Opinión

DTmF: Identidad, Gentrificación y Nostalgia. Por Isaías León

El reciente álbum de Benito Antonio Martínez Ocasiocausó un gran revuelo en muchos lugares del mundo. Llama la atención la respuesta que hubo en Europa, donde la recepción inicial del nuevo material no fue lo que el continente occidental esperaba. Desde varios sitios hubo críticas al ritmo musical, alegando que no era lo que se anticipaba. La expectativa en esa región del globo era un disco lleno de reggaetón similar a YHLQMDLG, desestimando los ritmos latinos del más reciente álbum.

Es comprensible, creo, juzgar lo que no conocemos. Sin embargo, más allá de si gusta o no el artista y su música, este álbum tiene un contenido de crítica social y política significativa. Martínez Ocasio nos presenta una profunda visión de la identidad puertorriqueña y su crítica a todo lo que está ocurriendo en torno a la isla. A través de géneros a los que no estábamos acostumbrados a escuchar de Band Bunny, como la salsa y el jíbaro, el artista ofrece al mundo un manifiesto cultural y político fácil de digerir, que tal vez para algunos puristas del análisis político pueda parecer superficial.

Al respecto, destaca Lo que paso en Hawái, una canción que refleja la preocupación de muchos sobre lo que sucede en Puerto Rico, lugar que vive un proceso de invasión silenciosa, principalmente por el turismo norteamericano, mismo que se lleva sus recursos, identidad, cultura y tierras.

Este sentimiento es compartido desde un contexto como el mexicano, particularmente en la Ciudad de México, donde se vive un proceso muy fuerte de gentrificación. La pérdida de la identidad cultural y el hecho de que las comunidadeslocales se vean forzadas a desplazarse porque “ya no alcanza” es un tema presente en la conversación diaria. En el caso de México, esto se observa en la promoción que hacenlos desarrollos inmobiliarios con lemas como: “Spend in Pesos, Earn in Dollars” (“gana en dólares, gasta en pesos”) o en restaurantes de la Roma-Condesa que optan por cambiar sus menús al idioma inglés.

Exponer Puerto Rico al mundo fue algo relativamente fácil para un artista con millones de oyentes en plataformas de streaming, pero hacerlo manteniendo un gran respeto por la identidad cultural del álbum fue fundamental. Es sobresaliente que el material fue grabado en la isla, usando y combinando muchos de sus ritmos musicales en canciones como Baile Inolvidable, La Mudanza y Café con Ron. Además, Bad Bunny ha anunciado recientemente conciertos de «residencia«, dirigidos especialmente a su gente durante varias fechas continuas. Es decir, la conexión que el artista busca fortalecer con la isla es crucial, llevando en sus letras la voz de muchos que sufren a diario los efectos del despojo y se curan con música y jíbaro.

Debí Tirar Más Fotos, con una portada que incluye dos sillas de plástico (esas que todos alguna vez hemos usado en una reunión o fiesta) y un fondo verde, intenta conectar con todo el pueblo latino. Es una imagen sencilla, común en muchas comunidades, muchas alejadas de las grandes ciudades, donde la calma y el aire fresco son los mayores tesoros:pequeños pueblos, donde muchos crecieron y tuvieron que salir en busca de una vida mejor.

Comprender el mundo actual de la música sin la presencia de un latino tan influyente como lo es la figura de Benito sería imposible, poniendo a los norteamericanos a aprender español, cambiando la pronunciación de la “l” por la “r”, y aun así criticando sus prácticas imperialistas.

Finalmente, después de entender lo que este disco nos quiere transmitir, más allá de bailar la música que para algunos era «de otra época» o descubrir la crítica social que lleva implícita, quiero interpretar DTmF (la canción en sí) como un recordatorio de la importancia de preservar los recuerdos de los momentos que realmente importan, con las personas que queremos, con nuestra gente. Esos momentos que nos obligan a extrañarlos cuando ya no estén, porque nadie sabe lo que va a pasar mañana.

Opinión

La trampa de “las rentas justas” en la CDMX. Por Caleb Ordóñez T.

En la Ciudad de México hay jóvenes que trabajan para pagar un departamento en el que apenas tienen tiempo de dormir. Familias que destinan buena parte de sus ingresos a cuatro paredes. Personas que viven a dos horas de su empleo porque acercarse al centro se convirtió en un lujo.

