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Política

Duarte dio contratos a más de 600 empresas fantasma: ex contralor

El ex Contralor General del Estado, Iván López Fernández, afirmó que no son 27, sino alrededor de 600 empresas fantasma a las que se les otorgaron contratos del gobierno del estado, de las cuales ya tenía conocimiento el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz (Orfis) desde el 2013.
Al acudir a la comparecencia de Ricardo García Guzmán, donde este reveló dos denuncias por un desfalco de mil 63 millones de pesos y en las que López Fernández es uno de los denunciados, aseveró que todos los funcionarios de alto nivel sabían de la existencia de dichas empresas fachada, incluso el entonces gobernador Javier Duarte.

«Están avisados, todos estaban avisados, todos los que tienen que ser directamente responsables; todo mundo lo sabía», afirmó.

El ex contralor dijo que tiene en su poder documentos que confirman que las cientos de empresas fantasmas operaban desde el tiempo que fungió como tal, desde el inicio de la administración de Duarte de Ochoa, hasta octubre de 2013.

López Fernández acusó que la documentación que se ha dado a la Auditoría Superior de la Federación para comprobaciones por ese caso, es falsa y lo sabe la propia ASF.

Dijo desconocer si ya funcionaban desde la administración de Fidel Herrera Beltrán, pues no se puede hacer revisiones hacia atrás, ya que van por año calendario.

La denuncia pública del ex contralor surgió tras una presunta extorsión que le quiso hacer el coordinador de asesores del Contralor, Miguel Ángel Gómez Malagón, para frenar la denuncia en su contra, por lo que procederá penalmente contra ambos.

El ex servidor público mencionó que decidió estar presente para escuchar “las mentiras” del funcionario estatal, quien lo denunció por supuestamente auditar recursos federales desviados “cuando a mí no me correspondía revisar ese dinero”.

«No son 27, ni 123 empresas fantasmas, son más de 600 empresas fantasmas, de las que todo mundo tenía conocimiento”, añadió.

 

Publimetro

Política

Protege Congreso a víctimas de violencia contra amenazas de exposición en redes sociales

Protege Congreso a víctimas de violencia contra amenazas de exposición en redes sociales

Se busca eliminar el chantaje digital y evitar que las amenazas en redes sociales inhiban las denuncias

Chihuahua.- El Congreso del Estado reformó la Ley Estatal del Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con la finalidad de fortalecer la protección de mujeres, adolescentes y niñas víctimas de violencia digital, que permitirá ordenar de manera inmediata la prohibición de difundir contenido que pueda identificarlas sin su consentimiento.

La diputada Joceline Vega Vargas, integrante de la Comisión de Feminicidios, señaló que la reforma adiciona una fracción VIII al artículo 12-d, con el que se amplía el catálogo de órdenes de protección preventivas y brinda herramientas específicas frente a amenazas que pueden presentarse en el entorno digital.

Con la adecuación realizada, las autoridades competentes podrán establecer como medida de protección la prohibición expresa al agresor de publicar, difundir o compartir, por cualquier medio físico o digital, imágenes, audios, videos, datos personales o cualquier contenido que haga identificable a la víctima sin su consentimiento.

Dentro de la exposición, la diputada señaló que la violencia digital constituye una forma de agresión que afecta de manera importante a mujeres y niñas, y puede manifestarse mediante prácticas como el ciberbullying, stalking, grooming, doxing, shaming y la suplantación de identidad.

Por último, resaltó que hay ocasiones en donde las víctimas deciden denunciar y pueden enfrentarse a amenazas sobre publicar información, fotografías o videos que permitan identificarlas, utilizando el temor a la exposición pública, el daño a su imagen o el escarnio como mecanismos de presión para que desistan de continuar con los procesos legales, por ello, con la reforma realizada se brindará protección no solo en el ámbito físico, sino también de manera expresa el entorno digital, donde una amenaza puede propagarse rápidamente y generar consecuencias personales, familiares, sociales y profesionales para las víctimas.

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