Un gran paso en un largo camino que queda por recorrer se dio ayer en Ciudad Juárez, donde cinco hombres fueron sentenciados por trata de personas y el homicidio agravado (aunque debió ser feminicidio) de al menos 11 jovencitas encontradas muertas en el arroyo del Navajo, en el Valle de Juárez, mientras que un sexto sujeto fue absuelto por falta de pruebas, aunque se espera que la Fiscalía impugne su absolución.

El proceso no fue fácil, pues esta red de torturadores y asesinos de jovencitas es parte de una amplia red que involucra a policías municipales, estatales y federales, militares, jefes penitenciarios, funcionarios de varias administraciones y por supuesto grupos criminales, quienes se unieron para compartir sadismo y ganancias del comercio de cuerpos ajenos.

Por poco y no lo logran, pero por fin las juezas Catalina Ruiz Pacheco, Emma Terán Murillo y Mirna Luz Rocha Pineda establecieron la culpabilidad de César Félix Romero Esparza, Edgar Jesús  Regalado Villa, Manuel Vital Anguiano, Jesús Hernández Martínez y José Antonio Contreras Terrazas, de acuerdo con el juicio 267/14, mientras  que José Gerardo Puentes Alva saldría libre hasta que una segunda instancia revise su caso.

Tuvieron que ser las mismas madres quienes, exponiendo su vida y la de su familia, obtuvieron pruebas e información utilísima para el esclarecimiento del caso, aunque también fue importante la aportación de peritos, antropólogos forenses y policías ministeriales.

Las jóvenes desaparecidas y encontradas en el Valle de Juárez son Jazmín Salazar Ponce, Lizbeth Avilés García, Mónica Liliana Delgado Castillo, Beatriz Alejandra Hernández Trejo, Jessica Terrazas Ortega, Deysi Ramírez Muñoz, María Guadalupe Pérez Montes, Perla Ivonne Aguirre González, Idalí Juache Laguna, Jesica Leticia Peña García y Andrea Guerrero Venzor.

Con esto se da un paso más en una problemática que causa dolor, vergüenza y escándalo desde la administración de Patricio Martínez, a la fecha, en la que se entretejen los intereses de grupos criminales que utilizan a seres humanos inocentes como mercancía desechable, autoridades que los protegen y una alta dosis de sadismo que sugiere que estas jovencitas fueron utilizadas para satisfacer fantasías enfermas o incluso grabar videos grotescos con sus muertes para el mercado negro de Estados Unidos y otros países, dada la extrema crueldad con la que fueron lentamente mutiladas y asesinadas.

Así, se necesitaron más de 200 testigos (más muchos que faltaron por desidia o miedo) para hundir a cinco verdugos de poca monta. Lo que interesa ahora saber es por qué las autoridades y cuerpos de seguridad protegieron a estas bestias y, sobre todo, quiénes son, pues a pesar de lo atroz del caso es la primera vez que el caso llega a cárcel. ¿Se llegará hasta los jefes y protectores de estos chacales? Será difícil, pero las madres de familia están dispuestas a todo por lograrlo, y podría hacerse si cuentan con el apoyo de la sociedad.

Norma Ledezma Ortega, coordinadora de Justicia para Nuestras Hijas, dijo que “el reto ahora es que la Fiscalía continúe inmediata e ininterrumpidamente la investigación, para abrir carpetas de otras víctimas encontradas, hacia todos los servidores públicos que pudieran estar involucrados; otra deuda es encontrar a las jóvenes que aún están desaparecidas por la empresa delincuencial como ahora le llaman, hay que encontrar la punta de esta cadena”, indicó.

Y en otro caso de violencia solapada y ejercida por integrantes del estado mexicano, un nuevo capítulo tiñó de sangre la historia de nuestro país ya que ayer el Ejército Mexicano abrió fuego contra manifestantes de la comunidad de Ostula, en Michoacán, matando a un niño de 12 años e hiriendo a cuando menos otros dos pequeños, así como a varios adultos.

Todo se trató de un operativo ilegal, como los que suele hacer el ejército, para detener al comandante de las fuerzas rurales, Semeí Verdía, así como a su gente, en un intento por contener a las autodefensas, esas que organizaron al pueblo para luchar contra los criminales que los sometían y violentaban un día sí y el otro también.

El Estado quiere mantener el monopolio de la fuerza, y es legítimo, pero el problema es que se lo disputa con mayor ferocidad a los ciudadanos hartos de crímenes e injusticias que a los delincuentes que, en la mayoría de los casos, cuentan con la total protección de las autoridades, es decir, tenemos autoridades más interesadas en aliarse con los malandros que con los ciudadanos.

Para rematar la jornada de sangre fueron masacradas 11 personas en San Dimas, Durango, en la zona del ‘triángulo dorado’ que controla al 100% el crimen para producir, procesar y movilizar droga a su antojo, una muestra de violencia que podría repercutir en Chihuahua.

Pero ya pasando a temas grilleriles, quienes traen conflictos comparables a los de los cárteles son los grupos Balleza y Delicias dentro del PRI, quienes al fin se están poniendo los guantes en un tiro que se había cantado desde antes de que comenzara la actual administración.