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Demandan video de mexicano asesinado

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La familia del inmigrante mexicano Rubén García Villalpando, asesinado por un agente de policía de Grapevine, en Dallas, interpuso una demanda para obligar al Departamento de Policía de ese suburbio a dar a conocer el video grabado de los hechos.

El agente Robert William Clark disparó y mató a Villalpando el pasado 20 de febrero, cuando éste se bajó de su automóvil tras una persecución y aparentemente se acercaba desarmado a la patrulla del policía.

Hasta ahora, las autoridades han permitido que una media docena de familiares de Villalpando y sus abogados observen el video y según ellos, las imágenes muestran como el agente Clark utilizó fuerza mortal injustificada.

Domingo García, abogado que representa a la familia, dijo que el video muestra que el mexicano estaba desarmado y seguía las órdenes del policía a pesar de que el oficial le gritaba improperios y usaba nombres despectivos.

La demanda fue presentada la víspera, el mismo día en que la Oficina del Médico Forense del Condado de Tarrant dio a conocer los resultados de la autopsia practicada a Villalpando, según los cuales el mexicano se encontraba legalmente ebrio en momentos en que el policía le disparó.

El abogado García dijo que los resultados de la autopsia no cambian el hecho de que él se encontraba desarmado y tenía sus manos en el aire cuando se le disparó.

«En Texas todavía no existe la pena de muerte por manejar intoxicado», indicó y añadió que es hora de que liberen el video, que fue tomado por la cámara de la patrulla del oficial que mató a Villalpando.

La autopsia mencionó como causa de la muerte las heridas de bala en el pecho y clasificó la forma de muerte como homicidio.

Villalpando, quien estaba casado y con cuatro hijos, menores de 10 años de edad, no tenía antecedentes penales.

Fuente: La Razón de San Luis

Nota Principal

Trump anuncia nuevos aranceles del 10% tras fallo de la Corte Suprema que anuló sus gravámenes globales

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que firmará una orden ejecutiva para imponer un arancel global del 10% durante 150 días, luego de que la Corte Suprema anulara los gravámenes generalizados que su administración había implementado desde su regreso a la presidencia.
La medida se ampara en la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, que faculta al mandatario a imponer restricciones temporales de importación de hasta el 15% ante situaciones de «problemas graves y significativos» de balanza de pagos, sin requerir investigaciones adicionales. Trump precisó que estos nuevos aranceles se sumarán a los ya vigentes.
El anuncio llegó horas después de que el máximo tribunal del país determinara, por seis votos contra tres, que la administración sobrepasó sus atribuciones al aplicar aranceles globales bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) de 1977. El fallo establece que la Constitución reserva ese tipo de potestad al Congreso, no al Ejecutivo.
Trump calificó la sentencia de «profundamente decepcionante» y señaló sentirse «absolutamente avergonzado» por la decisión de los magistrados que votaron en su contra. Sugirió que el tribunal fue influenciado por «intereses extranjeros» y agradeció explícitamente a los jueces Samuel Alito, Clarence Thomas y Brett Kavanaugh, quienes votaron en disenso.
Entre las medidas afectadas por el fallo se encuentran la tarifa base del 10% a las importaciones, los gravámenes recíprocos contra socios comerciales, los aranceles adicionales del 25% a México y Canadá vinculados al control del tráfico de drogas, la eliminación de la exención para envíos de bajo valor con impacto en comercio electrónico, y aumentos de hasta el 50% sobre productos de Brasil e India. Según Trump, el dictamen podría obligar al gobierno a reembolsar hasta 240,000 millones de dólares recaudados mediante los gravámenes anulados.
El mandatario informó además que su gobierno ha iniciado investigaciones sobre prácticas comerciales desleales bajo el Artículo 301, aunque este tipo de procesos suele requerir varios meses para concluirse. Trump reiteró que su administración continuará explorando todas las herramientas legales disponibles para proteger la economía estadounidense.

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