La Cámara de Diputados aprobó en lo general la reforma a la Ley de Inversión Extranjera, que busca fortalecer el control sobre las inversiones extranjeras en México. Con 314 votos a favor, 117 en contra y cero abstenciones, el dictamen incorpora a los titulares de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) en la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras, otorgándoles voz y voto en las decisiones relacionadas con la seguridad nacional.

La reforma establece mecanismos institucionales y procedimientos administrativos para identificar, evaluar y mitigar riesgos que ciertas operaciones de inversión extranjera puedan representar para la seguridad del país. En sesiones que aborden temas de seguridad nacional, se invitará de manera permanente a los titulares de la Fiscalía General de la República, del Centro Nacional de Inteligencia, del Servicio de Administración Tributaria y de la Unidad de Inteligencia Financiera, quienes tendrán voz, pero no voto.

La Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras deberá resolver las solicitudes en un plazo máximo de 45 días hábiles a partir de su presentación. Además, se requiere que la comisión presente un informe semestral sobre su gestión en materia de seguridad nacional y comparezca ante las comisiones que la convoquen.

La reforma, que deriva de una iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum, introduce un nuevo Título Sexto Bis “De la Seguridad Nacional en las Inversiones Extranjeras”, que establece que cualquier inversión extranjera que busque participar con más del 49% del capital social de una sociedad mexicana, cuyo valor total de activos supere un umbral determinado por la comisión, deberá contar con una resolución favorable.

Las áreas críticas que se consideran bajo este nuevo marco incluyen infraestructuras estratégicas, tecnologías críticas, suministro de insumos fundamentales y acceso a información sensible. En caso de que el valor total de los activos no supere el umbral, pero la participación extranjera sea superior al 49%, la presentación de la solicitud será voluntaria.

La solicitud de autorización deberá ser presentada conjuntamente por la sociedad mexicana y el inversionista extranjero ante la Secretaría Técnica de la comisión. La comisión evaluará los riesgos a la seguridad nacional y podrá declarar viable la adquisición, solicitar modificaciones para mitigar riesgos o impedir la adquisición por razones de seguridad nacional.

El dictamen también establece sanciones para las sociedades mexicanas que transfieran acciones a inversionistas extranjeros sin la autorización correspondiente, con multas que oscilan entre 5,000 y 200,000 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. Los asuntos en trámite antes de la entrada en vigor del decreto se atenderán conforme a las disposiciones vigentes en ese momento.