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Dinero

Diputados del PRI buscan aumentar el salario mínimo a 256 pesos

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El grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de Diputados impulsa una iniciativa para triplicar el salario mínimo para que este sea de 256 pesos diarios a partir de enero de 2019, informó el legislador Carlos Pavón Campos.

En entrevista, Pavón, quien es dirigente del Sindicato Nacional Minero Metalúrgico Frente, subrayó la importancia de establecer un aumento salarial al considerar que la fuerza laboral del país asciende actualmente a 55.6 millones de personas, de la cual 97% está ocupada y del total de la población que labora, seis de cada diez, ganan de uno a tres salarios mínimos, por lo que es necesario considerar a la otra parte de la población que gana menos.

Destacó que México no puede ser más un país de mano de obra barata. “Tenemos que mirar hacia adelante y brindar más y mejores herramientas a los trabajadores con el fin de incrementar la productividad y la competitividad, tenemos que pasar de la manufactura a la innovación, y esto solo será posible con la formación de un capital humano calificado”.

Al triplicar el salario mínimo, “vamos a mejorar la calidad de vida de millones de familias y continuar consolidando el mercado interno como pilar del crecimiento”, subrayó Pavón Campos.

Insistió en que esta medida es urgente y representa un elemento de primer orden en el desarrollo y el bienestar social de la población.

“El salario mínimo constituye el único medio de millones de familias para cubrir sus necesidades básicas y aspirar a una mejor calidad de vida”, reconoció el legislador, al exhortar a la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami) a convertir el salario mínimo en un instrumento de remuneración equitativa y satisfactoria.

“Las y los legisladores de nuestro grupo parlamentario estamos comprometidos con los trabajadores, ya que ellos representan el motor de la economía nacional”, destacó el dirigente minero.

Carlos Pavón resaltó que la homologación del salario mínimo, realizada durante el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto representó un paso histórico, además de que, en lo que va de la actual administración, se han generado cerca de cuatro millones de nuevos empleos formales y se ha dado las condiciones “para garantizar salarios suficientes en cumplimiento de lo que establece el artículo 123 de la Constitución”.

Ahora, dijo, “se requieren decisiones firmes que no generen incertidumbre entre los inversionistas, además de mantener la estabilidad macroeconómica y finanzas públicas sanas, con programas viables de alto impacto social, con suma responsabilidad como se viene haciendo en el gobierno de Peña Nieto”.

Indicó que el compromiso de la bancada tricolor con la agenda 2030, es generar un crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, con empleo pleno y productivo y un trabajo decente para todos.

EL Imparcial

Dinero

EE.UU. impone arancel de 10% a México por política sobre trabajo forzoso

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Estados Unidos anunció una nueva ronda de aranceles para 60 economías, entre ellas México, al que aplicará un gravamen de 10 por ciento por considerar que no prohíbe o no hace cumplir de manera efectiva la importación de bienes elaborados con trabajo forzoso.

La medida fue dada a conocer por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), que explicó que la decisión deriva de una investigación realizada bajo la Sección 301, iniciada el 12 de marzo de 2026 por instrucción del presidente Donald Trump. El proceso incluyó dos rondas de audiencias públicas, consultas con más de 45 gobiernos y el análisis de más de 2 mil 100 comentarios.

México forma parte del grupo de países sujetos a un arancel de 10 por ciento, junto con Argentina, Bangladesh, Camboya, Canadá, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, India, Indonesia, Jordania, Malasia, Pakistán, Sri Lanka, Trinidad y Tobago y el Reino Unido.

De acuerdo con la USTR, esta categoría corresponde a economías que ya cuentan con una prohibición para importar productos elaborados con trabajo forzoso, que asumieron el compromiso de establecerla mediante un Acuerdo sobre Comercio Recíproco o que aplican mecanismos parciales para impedir la entrada de este tipo de mercancías.

La resolución también establece un esquema de tres niveles de sanciones. Para el resto de las economías investigadas se fijó un arancel de 12.5 por ciento, mientras que determinados productos procedentes de la Unión Europea, Taiwán, Japón, Corea del Sur y Suiza enfrentarán tasas de 10 o 12.5 por ciento, descontando la tarifa de Nación Más Favorecida cuando corresponda.

El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, señaló que la decisión responde a la conclusión emitida el pasado 2 de junio, en la que la USTR determinó que las políticas de las 60 economías investigadas obstaculizan o restringen el comercio estadounidense. Agregó que la administración de Donald Trump considera necesario reforzar las medidas contra el trabajo forzoso en las cadenas globales de suministro.

Por su parte, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, afirmó que la resolución no modifica el arancel efectivo que actualmente paga México, ya que más del 80 por ciento de las exportaciones nacionales permanece exento al cumplir con las reglas de origen del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

El funcionario explicó que el gravamen de 10 por ciento para las exportaciones que no cumplen con el T-MEC se mantiene, aunque ahora cambia su fundamento legal al pasar de la Sección 122 a la Sección 301. Añadió que el Gobierno de México continúa las conversaciones con el representante comercial estadounidense para acercar posiciones en materia comercial.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que este jueves sostuvo una reunión con Jamieson Greer en Palacio Nacional, donde ambas partes avanzaron en la revisión del T-MEC y en otros acuerdos bilaterales.

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