Dinero
Diputados aprueban reformas a la Ley del Impuesto sobre la Renta
La Cámara de Diputados aprobó este martes, con 349 votos a favor y 92 en contra, las modificaciones a la reforma de la Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR) que fueron realizadas por el Senado. Entre los cambios más destacados se encuentra la decisión de mantener exentas del pago de este impuesto a ciertas empresas maquiladoras.
Según información de Quadratín México, las modificaciones también benefician a aquellas empresas que cuentan con autorización de depósito fiscal o que participan en programas vigentes de fomento a la industria manufacturera. La modificación al artículo 78-E establece que la exención se aplicará únicamente a las operaciones realizadas bajo los esquemas autorizados, excluyendo los ingresos provenientes de ventas efectuadas en territorio nacional.
Además, los ajustes contemplan la exclusión del tratamiento previsto en el Capítulo X para contribuyentes que, debido a sus ingresos, actividades, régimen fiscal, naturaleza jurídica o condiciones económicas, requieren mantener un tratamiento diferenciado.
La reforma también incorpora mecanismos destinados a ampliar la base de contribuyentes, otorgar beneficios a quienes tributan bajo el Régimen Simplificado de Confianza (Resico) y reforzar los controles para prevenir abusos relacionados con deducciones y pérdidas fiscales.
Con estas modificaciones, se busca combatir las operaciones de empresas factureras, frenar la evasión fiscal y facilitar la continuidad de negocios de reciente creación. El objetivo es simplificar las obligaciones tributarias, fortalecer las finanzas públicas y garantizar el respeto a los principios constitucionales en materia fiscal.
Dinero
Magnicharters en quiebra; inicia liquidación de activos
El 4 de noviembre de 2026, Magnicharters fue declarada oficialmente en quiebra por una jueza federal, tras más de seis meses de haber suspendido sus operaciones, dejando a miles de pasajeros sin vuelos ni servicios turísticos contratados. Esta declaración abre la etapa de liquidación de activos de la aerolínea, con el objetivo de intentar cubrir las deudas acumuladas con trabajadores, clientes y otros acreedores.
La resolución fue emitida por la titular del Juzgado Primero de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles, quien aceptó la solicitud presentada por Grupo Aéreo Monterrey, propiedad de los hermanos Bojórquez Maza, debido al incumplimiento generalizado de las obligaciones financieras de la compañía.
Como parte de la sentencia, se ordenó que un síndico designado inicie las diligencias necesarias para inventariar y tomar posesión de los bienes de Magnicharters. Esto incluye documentos contables, archivos electrónicos, dinero en caja y otros activos que se encuentren bajo su resguardo o en poder de terceros. Estos bienes podrán ser administrados y, si es necesario, vendidos para cubrir los compromisos pendientes.
La declaración de quiebra se produce tras la denuncia de un grupo de 91 agentes de viajes independientes que, el 30 de junio, anunciaron su intención de emprender acciones legales contra los propietarios de Magnicharters por un probable delito de fraude. Los afectados reclamaban la devolución de 12 millones 481 mil pesos, correspondientes a paquetes turísticos que incluían vuelos, hospedaje y traslados que nunca se concretaron.
Los pasivos de Magnicharters se estiman en alrededor de 800 millones de pesos, que incluyen deudas con trabajadores, pasajeros y otros acreedores. Entre las obligaciones financieras se destacan aproximadamente 161 millones de pesos por compromisos laborales, cerca de 150 millones con agencias de viajes y 80 millones con el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) por servicios aeroportuarios y arrendamiento de hangares.
A pesar de que la quiebra abre un procedimiento para identificar y liquidar los bienes de la empresa, aún queda por determinar cuánto dinero podrá recuperarse y qué proporción corresponderá a cada uno de los acreedores. Para los pasajeros y agentes de viajes que han denunciado a la aerolínea, esta resolución judicial representa un nuevo capítulo en la disputa por la recuperación de sus fondos.
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