México

Disputa familiar y crimen del exedil Carlos Manzo a un año de su asesinato

A un año del asesinato de Carlos Manzo Rodríguez, ocurrido el 1 de noviembre de 2025 durante el Festival de las Velas en Uruapan, la investigación ha llevado a la detención de 34 personas y se centra en la hipótesis de que el crimen fue una represalia del Cártel Jalisco Nueva Generación. Sin embargo, la viuda de Manzo, Grecia Quiroz, actual alcaldesa de Uruapan, y su hermano, Juan Daniel Manzo, subsecretario de Gobierno de Michoacán, han exigido que la Fiscalía General de la República (FGR) atraiga el caso y se agoten todas las líneas de investigación disponibles.

Grecia Quiroz ha manifestado su desconfianza hacia la Fiscalía estatal, mientras que Juan Daniel Manzo ha solicitado la entrega de los teléfonos de su hermano, argumentando que en esos dispositivos podría encontrarse información crucial para identificar a los responsables del homicidio. Además, ha denunciado un presunto encubrimiento por parte de la alcaldesa, lo que ha generado un conflicto familiar en medio de la investigación.

Ambos familiares han coincidido en que la FGR debería asumir la investigación, dado que consideran que la Fiscalía estatal no está actuando con la debida diligencia. Juan Daniel Manzo ha pedido que se solicite, a través de un juez, la entrega de los teléfonos para su análisis, mientras que Quiroz ha solicitado garantías para la revisión de los dispositivos, aunque la Fiscalía General del Estado (FGE) ha indicado que no ha recibido formalmente los equipos.

La relación entre Quiroz y Manzo no siempre ha sido tensa. En febrero de 2026, ambos acudieron juntos a la Fiscalía estatal para entregar documentos y videos relacionados con el caso. En esa ocasión, también solicitaron que se citara a figuras políticas como Raúl Morón Orozco, exedil de Morelia; Leonel Godoy Rangel, exgobernador y actual legislador federal; e Ignacio Campos Equihua, exalcalde de Uruapan, argumentando que era necesario explorar posibles motivaciones políticas detrás del asesinato.

La situación actual refleja no solo la complejidad del caso, sino también la fractura familiar que ha surgido en medio de la búsqueda de justicia por el homicidio de Carlos Manzo.

México

Ley Mariana busca frenar la impunidad en feminicidios y sancionar omisiones

El 9 de noviembre de 2026, Pablo Navarrete Gutiérrez, abogado que apoyó a Irinea Buendía en la creación de la reforma conocida como Ley Mariana Lima Buendía, destacó la importancia de implementar esta legislación en las fiscalías del país. El objetivo es investigar todas las muertes violentas de mujeres con una perspectiva de género y sancionar a los funcionarios que obstaculicen el acceso a la justicia. Esta ley, que ya está en vigor en el Estado de México, busca ser un modelo para un cambio a nivel nacional.

La historia de Mariana Lima Buendía, quien fue inicialmente considerada víctima de un suicidio, es emblemática de la lucha por justicia en casos de feminicidio. Su madre, Irinea Buendía Cortés, se opuso a esta versión y llevó su caso hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). La resolución del máximo tribunal permitió reabrir la investigación con un enfoque de género, estableciendo un precedente que, más de una década después, se tradujo en una reforma legal en el Estado de México.

La Ley Mariana establece que todas las muertes violentas de mujeres deben ser investigadas con perspectiva de género y bajo el protocolo de feminicidio, garantizando así una debida diligencia en las indagatorias. Además, incorpora sanciones para los servidores públicos que incurran en actos de corrupción, omisiones o negligencia que obstaculicen las investigaciones y la administración de justicia.

Esta reforma plantea un cuestionamiento crucial para las instituciones: ¿cuántas muertes de mujeres han sido investigadas de manera deficiente y cuántos casos han sido desestimados sin agotar todas las líneas de investigación? La Ley Mariana busca no solo prevenir que otras familias enfrenten el mismo sufrimiento, sino también establecer un marco legal que garantice la justicia para las víctimas de feminicidio en México.