El desalojo dramático de una mujer de 87 años en Madrid ha puesto de relieve la profunda crisis de vivienda que enfrenta España. Maricarmen, quien vivió en su departamento durante 70 años, fue obligada a dejar su hogar el miércoles debido a su incapacidad para pagar el nuevo alquiler establecido por la firma de inversión que adquirió la propiedad. Su padre había rentado el inmueble en 1956 y, tras el fallecimiento de sus padres, ella continuó como inquilina, beneficiándose de un tope en el alquiler.

Sin embargo, la empresa Urbagestión, que compró el edificio en 2018, utilizó un vacío legal para aumentar el alquiler de 500 euros a 2,650 euros. Aunque posteriormente redujeron la nueva renta a 1,650 euros, Maricarmen no pudo cubrir ese monto con su pensión mensual de 1,350 euros. Tres intentos previos de desalojo habían sido bloqueados por los tribunales, lo que generó un creciente interés mediático en su caso.

El martes por la noche, simpatizantes de Maricarmen acamparon frente al edificio, donde se unieron celebridades como Carlos Bardem y la cantante Ana Belén, quien leyó el poema "Desahucio" de Rafael Alberti. A la mañana siguiente, varios cientos de personas, en su mayoría jóvenes, se congregaron para intentar evitar el desalojo, coreando "Maricarmen se queda". Algunos activistas bloquearon las escaleras del edificio.

En un video compartido en redes sociales, Maricarmen, visiblemente emocionada, agradeció a quienes la apoyaron en esta "cruel lucha de alguien que solo busca ganar dinero". La policía acordonó una sección de la calle y retiró a personas de la entrada del edificio, incluyendo a miembros de los medios de comunicación, y algunos manifestantes fueron golpeados con porras.

Un representante del Sindicato de Inquilinas gritó a la policía a través de un megáfono: "Piensen por 10 segundos en Maricarmen, que podría ser su propia abuela". Beatriz Duro, abogada de Maricarmen, calificó la operación policial de desproporcionada, señalando que era la cuarta vez que intentaban desalojarla, pero la primera vez que llegaban a la puerta del inmueble.

En junio, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU pidió que se detuviera el desalojo de la pensionada y que se le ofreciera una alternativa de vivienda asequible. El gobierno local indicó que ella había rechazado la oferta de un lugar en un hogar de ancianos. Por su parte, el gobierno central afirmó que Urbagestión había rechazado sus intentos de negociar la situación de Maricarmen.

Voluntarios ayudaron a empacar las pertenencias de Maricarmen, quien salió de su casa en silla de ruedas para saludar a sus seguidores, visiblemente conmovida y en lágrimas. Aunque un donante anónimo se ofreció a cubrir la mayor parte de su alquiler, Urbagestión supuestamente rechazó la oferta y el desalojo se llevó a cabo. La Ministra de Vivienda, Teresa Rodríguez, expresó que "hoy es un día muy triste y dramático, donde se evidencian los efectos de la especulación desmedida y la falta de control en el mercado".