El bloque oficialista en la Cámara de Diputados, conformado por los partidos Morena, Verde y del Trabajo, se prepara para aprobar una reforma que eliminaría la posibilidad de doble nacionalidad para quienes aspiren a ser presidentes de la República, gobernadores o jefes de Gobierno en la Ciudad de México. Esta modificación, que se someterá a votación en el pleno, mantendría la doble nacionalidad para quienes busquen ser presidentes municipales, regidores, diputados federales, estatales y senadores.

Según la propuesta, para ocupar el cargo de presidente de la República o gobernar una entidad federativa, se requeriría ser ciudadano o ciudadana mexicana por nacimiento, en pleno goce de sus derechos, y ser hijo o hija de padre o madre mexicanos. Además, se estipula que los aspirantes no deben tener ni adquirir otra nacionalidad, y en caso de poseerla, deberán renunciar a ella antes de solicitar su registro como candidatos, cumpliendo con los términos que la ley establezca. También se exige haber residido en el país durante al menos veinte años.

El dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales, que se prevé sea aprobado este martes, toma como referencia la legislación de países como Venezuela y República Dominicana. En este sentido, se argumenta que “el derecho comparado confirma que esta clase de condiciones no es ajena a los sistemas constitucionales contemporáneos”.

El documento menciona que, aunque países como República Dominicana y Venezuela reconocen la doble nacionalidad, también imponen requisitos especiales relacionados con la renuncia o la inexistencia de otra nacionalidad para acceder a ciertos cargos de alta responsabilidad. La propuesta busca adaptar este tipo de garantías al sistema federal mexicano, limitando su aplicación a quienes encabecen los Poderes Ejecutivos tanto a nivel federal como local.

Para asegurar la correcta implementación de esta reforma, se establece que la legislación secundaria deberá definir los documentos necesarios para acreditar la pérdida efectiva de la nacionalidad extranjera, así como las reglas para la traducción, apostilla, legalización y verificación de autenticidad de dichos documentos, entre otros elementos que se consideren viables.