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Detenidos dicen que les pagaron $300 por hacer disturbios

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Según policías de investigación capitalinos, ocho detenidos dijeron que recibieron dinero pero se negaron a decir quién les pagó. Fueron acciones deliberadas, aseguran funcionarios.

Al menos ocho integrantes del grupo anarquista Unión de la Juventud Revolucionaria México, que fueron detenidos el pasado sábado, dijeron a policías de investigación de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) que les pagaron 300 pesos por hacer disturbios y boicotear la toma de posesión de Enrique Peña Nieto.

Según los policías, los detenidos declararon que fueron citados a las 7:00 horas en la estación del metro San Lázaro y que su objetivo era destruir lo que encontraran a su paso, de acuerdo con el diario Reforma. Sin embargo, se negaron a decir quién les pagó.

El titular de la PGJDF, Jesús Rodríguez Almeida, aseguró que los actos fueron planeados con anterioridad. “Derivado de todos los objetos, instrumentos que se utilizaron para realizar estos actos, los cilindros de gas para prender fuego, la granada de fragmentación y las diversas bombas molotov que tenemos (…) claramente se señala que hubo una premeditación, que hubo un plan específico para realizar actos violentos y atacar la paz pública de la ciudad”, afirmó.

No obstante, reconoció que hasta ahora se desconoce al autor intelectual de estos hechos.

Manuel Mondragón y Kalb, ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSP-DF) y ahora subsecretario de Planeación y Protección Institucional de la Secretaría de Seguridad Pública, también aseveró que los disturbios fueron una“situación totalmente dirigida” a atacar a las instituciones y a las personas y anunció una investigación a fondo.

La policía sabía plan de acciones

Reforma dio a conocer que la SSP-DF sabía de las acciones que “grupos radicales” realizarían durante la toma de protesta de Peña Nieto, pues contaba con un informe en el que se detallaban los puntos de riesgo durante las manifestaciones y refería que “algunos usuarios y grupos radicales” convocaban a llevar “bombas molotov, piedras, palos, llantas, todo lo necesario para armar barricadas”.

En éste, señalaba como los grupos convocantes a “CNTE, CNCI, Movimiento YOSOY132, La Resistencia Somos Todos, UPREZ, Anarquía México, Guerrilla Comunicacional México, UJRM, Revolución Libre en México, El 5antuario, Frente Oriente, entre otras”.

El documento, titulado “Movilización 011212” fue realizado por la jefatura del Estado Mayor Policial de la SSP-DF y supuestamente entregado a Mondragón y Kalb, entonces titular de la dependencia, de acuerdo con el diario.

El informe preveía que durante el 1 de diciembre había altas probabilidades de que“actos radicales o violentos” se dieran por parte del Colectivo Estudiantil Rebeldía Polakas, Coordinadora Estudiantil Anarquista de México, Unión de Juventudes Revolucionarias de México, Frente Popular Revolucionario, FPR-UJRM, Resistencia por México, La Resistencia somos Todos, Nueva República, el Ejército Mexicano Nacionalista y Resistencia Pacífica Anticapitalista.

(Con información de Reforma y La Jornada)

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México

Senado aprueba Ley General de Aguas en medio de acalorado debate y críticas de oposición

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El Senado mexicano aprobó este jueves, con 85 votos a favor y 36 en contra, el proyecto de decreto que expide la Ley General de Aguas y reforma diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, en un contexto de creciente presión sobre los recursos hídricos del país por sequías, conflictos por concesiones, crecimiento urbano y alta demanda del sector agrícola.
La minuta fue remitida al Senado por la Cámara de Diputados, que la aprobó tras 24 horas de acaloradas discusiones. La iniciativa deriva de una propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum para regular el derecho humano al acceso, disposición y saneamiento del agua, así como priorizar su consumo humano y doméstico ante autorizaciones, permisos, concesiones y asignaciones del recurso.
El senador Óscar Cantón Zetina, de Morena, aseguró que el centro de este proyecto es la persona y no los grandes acaparadores de agua, pues se crea un trinomio virtuoso entre tierra, agua y gente. Afirmó que la legislación es la mayor aliada de los productores y campesinos de México, ya que elimina la visión mercantilista del agua y la regresa a su dueño legítimo, que es el pueblo de México.
La senadora del PAN, Verónica Rodríguez, señaló que esta reforma convierte el agua en un instrumento de manipulación política y electoral. Apuntó que le da al gobierno federal la posibilidad de decidir de manera discrecional quién mantiene su concesión, quién la pierde, a quién le reducen volúmenes de agua y a quién sí le permiten operar, lo que demuestra que es peligroso para la democracia, el campo, la seguridad alimentaria y las familias.
Carolina Viggiano, del PRI, advirtió que el proyecto no contó con estudios económicos ni presupuestales, no cuenta con análisis de impacto financiero y tampoco se asegura inversión para la infraestructura, operación ni vigilancia de los sistemas de agua. Además, señaló que no se consultó a los pueblos originarios.
Luis Donaldo Colosio, de Movimiento Ciudadano, indicó que los cambios abren la puerta a más control gubernamental sin contrapesos reales, a más trámites y a más incertidumbres para el campo mexicano. Afirmó que se concentran atribuciones en la Comisión Nacional del Agua sin reglas claras, crece el riesgo de arbitrariedad, corrupción, favoritismos y castigo político, además de que se crea incertidumbre en la asignación de derechos y volúmenes, lo que desincentiva la inversión, la tecnificación y frena proyectos.
La nueva Ley General de Aguas establece que las concesiones para el uso del vital líquido no podrán ser intercambiadas entre particulares, con la obligatoriedad de que sea la Conagua la que las distribuya de nuevo.
La discusión y aprobación en las Cámaras de Diputados y Senadores ocurre en un contexto donde el sector agrícola consume cerca del 75 por ciento del agua disponible para consumo en el país.

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