México
Dos descarrilamientos del Tren Maya en el mismo tramo señalado por corrupción y uso de balasto defectuoso
El Tren Maya enfrenta nuevos cuestionamientos luego de que este martes se registrara un descarrilamiento en Izamal, Yucatán, en el mismo tramo donde en marzo pasado ocurrió otro accidente. Ambas zonas corresponden al Tramo 3 de la ruta Palenque–Centenario, cuya construcción estuvo a cargo de Grupo Indi, empresa considerada cercana a los gobiernos de Claudia Sheinbaum y Andrés Manuel López Obrador.
El primer incidente ocurrió el 25 de marzo, cuando un convoy que cubría la ruta Mérida–Cancún se salió de las vías en Tixkokob, a unos 25 minutos de Izamal. Este martes, nuevamente, un tren se descarriló en esa área, dejando varios heridos aunque sin víctimas mortales.
Investigaciones previas de Latinus señalan que este tramo coincide con la participación de “El Clan”, una red de tráfico de influencias encabezada por Andy y Gonzalo “Bobby” López Beltrán, hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador. A través de esa red se habrían entregado miles de metros cúbicos de balasto —la piedra sobre la que se colocan las vías— sin certificaciones de calidad.
De acuerdo con la información publicada, Amílcar Olán, contratista de gobiernos de Morena y cercano a los hijos del exmandatario, fue uno de los principales proveedores. Conversaciones obtenidas entre él y Pedro Salazar Beltrán, primo de Andy y Gonzalo, revelan sobornos al laboratorio responsable de analizar el material para evitar pruebas físicas y químicas. En una de esas charlas, Salazar incluso ironizó sobre las posibles consecuencias al afirmar: “Ya cuando se descarrile el tren, ya va a ser otro pedo”.
El tramo en cuestión fue adjudicado en 2020 a Grupo Indi, cuando Fonatur le otorgó la construcción de los 172 kilómetros que conectan Campeche con Yucatán. En ese momento, Luis Francisco Deyá Oropeza jugó un papel clave: antes de ser subsecretario de Obras y Servicios de la Ciudad de México, trabajaba directamente con el consorcio y ha alternado en cuatro ocasiones entre cargos públicos y puestos dentro de la constructora.
Grupo Indi ha recibido al menos 66 mil millones de pesos en contratos durante las administraciones de Sheinbaum y López Obrador, según datos en poder de Latinus. El descarrilamiento de marzo y el registrado esta semana ponen bajo la lupa la calidad de la obra y reavivan los señalamientos de corrupción que han acompañado al proyecto ferroviario desde su inicio en diciembre pasado.
México
Exmagistrada Mónica Soto podría llegar al gobierno, dice Sheinbaum
La presidenta Claudia Sheinbaum no descartó que la magistrada Mónica Soto pueda incorporarse posteriormente a la administración pública, luego de que anunciara su renuncia a la presidencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), aunque aclaró que actualmente no existe un cargo contemplado para ella.
Cuestionada durante su conferencia matutina sobre los rumores de que Soto podría recibir una posición dentro del gobierno federal, Sheinbaum respondió que “podría ser”, pero precisó que por ahora no está previsto.
Podría ser, pero no lo tenemos contemplado en este momento.
La presidenta evitó pronunciarse sobre las razones de la renuncia de Soto y sostuvo que se trató de una decisión personal que está dentro de sus atribuciones, a pesar de que hubo señalamientos respecto a la falta de claridad de la dimisión.
“No, no voy a opinar, no me corresponde; ella tomó la decisión de retirarse del tribunal.
Sheinbaum calificó a Soto como una mujer “con experiencia” y “muy profesional en su trabajo”, además consideró que tuvo un buen desempeño tanto como magistrada como durante el periodo en que encabezó el Tribunal Electoral.
“Me parece a mí que ella hizo un muy buen papel al frente cuando le tocó ser presidenta y también como magistrada”, dijo.
Ante la pregunta sobre si la salida de Soto y otra vacante en el Tribunal Electoral podrían representar un problema de cara a las elecciones de 2027, Sheinbaum rechazó que exista una afectación en términos constitucionales.
“No, no tiene problema en términos de lo que establece la Constitución”, respondió.
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La presidenta explicó que, en caso de una elección presidencial, tendría que buscarse una solución para cubrir las vacantes, y puso como ejemplo el proceso electoral de 2024.
Así fue en el 24, se lo recuerdo. Una magistrada de un poder regional participó en la calificación de la elección presidencial.
Sheinbaum recordó que la reforma al Poder Judicial establece que las magistraturas deben ser electas por voto popular.
Explicó que algunos de los integrantes actuales del Tribunal Electoral ya fueron electos y que, para cubrir las posiciones que permanezcan vacantes, será necesario esperar al proceso electoral de 2028.
La reforma al Poder Judicial establece que ellos deben ser electos; como algunos de ellos ya lo fueron, entonces pues hay que esperar al 28 para elegir a los otros dos que faltan.
La mandataria aclaró que desconoce en ese momento cuántos magistrados podrían dejar el Tribunal Electoral antes de esa fecha, pero insistió en que las vacantes no representan, por sí mismas, un impedimento para el funcionamiento del órgano de cara a las elecciones intermedias de 2027.
