El grupo terrorista palestino Hamas afirmó el jueves haber disparado un potente cohete de un alcance de 250 kilómetros hacia el aeropuerto Ramon, cercano a la ciudad de Eilat (sur de Israel), al que se estaban desviando los vuelos con destino Tel Aviv por razones de seguridad.
Un portavoz del brazo armado de Hamas, las brigadas Al-Qassam, anunció el lanzamiento de un cohete Ayyash y pidió a las “aerolíneas internacionales que suspendan inmediatamente todos sus vuelos” con destino Israel.
Unos 200 kilómetros separan el aeropuerto de Ramón de la Franja de Gaza.
“Le decimos al enemigo: sus aeropuertos y todos los puntos desde el norte de Palestina hasta el sur están al alcance de nuestros cohetes”, dijo Abu Obeida, portavoz del brazo armado de la organización.
El cohete se llama Ayyash 250 en honor al famoso experto en terror Yahya Ayyash, un terrorista abatido en 1996 y que era el principal fabricante de bombas de Hamas.
Abu Obeida calificó el lanzamiento de cohetes como parte de la respuesta de lasBrigadas Al-Qassamal asesinato de sus altos mandos este miércoles.
Las milicias islamistas de Hamas y la Yihad Islámica lanzaron 1.600 cohetes desde la Franja de Gaza hacia Israel desde el inicio de la escalada, de los que el 90% fueron interceptados por el sistema antimisiles Cúpula de Hierro, informó el Ejército de Israel.
Del total de proyectiles lanzados desde el lunes a las 3.00 GMT, incluidos los de esta noche, 400 fueron fallidos y cayeron en la misma franja. A su vez, las fuerzas armadas atacaron más de 600 objetivos del enclave, según concretaron hoy en un comunicado.
El jueves temprano, la autoridad de aviación civil de Israel dijo que había desviado todos los vuelos de pasajeros entrantes que se dirigían al aeropuerto Ben Gurion de Tel Aviv al aeropuerto de Ramon, ya que las advertencias de ataque aéreo una vez más se dispararon en todo Israel.
Mientras tanto, los transportistas internacionales cancelaban vuelos a Israel.
Portavoces de United Airlines y American Airlines dijeron a la AFP que sus vuelos desde Estados Unidos a Israel habían sido cancelados “hasta el 15 de mayo”.
En Gaza, se informó que 83 personas murieron desde el lunes, y siete en el lado israelí.
Un juez mexicano ordenó el pago de indemnizaciones tras el accidente aéreo ocurrido en 2018 en Cuba, donde murieron 112 personas, al determinar que el siniestro estuvo relacionado con fallas en el mantenimiento de la aeronave.
De acuerdo con documentos judiciales fechados el 31 de marzo y consultados por The Washington Post a través de la Agencia AP, un peritaje independiente concluyó que el hecho fue un “accidente institucional” derivado de negligencia sistemática en los trabajos de mantenimiento, señalando que el avión no debió despegar.
Con base en estos hallazgos, el juez resolvió que la empresa Aerolíneas Damojh, que operaba bajo el nombre comercial Global Air, deberá pagar 1.5 millones de dólares a cada una de las familias de los cuatro tripulantes mexicanos que promovieron la demanda inicial. La aerolínea no se presentó al juicio, por lo que fue sentenciada en ausencia.
El accidente involucró un Boeing 737 que se desplomó en un campo agrícola poco después de despegar del Aeropuerto Internacional José Martí. De las 113 personas a bordo, solo una mujer sobrevivió, mientras que la mayoría de las víctimas eran de nacionalidad cubana.
El informe pericial citado establece que los pilotos fueron la última línea de defensa, sin lograr evitar el impacto. Asimismo, señala que la causa principal fue la falta de mantenimiento adecuado por parte de la empresa propietaria.
El abogado de los demandantes, Samuel González, afirmó que desde el primer día en La Habana, el jefe de mantenimiento de la compañía reconoció ante los familiares que la aeronave no debía estar en operación.
La sentencia también identificó omisiones en los protocolos y deficiencias en la supervisión, factores que derivaron en el accidente y en la apertura de procesos legales por homicidio y demandas colectivas.
Mientras en Cuba las autoridades atribuyeron el hecho a error humano, en México se suspendió temporalmente a la empresa y se inició una investigación, sin que hasta el momento se haya informado su avance.
El litigio continúa, ya que se mantiene una demanda civil colectiva en representación de las víctimas, además de una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República. Según la defensa, la investigación enfrenta obstáculos debido a la falta de información por parte de autoridades cubanas.
