaba nombres despectivos.

La demanda fue presentada la víspera, el mismo día en que la Oficina del Médico Forense del Condado de Tarrant dio a conocer los resultados de la autopsia practicada a Villalpando, según los cuales el mexicano se encontraba legalmente ebrio en momentos en que el policía le disparó.

El abogado García dijo que los resultados de la autopsia no cambian el hecho de que él se encontraba desarmado y tenía sus manos en el aire cuando se le disparó.

«En Texas todavía no existe la pena de muerte por manejar intoxicado», indicó y añadió que es hora de que liberen el video, que fue tomado por la cámara de la patrulla del oficial que mató a Villalpando.

La autopsia mencionó como causa de la muerte las heridas de bala en el pecho y clasificó la forma de muerte como homicidio.

Villalpando, quien estaba casado y con cuatro hijos, menores de 10 años de edad, no tenía antecedentes penales.

Fuente: La Razón de San Luis

Resto del mundo

Cofece multa a Walmart por prácticas monopólicas: la batalla legal apenas comienza

La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) asestó un golpe histórico al multar a Walmart de México con 93.4 millones de pesos tras concluir una investigación que se extendió por más de cuatro años. La razón: prácticas monopólicas relativas, particularmente en el trato con sus distribuidores.

Según el dictamen de la Cofece, Walmart aprovechó su posición dominante en el mercado para imponer condiciones desfavorables a los proveedores, afectando la competencia en el sector. Aunque no se han revelado todos los detalles de las “contribuciones” impuestas a los distribuidores, el veredicto destaca cómo estas prácticas distorsionan el acceso al mercado y perjudican a competidores más pequeños.

En respuesta, Walmart no tardó en reaccionar. La empresa anunció que impugnará la decisión y enfatizó su compromiso con el cumplimiento de las leyes mexicanas. En su comunicación oficial, destacó que la sanción carece de fundamento y que está basada en interpretaciones erróneas. Este movimiento era predecible: para una empresa de este tamaño, 93 millones de pesos no solo representan una cifra considerable, sino también una amenaza a su reputación.

Por otro lado, la Cofece también se juega mucho. Este caso es una muestra clara de su intención de reforzar la vigilancia sobre los gigantes corporativos. Sin embargo, una batalla legal prolongada podría poner a prueba su capacidad de defender sus resoluciones en tribunales.

Más allá de la multa, el caso de Walmart pone el reflector sobre una problemática común en el comercio minorista: el desbalance de poder entre grandes cadenas y pequeños distribuidores. Si bien el desenlace de este litigio aún está por definirse, el mensaje es claro: los días de actuar sin consecuencias podrían estar contados. La industria y los consumidores estarán atentos a cada movimiento en esta batalla judicial.

 

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