La vivienda es uno de los grandes fracasos de la política urbana capitalina.

Y ahora el gobierno pretende resolverlo con otra ley.

Clara Brugada presentó una iniciativa que promete rentas justas, contratos regulados y protección contra abusos. Una propuesta que, vista desde el discurso político, parece irreprochable. ¿Quién podría estar en contra de que las personas paguen menos por vivir dignamente?

Caleb Ordoñez T.

El problema es que las buenas intenciones no construyen departamentos.

Y los decretos tampoco.

Las buenas intenciones también tienen consecuencias

La iniciativa contempla limitar aumentos conforme a la inflación, registrar obligatoriamente los contratos y aplicar multas de hasta 46 mil 924 pesos. También propone asesoría gratuita y mecanismos contra desalojos violentos.

Hay medidas necesarias. Los abusos inmobiliarios existen. Los desalojos arbitrarios también. Ninguna persona debería perder su hogar mediante amenazas o intimidaciones.

Pero legislar para corregir una injusticia no debería producir otra.

Pensemos en una jubilada que dedicó treinta años a pagar un pequeño departamento. Hoy lo renta para complementar una pensión insuficiente. No pertenece a ningún cártel inmobiliario. No especula con edificios enteros. Simplemente administra el patrimonio que consiguió trabajando.

¿Qué sucederá si las nuevas obligaciones, restricciones y sanciones hacen que prefiera retirar su propiedad del mercado?

Habrá una vivienda menos.

Y si otros propietarios toman decisiones semejantes, quienes terminarán compitiendo por los departamentos disponibles serán precisamente aquellos que la ley pretende proteger.

No es una consecuencia demostrada ni inevitable. Es un riesgo que el Congreso tiene la obligación de evaluar.

Porque una cosa es regular los abusos y otra, muy distinta, pretender administrar la escasez.

El problema tiene dimensiones profundas. Según el INEGI, en 2024 el ingreso promedio de los hogares urbanos capitalinos rondaba los 37 mil pesos mensuales. Un promedio que, además, oculta enormes desigualdades.

¿Cuánto debe ganar una familia para vivir cerca de su trabajo? ¿Cuánto tiempo de su vida debe sacrificar transportándose? ¿En qué momento tener una habitación propia dejó de ser una aspiración razonable?

Esas preguntas no se resuelven únicamente vigilando contratos.

Se resuelven construyendo vivienda, mejorando el transporte, acercando servicios y generando condiciones para que la ciudad pueda alojar a quienes la mantienen funcionando.

Brugada también promete ampliar la vivienda asequible. Bien. Pero esa debería ser una prioridad medible, no una promesa subordinada al entusiasmo por imponer nuevas reglas.

El gobierno también debe rendir cuentas

Hay otra contradicción.

Desde 2024 existen disposiciones para limitar incrementos de renta y registrar contratos. Antes de anunciar nuevas sanciones, sería conveniente conocer los resultados de las anteriores.

¿Cuántas familias se beneficiaron? ¿Cuántos abusos fueron sancionados? ¿Qué funcionó y qué fracasó?

El gobierno exige transparencia a los particulares, pero todavía debe ofrecer respuestas convincentes sobre la eficacia de sus propias medidas.

Y mientras tanto, el verdadero debate corre el riesgo de perderse entre consignas: propietarios contra inquilinos, mercado contra Estado, ricos contra pobres.

Una discusión tan cómoda para los políticos como inútil para quienes necesitan vivienda.

La propiedad privada merece certeza jurídica. Los inquilinos merecen protección. Y ambos necesitan un gobierno capaz de entender que sus derechos no son necesariamente enemigos.

La iniciativa todavía puede corregirse. Sería deseable que el Congreso escuchara más evidencia y menos discursos.

Porque el desafío no consiste en decidir quién tiene la culpa de que vivir en la capital resulte tan caro.

Consiste en reconocer quién tiene la responsabilidad de hacerla habitable.

Una ciudad no se vuelve más justa cuando el gobierno decide cuánto debe costar vivir en ella, sino cuando consigue que vivir en ella deje de ser un privilegio.