Política

Diputados proponen Ley Antimemes y cárcel para ambulantes por piratería

La Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados se encuentra en proceso de concretar una reforma al Código Penal Federal y a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, que contempla el encarcelamiento de quienes utilicen logotipos e insignias de instituciones del Estado. Esta iniciativa ha generado preocupación entre opositores y creadores de contenido, quienes la han calificado como una “Ley Antimemes”.

La reforma también establece que los vendedores ambulantes que comercialicen productos piratas serán los primeros en ser judicialmente responsables por este delito. La reunión de la Comisión de Justicia está programada para la mañana de este martes, y el dictamen no presenta cambios respecto a la minuta enviada previamente por el Senado de la República.

El nuevo artículo 433 del Código Penal Federal estipula que, en caso de que se encuentren mercancías cuya procedencia deba verificarse en establecimientos comerciales, locales fijos, o en vías y lugares públicos, la responsabilidad recaerá en la persona que se encuentre en posesión de dichas mercancías.

Asimismo, la reforma a la ley de propiedad industrial establece en su artículo 404 que se impondrá una pena de dos a seis años de prisión, así como multas que van de mil a cien mil unidades de medida y actualización, a quienes vendan o ofrezcan a la venta, a escala comercial, objetos que contengan falsificaciones de marcas protegidas por esta ley.

Se aclara que la sanción podría elevarse hasta diez años de prisión si se detecta una actividad organizada, incluso en puestos temporales o semifijos, lo que afecta directamente al ambulantaje. Esta propuesta legislativa ha suscitado un intenso debate sobre la protección de la propiedad intelectual y los derechos de los creadores de contenido, así como sobre las implicaciones para los vendedores ambulantes en el país.

Política

Elección de nueva presidenta del INE podría ser en periodo extraordinario

La elección de la nueva presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE) podría llevarse a cabo en un periodo extraordinario de sesiones en la Cámara de Diputados, debido a la falta de consenso y la demora en la emisión de la convocatoria correspondiente. A tan solo cuatro semanas de que concluya el periodo ordinario de sesiones, se estima que no se logrará el nombramiento antes del 15 de diciembre, fecha en la que los diputados entran en receso.

Históricamente, los procesos para elegir a los consejeros del INE han tomado entre cinco y seis semanas. En el caso de Guadalupe Taddei, quien fue nombrada consejera presidenta del INE, la convocatoria se emitió en diciembre de 2022 y el proceso concluyó el 31 de marzo de 2023, cuando fue seleccionada a través de una tómbola.

Actualmente, la designación de la nueva titular del INE podría realizarse en la segunda quincena de diciembre o en enero de 2027. Si no se logra un consenso de dos tercios entre los grupos parlamentarios, la elección podría llevarse a cabo por insaculación o, en su defecto, trasladarse a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

El diputado del Partido Acción Nacional (PAN), Marcelo Torres Cofiño, indicó en entrevista con Excélsior que, en el contexto actual y ante la falta de acuerdo entre los grupos parlamentarios, la convocatoria para la elección podría ser publicada hasta diciembre, lo que retrasaría el nombramiento hasta principios de 2027.

Por su parte, el presidente de la Junta de Coordinación Política de San Lázaro, Ricardo Monreal Ávila, del partido Morena, reconoció que aún no existe un entendimiento entre los grupos parlamentarios para emitir la convocatoria e iniciar el proceso de selección de la sucesora de Guadalupe Taddei. La situación actual plantea un desafío significativo para el proceso electoral en México, dado el papel crucial que desempeña el INE en la organización de elecciones.