El juzgado tercero de distrito en materia penal, con sede en Guanajuato, determinó iniciar proceso penal a tres de los siete acusados de apoyar la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán Loera el pasado 11 de julio, y decretó que la Procuraduría General de la República (PGR) no aportó elementos de prueba para enjuiciar a los funcionarios del centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), que también habían sido acusados de ayudar al líder del cártel de Sinaloa.

El Consejo de la Judicatura Federal informó que “El Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato, al actuar en auxilio del Juzgado Cuatro de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, con sede en Toluca”, dictó auto de formal prisión en contra de tres servidores públicos que laboraban directamente en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 1, Altiplano, como parte de la red de corrupción que colaboró en la evasión de Guzmán Loera.

De acuerdo con la información dada a conocer esta madrugada, a los tres acusados se les procesará por ser presuntos responsables de la comisión “del delito de evasión de presos en la hipótesis de cuando el detenido está siendo procesado por la comisión de delito o delitos contra la salud, previsto y sancionado en el artículo 150 del Código Penal Federal, con la agravante señalada en el párrafo segundo del citado precepto”.

La PGR ejercitó acción penal en contra de los siete funcionarios el pasado 17 de julio, luego de que, el juzgado cuarto de distrito en el Estado de México, con residencia en Toluca, libró orden de aprehensión.

La orden de captura fue cumplimentada ese mismo día y los siete indiciados quedaron presos en el Centro Federal de Readaptación Social Número 12 “CPS”, en Guanajuato.

El CJF indicó que “Por lo anterior, se libró exhorto y por razón de turno su conocimiento correspondió al juzgado tercero de distrito en el estado de Guanajuato, con residencia en León, que recabó las declaraciones preparatorias y resolvió la situación jurídica de los siete indiciados en los términos siguientes:

“La fiscalía probó el delito de evasión, al existir datos suficientes para concluir que funcionarios públicos favorecieron el escape de Joaquín Guzmán Loera, alias “El Chapo Guzmán”.

“Sobre el delito de evasión, se estableció que la forma de fuga de Guzmán Loera, indicaba que le fueron proporcionados datos estratégicos y logísticos de la penitenciaría, y que la construcción de un túnel altamente sofisticado en un centro penitenciario de máxima seguridad, permitía afirmar que funcionarios públicos propiciaron y favorecieron al evasor.

“La probable responsabilidad se acreditó en relación al encargado del Centro del Control y dos custodios, de quienes, por el momento, estimó existían evidencias de su participación en favorecer el escape de Guzmán Loera.

“En cuanto al encargado del Centro de Control (monitores) se observaron incongruencias en sus declaraciones, corroboradas con otros datos de prueba; esto, sumado a una dilación en su proceder, indicó que intencionalmente favoreció la evasión, a título de probable.

“Por lo que toca a los custodios (dos funcionarios), resolvió que por el momento, existían datos de que ante el suceso criminal ocurrido el pasado sábado 11 de julio, a las 20:52 horas no contestaron el teléfono del módulo penitenciario; al no existir justificación, se estimó que favorecieron la evasión”.

Sin embargo, la información dada a conocer refiere que “en cambio, sobre los monitoristas, a saber dos funcionarios del CISEN y dos del Centro Penitenciario, se resolvió que por el momento no existían datos que justifiquen su formal procesamiento”.

La Jornada