El juez mexicano Luis Benítez Alcántara, detenido en Colombia, ha solicitado que cualquier posible responsabilidad derivada de su actuación como funcionario judicial sea investigada y resuelta por las autoridades mexicanas, en lugar de ser extraditado a Estados Unidos, que lo reclama por presuntos vínculos con una red de narcotráfico internacional. La defensa, encabezada por el abogado Miguel González Sánchez, argumenta que “cualquier eventual responsabilidad derivada del ejercicio de su cargo debe ser definida por el Estado mexicano, conforme a su legislación y ante sus propias autoridades”.

Benítez Alcántara, de 49 años, fue arrestado el pasado domingo en el aeropuerto internacional de Bogotá durante una operación conjunta de la Policía de Colombia y el FBI, cuando se preparaba para abordar un vuelo con destino a Ciudad de México. Las autoridades colombianas han calificado esta captura como un golpe significativo contra las redes de corrupción institucional y las estructuras de apoyo jurídico vinculadas al narcotráfico.

Las autoridades estadounidenses han presentado una acusación formal contra el juez, que incluye nueve cargos, entre ellos encubrimiento, en el marco de una investigación relacionada con una organización dedicada al tráfico de drogas. Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Benítez supervisó en 2024 procedimientos de extradición relacionados con el ciudadano canadiense Andrew Clark, quien está acusado de formar parte de una estructura criminal supuestamente asociada al exatleta olímpico canadiense Ryan Wedding.

La acusación sostiene que el juez mexicano habría favorecido la liberación de Clark en 2025 tras recibir un soborno, lo que ha generado un fuerte rechazo por parte de su defensa, que niega categóricamente tales señalamientos. La defensa asegura que la actuación de Benítez se realizó dentro del marco legal y ha manifestado su disposición para colaborar con las autoridades competentes, siempre que se respete el debido proceso y la presunción de inocencia.