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México

Detenidos dicen que les pagaron $300 por hacer disturbios

Según policías de investigación capitalinos, ocho detenidos dijeron que recibieron dinero pero se negaron a decir quién les pagó. Fueron acciones deliberadas, aseguran funcionarios.

Al menos ocho integrantes del grupo anarquista Unión de la Juventud Revolucionaria México, que fueron detenidos el pasado sábado, dijeron a policías de investigación de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) que les pagaron 300 pesos por hacer disturbios y boicotear la toma de posesión de Enrique Peña Nieto.

Según los policías, los detenidos declararon que fueron citados a las 7:00 horas en la estación del metro San Lázaro y que su objetivo era destruir lo que encontraran a su paso, de acuerdo con el diario Reforma. Sin embargo, se negaron a decir quién les pagó.

El titular de la PGJDF, Jesús Rodríguez Almeida, aseguró que los actos fueron planeados con anterioridad. “Derivado de todos los objetos, instrumentos que se utilizaron para realizar estos actos, los cilindros de gas para prender fuego, la granada de fragmentación y las diversas bombas molotov que tenemos (…) claramente se señala que hubo una premeditación, que hubo un plan específico para realizar actos violentos y atacar la paz pública de la ciudad”, afirmó.

No obstante, reconoció que hasta ahora se desconoce al autor intelectual de estos hechos.

Manuel Mondragón y Kalb, ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSP-DF) y ahora subsecretario de Planeación y Protección Institucional de la Secretaría de Seguridad Pública, también aseveró que los disturbios fueron una“situación totalmente dirigida” a atacar a las instituciones y a las personas y anunció una investigación a fondo.

La policía sabía plan de acciones

Reforma dio a conocer que la SSP-DF sabía de las acciones que “grupos radicales” realizarían durante la toma de protesta de Peña Nieto, pues contaba con un informe en el que se detallaban los puntos de riesgo durante las manifestaciones y refería que “algunos usuarios y grupos radicales” convocaban a llevar “bombas molotov, piedras, palos, llantas, todo lo necesario para armar barricadas”.

En éste, señalaba como los grupos convocantes a “CNTE, CNCI, Movimiento YOSOY132, La Resistencia Somos Todos, UPREZ, Anarquía México, Guerrilla Comunicacional México, UJRM, Revolución Libre en México, El 5antuario, Frente Oriente, entre otras”.

El documento, titulado “Movilización 011212” fue realizado por la jefatura del Estado Mayor Policial de la SSP-DF y supuestamente entregado a Mondragón y Kalb, entonces titular de la dependencia, de acuerdo con el diario.

El informe preveía que durante el 1 de diciembre había altas probabilidades de que“actos radicales o violentos” se dieran por parte del Colectivo Estudiantil Rebeldía Polakas, Coordinadora Estudiantil Anarquista de México, Unión de Juventudes Revolucionarias de México, Frente Popular Revolucionario, FPR-UJRM, Resistencia por México, La Resistencia somos Todos, Nueva República, el Ejército Mexicano Nacionalista y Resistencia Pacífica Anticapitalista.

(Con información de Reforma y La Jornada)

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México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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