La Cámara de Diputados en México aprobó este miércoles una reforma clave para revertir la transformación que las empresas estatales Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sufrieron tras la reforma energética de 2013. Con 320 votos a favor, 154 en contra y 1 abstención, la reforma constitucional busca restablecer a Pemex y CFE como entidades 100% públicas y eliminar la participación privada en sectores estratégicos de hidrocarburos y electricidad.

La iniciativa, impulsada por Morena, el partido en el poder, y sus aliados, plantea eliminar contratos con empresas privadas en la exploración, producción y distribución de energía. Además, incluye cambios en la regulación de hidrocarburos y electricidad, lo cual podría modificar el marco actual de competencia e inversión en estos sectores.

El presidente Andrés Manuel López Obrador ha defendido la reforma como un paso crucial para fortalecer la soberanía energética y revertir lo que ha llamado “privatización disfrazada” del sector energético durante las últimas décadas. Para el mandatario, la reforma energética de 2013 debilitó a las empresas públicas al abrir el mercado a la inversión privada, tanto nacional como extranjera, generando un escenario de desventaja para Pemex y CFE.

Por otro lado, críticos de la reforma, incluidos partidos de oposición y expertos en energía, advierten sobre el posible impacto negativo en la inversión privada y la competitividad. Señalan que la medida podría desalentar la entrada de capital extranjero y la innovación tecnológica, elementos que han sido esenciales para el crecimiento del sector energético en el país.

La reforma ahora pasará al Senado para su discusión y eventual aprobación. De ser ratificada, representaría un giro importante en la política energética de México, alineando las estrategias con las políticas nacionalistas del gobierno actual, las cuales buscan reducir la dependencia del sector privado en áreas estratégicas.