Productores de vainilla en Papantla, Veracruz, han solicitado un plazo hasta diciembre para pagar el derecho de piso, correspondiente a las cosechas que han tardado años en producir. Sin embargo, esta solicitud no fue atendida y, días después, encontraron sus plantaciones incendiadas.

En la región cafetalera central, los productores también han pedido protección ante extorsiones y robos durante las temporadas de cosecha, un problema que ha sido reconocido públicamente por las autoridades federales del sector agropecuario. El cobro de piso representa una amenaza significativa para dos productos emblemáticos del campo veracruzano: el café y la vainilla.

Las autoridades estatales han manifestado su reconocimiento ante estas amenazas y han brindado apoyo a los cafetaleros, aunque admiten que en el caso de la vainilla, la delincuencia los tomó por sorpresa. En la región del Totonacapan, son pocos los productores de vainilla, ya que requieren ingresos constantes y una producción a largo plazo. Los beneficios económicos son considerables si logran obtener un buen cultivo que concentre los sabores.

Desde hace al menos cinco años, los grupos delincuenciales han alterado la tranquilidad de los agricultores. Inicialmente, comenzaron con los “hojeros”, quienes recolectan la hoja de maíz para su venta en Estados Unidos, donde se utiliza para la elaboración de papel moneda, lo que ha elevado los precios de venta y generado discordia.

Posteriormente, estos grupos delictivos ampliaron su enfoque hacia el cultivo de vainilla, exigiendo un pago mensual por cada cultivo, conscientes de que algunos agricultores no tenían conexiones locales. Las amenazas han tenido efecto, llevando a varios productores a entregar dinero para asegurar un poco de tranquilidad. Sin embargo, la presión ha aumentado en los últimos meses.

Recientemente, hace aproximadamente tres semanas, los productores se encontraron con la devastadora sorpresa de que sus cultivos habían sido carbonizados, acompañados de advertencias escritas que servían como recordatorio de que no habían cumplido con los pagos exigidos. Esta situación refleja la creciente inseguridad y el impacto negativo que el crimen organizado tiene sobre la agricultura en la región.