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Desaparece obra de Leonardo da Vinci valuada en más de 8 mil mdp

Published

hace 7 años

Abr 4, 2019

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Una de las obras más caras vendidas en subasta es el «Salvator Mundi», del mundialmente reconocido pintor italiano Leonardo da Vinci. Llegó incluso a cerrarse el trato por casi 8 mil 623 millones de pesos. Pero después desapareció.
El 15 de noviembre del 2017, el comprador (príncipe Bader bin Abdullah bin Farhan al Saud en Arabia Saudita) finalizó el acuerdo con la casa de subastas Christie’s de Nueva York, Estados Unidos, y anunció que el cuadro sería exhibido en el Museo del Louvre a partir de septiembre del 2018.
Esto no ocurrió porque a partir de ese momento no volvió a saberse nada más de la pintura, que data del siglo XVI. Ni el Departamento de Cultura ni el personal del recinto saben su ubicación. Ni siquiera el Louvre ha dado con ella y esto tiene particularmente preocupados a los directivos pues planeaban incluirla en una exhibición programada para el otoño.
Por su parte, las autoridades se han negado a ofrecer declaraciones al respecto, lo que solamente aumenta el misterio entre los interesados en el arte; una mayoría piensa que las dudas sobre la autenticidad de la obra generó su cancelación al público, mientras que otros creen que el príncipe finalmente optó por quedárselo para él solo.
«Salvator Mundi» muestra a Jesucristo con una mano en señal de bendición y la otra sosteniendo al mundo como una esfera de cristal. La primera vez que se le descubrió, fue en una colección de Carlos I de Inglaterra tras su ejecución en 1649, para desaparecer de los registros históricos a finales del siglo XVIII.

Los especialistas aún no logran ponerse de acuerdo sobre su autoría, aunque en 2011 la National Gallery de Londres incluyó el cuadro en una exposición dedicada al artista, anatomista, arquitecto, escultor, paleontólogo, filósofo, ingeniero, poeta y músico.

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Ordenan indemnización millonaria por accidente aéreo en Cuba que dejó 112 muertos

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hace 6 días

Abr 13, 2026

segundoasegundo

Un juez mexicano ordenó el pago de indemnizaciones tras el accidente aéreo ocurrido en 2018 en Cuba, donde murieron 112 personas, al determinar que el siniestro estuvo relacionado con fallas en el mantenimiento de la aeronave.

De acuerdo con documentos judiciales fechados el 31 de marzo y consultados por The Washington Post a través de la Agencia AP, un peritaje independiente concluyó que el hecho fue un “accidente institucional” derivado de negligencia sistemática en los trabajos de mantenimiento, señalando que el avión no debió despegar.

Con base en estos hallazgos, el juez resolvió que la empresa Aerolíneas Damojh, que operaba bajo el nombre comercial Global Air, deberá pagar 1.5 millones de dólares a cada una de las familias de los cuatro tripulantes mexicanos que promovieron la demanda inicial. La aerolínea no se presentó al juicio, por lo que fue sentenciada en ausencia.

El accidente involucró un Boeing 737 que se desplomó en un campo agrícola poco después de despegar del Aeropuerto Internacional José Martí. De las 113 personas a bordo, solo una mujer sobrevivió, mientras que la mayoría de las víctimas eran de nacionalidad cubana.

El informe pericial citado establece que los pilotos fueron la última línea de defensa, sin lograr evitar el impacto. Asimismo, señala que la causa principal fue la falta de mantenimiento adecuado por parte de la empresa propietaria.

El abogado de los demandantes, Samuel González, afirmó que desde el primer día en La Habana, el jefe de mantenimiento de la compañía reconoció ante los familiares que la aeronave no debía estar en operación.

La sentencia también identificó omisiones en los protocolos y deficiencias en la supervisión, factores que derivaron en el accidente y en la apertura de procesos legales por homicidio y demandas colectivas.

Mientras en Cuba las autoridades atribuyeron el hecho a error humano, en México se suspendió temporalmente a la empresa y se inició una investigación, sin que hasta el momento se haya informado su avance.

El litigio continúa, ya que se mantiene una demanda civil colectiva en representación de las víctimas, además de una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República. Según la defensa, la investigación enfrenta obstáculos debido a la falta de información por parte de autoridades cubanas.

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