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Chihuahua

Denuncian que Secretaría de Hacienda dio al PRI 3 millones de pesos mensuales

Autorizados por el ex director general de Administración de la Secretaría de Hacienda, Gerardo Villegas Madriles, fueron pagados montos de hasta 3 millones de pesos al mes para el PRI Estatal y para liderazgos del tricolor, amparados con recibos en hojas simples con las firmas de los beneficiarios.
La diputada Karina Velázquez, el líder juvenil del PRI Christopher James Barousse, el secretario de Finanzas del tricolor Pedro Mauli Romero y hasta un hermano del exgobernador César Duarte, Sixto Duarte, aparecen en los expedientes por haber recibido recursos públicos de la Secretaría de Hacienda sin justificación alguna, según informa en un reporte El Heraldo de Chihuahua este miércoles.
Las evidencias de esos montos obran en expedientes de nuevos procesos penales que preparan la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de la Función Pública, para imputar delitos de peculado y otros, en contra de quienes desviaron recursos públicos y de quienes los recibieron.
Según las investigaciones, se trata de “apoyos” mensuales que salían de la Secretaría de Hacienda por instrucciones del entonces director de Administración, Villegas Madriles, hoy sometido a proceso penal por el delito de peculado por desvío de recursos de la Secretaría de Educación, con medida de prisión preventiva en lo que se inicia el juicio.
Dichos recursos eran otorgados sin que existiera comprobación o justificación, sólo con un recibo simple firmado por el beneficiario, con los datos de la fecha, nombres y conceptos por los que se entregaban, para luego ser archivados de forma oculta.
Los recibos están hechos sobre hojas en blanco, sin membretes ni logos oficiales, pero aun así eran archivados como papelería oficial para documentar el ejercicio del gasto, lo cual se reportaba por Villegas Madriles directamente al entonces
Presumiblemente los apoyos mensuales se instauraron desde el 2011, tres meses después del comienzo del sexenio de Duarte Jáquez, en octubre de 2010, y se daban a decenas de personas.
En el caso de los otorgados al PRI Estatal, se supone que se contabilizaban como parte del descuento que aceptaban los empleados de confianza, de un 5% sobre su sueldo, para el pago de nómina y servicios del partido, aunque no existe vinculación de las cuentas donde se depositaban las retenciones que se hacían a los trabajadores y las cuentas de donde se sacaban los recursos de la tesorería estatal, para entregarlos a los administradores del tricolor.
Como ejemplo de lo que obra en las investigaciones se encuentra uno de los últimos documentos firmados por Sixto Duarte Jáquez, de febrero de 2016, en el que se asienta un “apoyo mensual” de 50 mil pesos, que presumiblemente se le otorgó durante prácticamente todo el gobierno de su hermano. Oficialmente no tenía tareas específicas, pero se encargaba de la flotilla aérea del Gobierno del Estado y pilotaba algunos de los aviones oficiales, sobre todo en los viajes del entonces gobernador, labor por la que presumiblemente también recibía un salario mensual.
En otro de los documentos, el exdirector de Administración firmó de recibido un monto de 3 millones de pesos, “para ser entregados a Karina Velázquez”, el 29 de diciembre del 2015. Para esa fecha, la exdiputada federal y exdirectora del programa Chihuahua Vive en la gestión de César Duarte, ya se perfilaba para ser la candidata del PRI a diputada local por el distrito con cabecera en Parral y de hecho el proceso electoral ya había comenzado de manera formal. La parralense ganó la elección y actualmente coordina a las diputadas del Revolucionario Institucional.
En otro recibo simple se asienta la entrega de 3 millones de pesos por “apoyo mensual extraordinario”. Fechado el 23 de diciembre de 2014, el que firma es Pedro Mauli Romero Chávez, secretario de Finanzas del PRI Estatal, a cargo del pago de nómina y gastos operativos del partido.
Recibo simple del 23 de diciembre de 2014 en el que se asienta la entrega de 3 millones de pesos por concepto de apoyo extraordinario al PRI Estatal. Firma de recibido Pedro Mauli Romero Chávez, secretario de Finanzas del PRI Estatal.
Recibo simple del 23 de diciembre de 2014 en el que se asienta la entrega de 3 millones de pesos por concepto de apoyo extraordinario al PRI Estatal. Firma de recibido Pedro Mauli Romero Chávez, secretario de Finanzas del PRI Estatal.
Otro de los documentos asienta el pago de 100 mil pesos por “apoyo mensual” al líder nacional de la Red de Jóvenes por México, Christopher James Barousse, quien fungió como director del Instituto de la Juventud, antes de encabezar el organismo juvenil del PRI y participar como candidato a diputado, sin éxito.
Como este tipo de casos existen decenas de pagos secretos que se documentaban mediante recibos simples y ahora forman parte de nuevos expedientes de corrupción del sexenio pasado.

Chihuahua

Rafael Loera se contradice ante versiones de posible detención; enemistad con Maru Campos

El polémico exsecretario de Desarrollo Humano y Bien Común, Rafael Loera Talamantes, ofreció declaraciones que han generado dudas sobre su situación jurídica, luego de negar que haya promovido un amparo ante una posible orden de aprehensión, pero dejar abierta la posibilidad de recurrir a ese mecanismo legal.

Las versiones sobre una eventual investigación de la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua colocaron al exfuncionario en el centro de la atención pública, particularmente después de la detención del exfiscal general César Jáuregui Moreno.

Al ser cuestionado sobre la supuesta solicitud de protección judicial, Loera respondió que “aún no” ha presentado un amparo, una expresión que llamó la atención porque, aunque desmiente haber iniciado el trámite, tampoco descarta hacerlo posteriormente.

El exsecretario defendió su desempeño al frente de la dependencia estatal y aseguró que durante su administración se realizó un trabajo importante. Sin embargo, advirtió que, si enfrenta acusaciones que considere infundadas, utilizará todas las herramientas jurídicas disponibles, incluido el juicio de amparo.

De esta manera, Loera pasó de rechazar las versiones sobre una supuesta protección judicial a reconocer que podría recurrir precisamente a ese instrumento si las circunstancias lo requieren.

La diferencia entre ambas declaraciones no constituye necesariamente una contradicción jurídica, pero sí refleja un cambio de enfoque en su respuesta pública: primero niega haberse amparado y después contempla esa posibilidad frente a eventuales señalamientos.

Hasta el momento, ninguna autoridad ha confirmado públicamente la existencia de una orden de aprehensión contra Rafael Loera ni se ha acreditado que haya promovido un juicio de amparo.

El asunto adquiere relevancia política porque el exfuncionario busca la candidatura del PAN a la presidencia municipal de Chihuahua, mientras su gestión en la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común permanece sujeta a revisiones administrativas.

Loera también lamentó la situación jurídica que enfrenta César Jáuregui, a la que calificó como un duro golpe para Acción Nacional, y expresó su deseo de que el exfiscal consiga superar el proceso.

Por ahora, el exsecretario insiste en que no ha solicitado protección judicial. No obstante, su respuesta deja abierta una posibilidad que inicialmente buscó desmentir: el amparo todavía no existe, según sus propias palabras, pero tampoco está descartado.

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