El 22 de septiembre de 2026, los diputados locales Valentina Batres, del partido Morena, y Andrés Atayde, del PAN, presentaron dos iniciativas con el objetivo de abordar el delito de despojo en el estado de Chihuahua. Ambas propuestas buscan fortalecer la respuesta legal ante este delito y garantizar la protección de los derechos de las víctimas.

La iniciativa de Valentina Batres propone una reforma al Código Nacional de Procedimientos Penales, estableciendo que el Ministerio Público debe iniciar las investigaciones de manera inmediata en casos de despojo. Esta medida busca evitar dilaciones en el proceso y asegurar que se realicen los actos de investigación necesarios para esclarecer la situación jurídica y material del inmueble afectado.

Por su parte, Andrés Atayde presentó una propuesta para agregar el artículo 806 al Código Penal local, que establece el derecho de las víctimas de despojo a recibir una reparación integral del daño. Esta reparación incluiría el valor comercial actualizado del inmueble afectado, así como las rentas que no se pudieron cobrar durante el tiempo en que se cometió el delito.

La iniciativa de Atayde también contempla que las autoridades encargadas de los registros públicos de la propiedad, catastros y archivos notariales deben atender de manera prioritaria y expedita los requerimientos formulados por el Ministerio Público o la policía, en el ámbito de sus respectivas competencias. Esto busca agilizar los procesos relacionados con la recuperación de inmuebles despojados.

Además, la propuesta de Batres incluye que, una vez que un juez determine la devolución del inmueble a la víctima, se deberá notificar a todas las partes involucradas, incluyendo al imputado y a quienes hayan demostrado derechos sobre el bien. Esto permitirá que cualquiera de ellos pueda impugnar la decisión ante el juez de control, quien convocará a una audiencia para resolver sobre la legalidad de la determinación ministerial.

Ambas iniciativas reflejan un esfuerzo conjunto de los legisladores para enfrentar el delito de despojo y garantizar que las víctimas reciban justicia y reparación por los daños sufridos.