La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró constitucional la prohibición de la venta de cigarros electrónicos conocidos como vapers, pero precisó que los aparatos que funcionan solo con productos del tabaco pueden ser comercializados bajo ciertas condiciones.

La Segunda Sala de la SCJN determinó la fracción VI del artículo 16 de la Ley General para el Control del Tabaco, que prohíbe la venta de cigarros electrónicos, es constitucional porque restringe únicamente productos que no son del tabaco.

La Suprema Corte aseguró que tomó dicha decisión basada en criterios determinados por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

“La Sala tomó en cuenta como base las pautas internacionales determinadas por la Organización Mundial de la Salud, y por eso distinguió que entre los diversos aparatos que pueden ser comprendidos como “cigarro electrónico”, se precisó que aquellos que funcionan sólo con productos del tabaco pueden ser comercializados bajo las condiciones establecidas en la Ley General para el Control del Tabaco”, expuso en un comunicado.

En ese sentido, determinó que no pueden comercializarse dispositivos electrónicos o vapers que emplean sustancias distintas al tabaco, esto para proteger el derecho a la salud de las personas.

Organizaciones civiles alertaron desde febrero que la cadena Sanborns, de Carlos Slim, promovió un amparo ante la SCJ) para comercializar vaporizadores en sus tiendas pese a que están prohibidos en México.

Ese mismo mes el Gobierno federal prohibió la importación de cigarros electrónicos, o vaporizadores, como parte de sus acciones para proteger la salud de la población.

Fuente: SinEmbargo

El Gobierno mexicano anunció una nueva estrategia para la “enérgica defensa” del tequila en Europa, región a la que exporta más de 20 millones de litros al año, en medio de controversias con empresas multinacionales.

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) y el Consejo Regulador del Tequila (CRT) se reunieron para determinar “acciones contundentes” para proteger la denominación de origen que la Unión Europea (UE) le entregó a la bebida mexicana en 2019.

“A fin de aprovechar este marco legal, la Secretaría de Economía, por conducto del IMPI, definió una estrategia para la enérgica defensa de los intereses de la denominación de origen tequila, y con ese propósito se acordaron nuevas líneas de coordinación”, informó la dependencia en un comunicado.

El anuncio ocurre en medio de una disputa legal en la Comisión Europea (CE) entre la cervecera Heineken y el Consejo Regulador del Tequila por el uso de la denominación de origen del licor mexicano en una de sus cervezas.

El sector tequilero en México acusa a la multinacional de incumplir la regulación con la venta de Desperados, una cerveza con “aroma a tequila” comercializada en 70 países.

Sin mencionar de forma directa la controversia, la Secretaría de Economía recordó que la denominación de origen del tequila es reconocida en 55 países, incluidos los de la Unión Europea.

“El director general del IMPI, Juan Lozano Tovar, enfatizó que las denominaciones de origen e indicaciones geográficas son patrimonio de México y que con ese carácter es que deben ser protegidas”, recogió el comunicado.

Su cadena de producción da sustento a más de 70 mil familias mexicanas y genera más de 6 mil millones de pesos (casi 300 millones de dólares) en impuestos a México.

Pese a la pandemia, la producción de tequila en México fue de 128 millones de litros en el primer semestre del año, un 4 por ciento más que el mismo periodo de 2019, con un aumento de 3.6 por ciento en las exportaciones, según el Consejo de Agaveros de Jalisco.

Desde el inicio de la Presidencia de Andrés Manuel López Obrador, además de la Unión Europea, se ha logrado el reconocimiento de esta bebida en Brasil, Singapur, Hong Kong y Nueva Zelanda, reconoció Ramón González, director del CRT en la reunión con el IMPI.

“También se abordaron los esfuerzos de la Secretaría de Economía para fortalecer las denominaciones de origen en la nueva Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial”, añadió el comunicado.

Fuente: EFE

Hace poco más de 10 meses los padres de un menor de edad de ocho años, intentaron poner una denuncia en contra de Roberto N, quien en ese entonces fungía como director de la escuela privada Liceo, en León, Guanajuato, esto porque lo acusaron de abusar sexualmente de su hijo.

Sin embargo, las autoridades locales de Guanajuato desestimaron el caso ya que en ese estado no existe una unidad especializada de atención a delitos contra menores, por lo que les costó mucho a los padres levantar la denuncia en primer instancia, la cual fue remitida a la unidad de delitos contra la mujer.

Según contó la madre del menor, su hijo le explicó que el hombre lo llevó a su oficina en donde cerró la puerta con seguro, corrió las cortinas y le hizo preguntas personales e inapropiadas para la edad del menor, incluso le dijo que ya estaba en edad para tener relaciones sexuales.

De acuerdo con la versión de la madre, Roberto N tomó del cuello al menor, le alzó la barbilla y le dio un beso, por lo que decidieron proceder legalmente contra el hombre, aunque la autoridad judicial de León consideró que un beso no era cosa sería hasta que la madre les alegó que entonces dejaran a sus hijos que cualquier hombre les de besos.

Finalmente le levantaron la carpeta pero 10 meses después no hay avance en la investigación y pese a que se dictó orden de aprensión en contra del presunto, hasta ahora no se ha hecho cumplir, por lo que el hombre sigue prófugo.

Cabe mencionar que apenas ayer miércoles otros padres de familia acudieron a a levantar otra carpeta de investigación en donde acusan que el mismo hombre también abuso de su hija.

Y pese a que México es uno de los países en donde más abusos se comenten contra menores de edad, en Guanajuato el abuso sexual con agravante por cometerse contra un menor de edad no es considerado como delito grave y las penas contra los culpables solo alcanzan los dos años de prisión.

Agencias