En la página oficial de Facebook, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad se publicó un mensaje donde aseguran que de haber una impugnación por parte del gobierno estatal saliente, se defenderá la resolución del juez de distrito.

El juez Primero de Distrito en Chihuahua admitió la demanda el pasado 28 de julio, reconoció el interés legítimo de DILE para pedir la suspensión y ordenó al Congreso y al gobernador “no se efectúe la contratación de financiamientos, incluyendo la emisión de valores en los que participe Fibra Estatal Chihuahua, S A de CV de forma directa o indirecta y/o cualquier otra figura similar o análoga (los ‘financiamientos de la monetización’)”.

«El endeudamiento per cápita en México es de $4,486 mientras que cada chihuahuense debe $ 12,000. Por ello se necesita parar el endeudamiento del gobierno de César Duarte» -María Amparo Casar

María Amparo Casar, presidente ejecutiva de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, destacó: “De acuerdo a datos del INEGI, la media nacional de endeudamiento per cápita es de cuatro mil 486, mientras que cada chihuahuense debe 12 mil. Por ello es fundamental parar el excesivo endeudamiento del gobierno de César Duarte a unos meses de dejar la administración estatal”.

En el comunicado indican que la suspensión provisional a favor de DILE es una decisión que cumple con la necesidad de rendición de cuentas en el ejercicio de las finanzas públicas y en los endeudamientos de los estados. “Defenderemos la resolución del juez de Distrito en caso de que sea impugnada por las autoridades de Chihuahua. De tener éxito en nuestra estrategia legal, ayudaríamos a detener el crecimiento de la deuda –sin motivo justificado aparente– de cada chihuahuense”.

¿Quiénes son Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad?

Es una asociación civil sin fines de lucro comprometida con la consolidación del Estado de Derecho en México a través una agenda integral dedicada a prevenir, denunciar, sancionar y erradicar la corrupción e impunidad sistémicas que prevalecen en los sistemas público y privado de nuestro país.

Su objetivo es Promover un cambio estructural y comprehensivo que reduzca sensiblemente la corrupción y la impunidad, mediante la cuantificación y difusión de sus costos, la exhibición, la denuncia y el litigio de las prácticas de corrupción y la movilización de los ciudadanos rumbo al objetivo de consolidar el Estado de Derecho en México.