Luis Gerardo Lugo Cirerol, el maestro de inglés de un plantel preescolar de Tijuana, Baja California, fue capturado en Puebla tras ser acusado de haber abusado en contra de 19 niños, los cuales ya fueron sometidos a exámenes físicos y sicológicos.

Ante el caso, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) emitió la Recomendación 10/2016 a la Secretaría de Educación del estado.

El organismo advierte que las autoridades responsables «incumplieron el principio de interés superior de la niñez, violaron el derecho a la seguridad jurídica y al trato digno de las víctimas y las personas quejosas, así como sus derechos como víctimas de delitos y violaciones de derechos humanos» , además de que «atentaron contra los derechos de los agraviados» a la educación libre de violencia y el sano desarrollo integral» , en los hechos ocurridos entre octubre y diciembre de 2015, que fueron denunciados por 18 padres de familia.

El profesor es señalado como el autor del abuso en contra de 19 menores que pese a denunciar los hechos, fueron ignorados por la dirección del plantel.

De acuerdo con los pequeños, los hechos se registraron entre octubre y diciembre de 2015, pero fue hasta el mes de marzo cuando fueron hechos del conocimiento de la directora del preescolar, la profesora Minerva Alcaliz Valenzuela.

Ese mismo mes de marzo, se interpuso una denuncia ante la agencia del Ministerio Público en contra del profesor y de otra maestra de nombre Verónica quien de acuerdo a los menores, los amenazó e incluso golpeó para que no siguiera denunciando los abusos a los que fueron sometidos.

A la maestra Verónica, se le acusa de «ejercer violencia sicológica contra las niñas y los niños al buscar intimidarlos para disuadirlos de denunciar los hechos de abuso sexual».

También la directora del preescolar, Alcaliz Valenzuela es acusada puesto que obstaculizó el acceso de las víctimas y a sus familias a denunciar los hechos e incurrió en incumplimiento de la obligación de proteger la integridad y seguridad de las niñas y los niños bajo su responsabilidad.

Además refiere que la inspectora está comprometida en un conflicto de intereses por un parentesco que la une con el maestro, quien, de acuerdo con el secretario de Educación, Mario Herrera Zárate, en entrevista previa, fue contratado precisamente por esta funcionaria escolar sin seguir los procedimientos oficiales.

Entre octubre de 2015 y febrero pasado se manifestaron cambios de conducta «documentados en al menos 19 niñas y niños de entre 4 y 5 años», como enuresis (incontinencia urinaria), alteraciones conductuales que incluían llanto inexplicable, ansiedad, tristeza, agresividad, sentimientos de vergüenza, miedo (particularmente al ir al baño o dormir solos) y conductas fóbicas en relación con la escuela, entre otras, según la recomendación.

Excelsior